La Universidad Pontificia Bolivariana e Interlat Group ofrecerán del Septiembre 11 a Octubre 3 de 2009 en Bogotá en curso "Ebusiness para Gerentes Propietarios Pymes".
Este es un curso de nivel básico para la creación, desarrollo y ejecución de proyectos de negocios en Internet, basado en experiencias reales y casos prácticos, en el cual los empresarios Pymes podrán aprender las principales herramientas para crear y administrar su proyecto de negocios de manera electrónica.
Durante el curso, que se dictará en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, por Luis Carlos Chaquea, se presentarán las posibilidades que ofrece la Internet para dar a conocer los sitios web, como el posicionamiento en los motores de búsqueda y la publicidad por medio de Adwords, el sistema de Google para promocionar productos o servicios. Así mismo se reseñarán los diferentes aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta y el manejo de los riesgos involucrados al aceptar pagos electrónicos a través de Internet.
Una buena oportunidad para emprendedores y Pymes interesados en conocer el importante papel de las tecnologías de la información e implementarlo en sus empresas.
jueves, 3 de septiembre de 2009
lunes, 31 de agosto de 2009
Oportunidad perdida
El período más boyante para la economía colombiana en los últimos 40 años no se aprovechó para lograr una reducción más significativa de la pobreza y de la desigualdad. ¿Qué pasó?.
En SEMANA.COM
Sábado 29 Agosto 2009
pasada se divulgaron las últimas cifras de pobreza y desigualdad en Colombia y nadie quedó contento con los datos. Que el número de pobres del país disminuya en 7 puntos en los últimos seis años, en teoría debería ser una buena noticia, pero la verdad es que después del auge económico que se vivió entre 2003 y 2007, cuando la economía disfrutó su cuarto de hora de los últimos 40 años, todos esperaban un mejor resultado.
Ciertamente, bajar del 53,7 al 46 por ciento el indicador de pobreza no es una victoria despreciable, pero estuvo por debajo de las expectativas que tenía hasta el propio presidente Uribe. En 2006, en un acto conmemorativo del día internacional para la erradicación de la pobreza, el mandatario afirmó "créanme que durante los 46 meses restantes de mi gobierno la pobreza disminuirá al 35 por ciento". La proyección de Uribe superaba la de Planeación que preveía para 2010 una pobreza del 39 por ciento.
Y esto no es lo más preocupante. Las cifras muestran que la indigencia, es decir, los colombianos que viven en extrema pobreza, aumentó 2 puntos (del 15,7 al 17,8 por ciento) en los últimos tres años. Eso quiere decir que hoy ocho millones de colombianos a quienes su ingreso no les alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos (la referencia es una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a los 450.000 pesos).
Como si fuera poco, la desigualdad o distribución del ingreso se estancó y la brecha entre el campo y la ciudad se sigue ampliando de manera escandalosa.
En medio de todo, la buena noticia es que por fin Colombia vuelve a tener indicadores sociales de pobreza e indigencia. Desde cuando el presidente Uribe comenzó su segundo mandato, en 2006, no se actualizaban estas cifras y este vacío estadístico generó mucha controversia entre analistas y críticos del gobierno. En primer lugar, porque sin estos datos no ha sido posible evaluar si la política social del gobierno ha tenido tanto éxito como la de seguridad democrática. Y en segundo lugar porque sin cifras confiables se hace imposible diseñar estrategias que tengan un real impacto sobre esta población.
En una primera mirada a los indicadores que fueron actualizados por expertos independientes convocados por el Dane y Planeación, varios analistas concluyen que en materia social a la administración Uribe no le ha ido tan bien. Al ritmo con que está cayendo la pobreza, cumplir con el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio parece un sueño. El país debería llegar a 2015 con un índice de pobreza de 28 por ciento y la indigencia de 8,8 por ciento.
Para Hugo López, gerente del Banco de la República seccional Medellín y un gran conocedor del tema laboral y de la pobreza, las cifras develaron tres gravísimos problemas: uno, que no se ha logrado reducir más la pobreza extrema. Lo segundo tiene que ver con la pobreza rural, que sigue muy alta. Mientras en las ciudades el 40 por ciento es pobre, en el campo esa cifra se eleva al 65 por ciento. Y tercero, los indicadores de distribución del ingreso no mejoran, lo que deja a Colombia en el top de los países del continente con mayor desigualdad. En 2002, el coeficiente de Gini (índice de concentración de la riqueza) estaba en 0,59 y de allí no se ha movido.
Para Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) y quien hizo parte de la misión de expertos que actualizó las cifras, es desconcertante la brecha entre lo urbano y rural. Mientras centros como Bogotá, Medellín o Cali muestran algo de avance, en el campo se agudiza la desigualdad. Según González, esto es consecuencia de la mala política del gobierno hacia el sector campesino y la ausencia de alternativas de empleo.
No es fácil entender cómo después de cuatro años creciendo en promedio por encima del 5 por ciento, la desigualdad persiste. César Caballero, coordinador del Proyecto de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, tiene una explicación. "Los beneficios de la bonanza que tuvimos en los últimos años se quedaron en manos de los más ricos, agudizando la iniquidad. No fuimos capaces de romper esta estructura".
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, se presenta en otros países. El ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry afirma que en los períodos de auge económico, cuando las empresas crecen, llega la inversión extranjera y hay más oportunidades laborales, la población que tiene mayor educación es la que disfruta de los beneficios. Los pobres que no tienen grado de educación suelen quedar rezagados.
¿Y familias en acción?
Ahora bien, si se tiene en cuenta que ya terminó el ciclo de expansión económica y que se entró en el bajo, ¿qué se puede esperar hacia futuro en materia social? El panorama no es muy alentador. El gobierno estima que entre 2009 y 2014 la economía crecerá en promedio 3,3 por ciento.
El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, advierte que no basta con períodos prolongados de crecimiento económicos, hay que focalizar el gasto hacia esa población más desprotegida.
A muchos les llama la atención que en 2008 la pobreza extrema subió 2 puntos, cuando el gobierno había intensificado el programa de Familias en Acción, que se orienta precisamente hacia los más pobres. Ya hay casi dos millones de beneficiarios.
El director de Planeación, Esteban Piedrahíta, asegura que este programa sí ha logrado ayudarle a la población en condición de indigencia y que esto ha sido complementado con la política de Red Juntos, que cree en que las familias venzan las trampas de la pobreza, a través de propuestas de desarrollo social integrado.
Nadie duda que estos programas ayuden, pero no son suficientes. Para el director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, el impacto del programa de Familias en Acción sobre los indigentes no puede ser muy grande, dice, por obvias razones. Las cifras lo indican: en pobreza extrema hay ocho millones y los beneficiarios del subsidio son una cuarta parte de este grupo y el ingreso que reciben es muy poco.
Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar a los pobres de la pobreza y evitar que nuevos caigan en esa trampa? Los expertos dicen que es una combinación de políticas. Por ejemplo, para Ramírez, es muy importante adelantar estrategias de largo plazo, como la educación. "Hay que tratar de que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Esta es la posibilidad más segura para superar la pobreza hacia futuro". Y el investigador Hugo López afirma que no basta con la estrategia de Familias en Acción, es indispensable un plan de choque en materia de empleo.
Las cifras de pobreza se conocen en un momento de ambiente político caldeado. Justo cuando arranca la carrera hacia la Presidencia de la República en 2010. Todos los candidatos, incluido el propio presidente Uribe, en la eventualidad de que se presente para un tercer cuatrienio, son conscientes de que si el tema militar no se roba el show, será la agenda social la que ocupe buena parte de la campaña. Para muchos este gobierno quedó en deuda con los más pobres.
Pero, como dice Ramírez, esto es un asunto que supera un gobierno y es de Estado, así ha sucedido en Chile, país que tiene la más baja tasa de pobreza de la región (14 por ciento) y espejo en donde todos quisieran mirarse. El tema es que así como se requieren pactos sociales entre todos los sectores para invertir en seguridad, también se necesitan para la protección de los más pobres.
En SEMANA.COM
Sábado 29 Agosto 2009
pasada se divulgaron las últimas cifras de pobreza y desigualdad en Colombia y nadie quedó contento con los datos. Que el número de pobres del país disminuya en 7 puntos en los últimos seis años, en teoría debería ser una buena noticia, pero la verdad es que después del auge económico que se vivió entre 2003 y 2007, cuando la economía disfrutó su cuarto de hora de los últimos 40 años, todos esperaban un mejor resultado.
Ciertamente, bajar del 53,7 al 46 por ciento el indicador de pobreza no es una victoria despreciable, pero estuvo por debajo de las expectativas que tenía hasta el propio presidente Uribe. En 2006, en un acto conmemorativo del día internacional para la erradicación de la pobreza, el mandatario afirmó "créanme que durante los 46 meses restantes de mi gobierno la pobreza disminuirá al 35 por ciento". La proyección de Uribe superaba la de Planeación que preveía para 2010 una pobreza del 39 por ciento.
Y esto no es lo más preocupante. Las cifras muestran que la indigencia, es decir, los colombianos que viven en extrema pobreza, aumentó 2 puntos (del 15,7 al 17,8 por ciento) en los últimos tres años. Eso quiere decir que hoy ocho millones de colombianos a quienes su ingreso no les alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos (la referencia es una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a los 450.000 pesos).
Como si fuera poco, la desigualdad o distribución del ingreso se estancó y la brecha entre el campo y la ciudad se sigue ampliando de manera escandalosa.
En medio de todo, la buena noticia es que por fin Colombia vuelve a tener indicadores sociales de pobreza e indigencia. Desde cuando el presidente Uribe comenzó su segundo mandato, en 2006, no se actualizaban estas cifras y este vacío estadístico generó mucha controversia entre analistas y críticos del gobierno. En primer lugar, porque sin estos datos no ha sido posible evaluar si la política social del gobierno ha tenido tanto éxito como la de seguridad democrática. Y en segundo lugar porque sin cifras confiables se hace imposible diseñar estrategias que tengan un real impacto sobre esta población.
En una primera mirada a los indicadores que fueron actualizados por expertos independientes convocados por el Dane y Planeación, varios analistas concluyen que en materia social a la administración Uribe no le ha ido tan bien. Al ritmo con que está cayendo la pobreza, cumplir con el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio parece un sueño. El país debería llegar a 2015 con un índice de pobreza de 28 por ciento y la indigencia de 8,8 por ciento.
Para Hugo López, gerente del Banco de la República seccional Medellín y un gran conocedor del tema laboral y de la pobreza, las cifras develaron tres gravísimos problemas: uno, que no se ha logrado reducir más la pobreza extrema. Lo segundo tiene que ver con la pobreza rural, que sigue muy alta. Mientras en las ciudades el 40 por ciento es pobre, en el campo esa cifra se eleva al 65 por ciento. Y tercero, los indicadores de distribución del ingreso no mejoran, lo que deja a Colombia en el top de los países del continente con mayor desigualdad. En 2002, el coeficiente de Gini (índice de concentración de la riqueza) estaba en 0,59 y de allí no se ha movido.
Para Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) y quien hizo parte de la misión de expertos que actualizó las cifras, es desconcertante la brecha entre lo urbano y rural. Mientras centros como Bogotá, Medellín o Cali muestran algo de avance, en el campo se agudiza la desigualdad. Según González, esto es consecuencia de la mala política del gobierno hacia el sector campesino y la ausencia de alternativas de empleo.
No es fácil entender cómo después de cuatro años creciendo en promedio por encima del 5 por ciento, la desigualdad persiste. César Caballero, coordinador del Proyecto de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, tiene una explicación. "Los beneficios de la bonanza que tuvimos en los últimos años se quedaron en manos de los más ricos, agudizando la iniquidad. No fuimos capaces de romper esta estructura".
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, se presenta en otros países. El ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry afirma que en los períodos de auge económico, cuando las empresas crecen, llega la inversión extranjera y hay más oportunidades laborales, la población que tiene mayor educación es la que disfruta de los beneficios. Los pobres que no tienen grado de educación suelen quedar rezagados.
¿Y familias en acción?
Ahora bien, si se tiene en cuenta que ya terminó el ciclo de expansión económica y que se entró en el bajo, ¿qué se puede esperar hacia futuro en materia social? El panorama no es muy alentador. El gobierno estima que entre 2009 y 2014 la economía crecerá en promedio 3,3 por ciento.
El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, advierte que no basta con períodos prolongados de crecimiento económicos, hay que focalizar el gasto hacia esa población más desprotegida.
A muchos les llama la atención que en 2008 la pobreza extrema subió 2 puntos, cuando el gobierno había intensificado el programa de Familias en Acción, que se orienta precisamente hacia los más pobres. Ya hay casi dos millones de beneficiarios.
El director de Planeación, Esteban Piedrahíta, asegura que este programa sí ha logrado ayudarle a la población en condición de indigencia y que esto ha sido complementado con la política de Red Juntos, que cree en que las familias venzan las trampas de la pobreza, a través de propuestas de desarrollo social integrado.
Nadie duda que estos programas ayuden, pero no son suficientes. Para el director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, el impacto del programa de Familias en Acción sobre los indigentes no puede ser muy grande, dice, por obvias razones. Las cifras lo indican: en pobreza extrema hay ocho millones y los beneficiarios del subsidio son una cuarta parte de este grupo y el ingreso que reciben es muy poco.
Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar a los pobres de la pobreza y evitar que nuevos caigan en esa trampa? Los expertos dicen que es una combinación de políticas. Por ejemplo, para Ramírez, es muy importante adelantar estrategias de largo plazo, como la educación. "Hay que tratar de que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Esta es la posibilidad más segura para superar la pobreza hacia futuro". Y el investigador Hugo López afirma que no basta con la estrategia de Familias en Acción, es indispensable un plan de choque en materia de empleo.
Las cifras de pobreza se conocen en un momento de ambiente político caldeado. Justo cuando arranca la carrera hacia la Presidencia de la República en 2010. Todos los candidatos, incluido el propio presidente Uribe, en la eventualidad de que se presente para un tercer cuatrienio, son conscientes de que si el tema militar no se roba el show, será la agenda social la que ocupe buena parte de la campaña. Para muchos este gobierno quedó en deuda con los más pobres.
Pero, como dice Ramírez, esto es un asunto que supera un gobierno y es de Estado, así ha sucedido en Chile, país que tiene la más baja tasa de pobreza de la región (14 por ciento) y espejo en donde todos quisieran mirarse. El tema es que así como se requieren pactos sociales entre todos los sectores para invertir en seguridad, también se necesitan para la protección de los más pobres.
Seguridad y... la desigualdad??
De acuerdo con informe sobre pobreza e indigencia
La desigualdad no cede
Por: ElEspectador.com
El Gobierno es optimista en que los índices mejoren en 2009. Analista advierte que la administración de Álvaro Uribe es “pro ricos”.
La indigencia en el país llegó al 17,8% en 2008, lo que corresponde a 7,9 millones de habitantes. La cifra cayó a 15,7% de la población en 2006.
Más allá del debate que se armó en el país tras conocerse las cifras sobre pobreza e indigencia, uno de los datos más preocupantes del informe revelado por el Departamento Nacional de Planeación y el DANE es la distribución de la riqueza en Colombia.
De acuerdo con el estudio, el coeficiente Gini para el país en 2008 fue de 0,59, una cifra similar a la registrada en 2002 y mayor a la que se presentó en 2003, 2004 y 2005, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que durante estos años la economía de Colombia creció, en promedio, 4,4%. Cabe destacar que debido al cambio de metodología que se hizo para medir diversas variables, estos datos no se registraron en 2006 y 2007.
Para analistas como Mauricio Cabrera, el Gini de 0,59 es el mejor reflejo del tipo de política económica que ha manejado la administración del presidente Álvaro Uribe. “En un estudio de la Cepal se muestra que todos los países de América Latina disminuyeron el coeficiente Gini, es decir que bajaron la desigualdad. Colombia fue el único país de la región que lo aumentó y esto es muy grave; lo que demuestra es que el modelo de desarrollo del presidente Uribe es pro rico”, explicó.
Por su parte, el Gobierno advierte que el incremento de la indigencia y del índice Gini, partiendo desde 2003, se explica, en buena parte, por la inflación que registraron los alimentos. “Entre 2005 y 2008, el cálculo que se ha hecho es que el 80% del aumento de la indigencia se atribuye al incremento en el precio de los alimentos. El año pasado la inflación de los alimentos fue del 14% y esto afecta principalmente a los sectores menos favorecidos. Para 2009 esperamos que tanto el Gini y la indigencia caigan porque la inflación de los alimentos se ha comportado bien, incluso es negativa”, manifestó Mauricio Ramírez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación.
El funcionario agregó que las políticas de salud y educación universales deberán redundar en una disminución de los índices de pobreza, indigencia y, sobre todo, de la mala distribución de la riqueza.
Tanto analistas como el Gobierno coinciden en afirmar que el problema de la distribución de ingresos ha sido estructural en América Latina, lo que la convierte en la región más inequitativa del mundo, por encima, incluso, de zonas más pobres como África.
Cómo se mide la desigualdad
Aunque existen varios indicadores para medir la desigualdad en los ingresos, el más usado es el Gini.
Este fue creado por el estadígrafo y demógrafo italiano Corrado Gini y se ubica entre 0 y 1, siendo el cero la distribución ideal y el uno la desigualdad perfecta.
Otros indicadores usados para medir la iniquidad son el índice de Atkinson, de Theil y de Hoover.
La desigualdad no cede
Por: ElEspectador.com
El Gobierno es optimista en que los índices mejoren en 2009. Analista advierte que la administración de Álvaro Uribe es “pro ricos”.
La indigencia en el país llegó al 17,8% en 2008, lo que corresponde a 7,9 millones de habitantes. La cifra cayó a 15,7% de la población en 2006.
Más allá del debate que se armó en el país tras conocerse las cifras sobre pobreza e indigencia, uno de los datos más preocupantes del informe revelado por el Departamento Nacional de Planeación y el DANE es la distribución de la riqueza en Colombia.
De acuerdo con el estudio, el coeficiente Gini para el país en 2008 fue de 0,59, una cifra similar a la registrada en 2002 y mayor a la que se presentó en 2003, 2004 y 2005, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que durante estos años la economía de Colombia creció, en promedio, 4,4%. Cabe destacar que debido al cambio de metodología que se hizo para medir diversas variables, estos datos no se registraron en 2006 y 2007.
Para analistas como Mauricio Cabrera, el Gini de 0,59 es el mejor reflejo del tipo de política económica que ha manejado la administración del presidente Álvaro Uribe. “En un estudio de la Cepal se muestra que todos los países de América Latina disminuyeron el coeficiente Gini, es decir que bajaron la desigualdad. Colombia fue el único país de la región que lo aumentó y esto es muy grave; lo que demuestra es que el modelo de desarrollo del presidente Uribe es pro rico”, explicó.
Por su parte, el Gobierno advierte que el incremento de la indigencia y del índice Gini, partiendo desde 2003, se explica, en buena parte, por la inflación que registraron los alimentos. “Entre 2005 y 2008, el cálculo que se ha hecho es que el 80% del aumento de la indigencia se atribuye al incremento en el precio de los alimentos. El año pasado la inflación de los alimentos fue del 14% y esto afecta principalmente a los sectores menos favorecidos. Para 2009 esperamos que tanto el Gini y la indigencia caigan porque la inflación de los alimentos se ha comportado bien, incluso es negativa”, manifestó Mauricio Ramírez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación.
El funcionario agregó que las políticas de salud y educación universales deberán redundar en una disminución de los índices de pobreza, indigencia y, sobre todo, de la mala distribución de la riqueza.
Tanto analistas como el Gobierno coinciden en afirmar que el problema de la distribución de ingresos ha sido estructural en América Latina, lo que la convierte en la región más inequitativa del mundo, por encima, incluso, de zonas más pobres como África.
Cómo se mide la desigualdad
Aunque existen varios indicadores para medir la desigualdad en los ingresos, el más usado es el Gini.
Este fue creado por el estadígrafo y demógrafo italiano Corrado Gini y se ubica entre 0 y 1, siendo el cero la distribución ideal y el uno la desigualdad perfecta.
Otros indicadores usados para medir la iniquidad son el índice de Atkinson, de Theil y de Hoover.
lunes, 20 de julio de 2009
Texto completo del discurso del Presidente Uribe en el Congreso
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ, EN LA CEREMONIA DE INSTALACIÓN DEL CONGRESO
Julio 20 de 2009
Honorables Senadores y Representantes:
Confianza
Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social.
Seguridad
La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación en las coberturas sociales.
Aun no estamos en un punto irreversible en el rescate de la seguridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias políticas.
La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra "paramilitar" se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.
En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio.
Se ha reversado la tendencia de los ciudadanos a buscar resolver el problema de seguridad por cuenta propia, ya se acude crecientemente a la fuerza pública, la comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse, a donde acudir, a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas por recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.
Reparación total no se da, sin embargo, estos esfuerzos anulan gérmenes de venganza y odio. Nos hemos propuesto esforzarnos, a pesar de las restricciones fiscales, sin comprometernos en cuantías impagables. Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al frágil pecunio del policía o soldado.
La mínima exigencia de las víctimas es que no se repitan las acciones violentas, la garantía de este derecho reposa en la permanencia firme y sostenida de la Seguridad Democrática.
Valioso intangible de nuestra seguridad es su discurrir por el camino de la legislación ordinaria contrario a las normas marciales. Se ha adelantado con respeto a las libertades, las garantías civiles, los derechos políticos. Esto honra a nuestra democracia que ha enfrentado un terrorismo que se sentía victorioso y ha sido excesivamente rico por el narcotráfico.
La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados. Éstos se buscan con más empeño cuando se tiene la tranquilidad de conciencia derivada de proceder con observancia de los derechos humanos, cuyas violaciones se sancionan sin vacilación.
La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.
Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con frecuencia el Ministro de Defensa, los Altos Mandos y el Presidente de la República acuden a audiencias en televisión para recibir y responder por las quejas de los ciudadanos en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas.
Reinserción
El énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización y acoger la reinserción. Más de 50 mil integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como desmovilizados, suma que no incluye a aquellos simplemente sometidos a la justicia. El número de desmovilizados supera en más de tres veces a los dados de baja.
El programa de reinserción es enorme. El promedio mes es de 11 mil que estudian primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2 mil en alfabetización. En 2008 más de 7 mil acudieron a formarse en el SENA. Al adicionar las familias el total de beneficiarios promedia en 120 mil. En el campo laboral contamos con 16 mil en trabajos estables, pero 70% en actividades informales.
Desplazados
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Éstos se mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros, al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.
Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.
El presupuesto de atención a desplazados ha aumentado en más de 10 veces. El 85% está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Al programa Familias en Acción han ingresado 340 mil familias desplazadas. En educación también es notorio el avance.
No obstante que 700 mil personas han regresado a sus sitios de origen, aun se les considera desplazados por no haber superado la pobreza. El atraso se da en vivienda y en recuperación y acceso a la tierra. De los 80 mil subsidios adjudicados 45 mil cuentan con vivienda efectiva. Cada año se entregan 30 mil subsidios adicionales.
Bajo la conducción del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, ha sido instalada la primera de las doce comisiones de restitución de bienes.
Existen varias preocupaciones sobre el alcance del programa de atención a desplazados; por ejemplo, en 2008, entre los registrados aparecen 150 mil personas que alegan desplazamientos sucedidos en el período de 1951 a 1987.
Confianza Inversionista
Nuestro País necesita una tasa elevada y sostenida de inversión. Ésta ha pasado del 14% del PIB a porcentajes entre el 24% y el 28%. Aun en medio de las dificultades de la economía, en el primer trimestre se situó en 25% del PIB. La inversión extranjera directa ha crecido de picos de 2 mil millones de dólares anuales a cifras de 8 mil, 9 mil 28, 10 mil 564. A cierre de junio acumulaba 4 mil 149, con un 11.9% de disminución frente a 2008 pero sensiblemente superior al comportamiento tradicional.
A pesar de que en el mundo el turismo se ha reducido en un 8%, en Colombia, en medio de la crisis, durante el primer semestre de este año se presentó un incremento del 10% de visitantes internacionales que pasaron de 578 mil a 638 mil. La Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, ha reportado que durante el período enero a junio se dio un crecimiento del 8% en el total de la pauta publicitaria.
Nuestro objetivo es que Colombia sea un País líder en inversión con responsabilidad social. Ésta significa transparencia en las relaciones entre inversionistas y el Estado, compromiso con el bienestar comunitario, por ejemplo en temas ambientales, fraternidad en las relaciones laborales por oposición al odio de clases y al capitalismo salvaje, y además el concepto del capital como factor de creación de riqueza social y no como activo de especulación, distorsión que originó la actual crisis de la economía mundial.
La confianza inversionista requiere seguridad física y jurídica, determinación política para estimularla, buen manejo de la economía y capacidad de introducir ajustes en cada momento. Ajustes dentro de la senda que conduzca a objetivos definidos con claridad, sin incurrir en el extremo del estancamiento y tampoco en alteraciones bruscas de rumbo, o bandazos.
El Congreso ha aprobado reformas estructurales con gran valor político, a pesar del riesgo derivado del discurso antagónico. La nueva legislatura trae afanes en reformas a la justicia, para su descongestión, los recursos del arancel judicial y el tratamiento de las pequeñas causas con el propósito de superar la impunidad. Millones de colombianos esperan con ilusión la penalización de la dosis personal de droga que ha sido una puerta que vincula niños al crimen organizado.
El Gobierno por su parte debe continuar la reforma de la administración, que se ha dado en 427 entidades y se constituye en el mejor legado a las finanzas públicas, con un ahorro equivalente a 6.28% del PIB, con soluciones a los pensionados como en Telecom, a las necesidades de inversión como en Ecopetrol y a la calidad de los servicios a los ciudadanos como en las clínicas del Seguro Social, que hacen el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social, del estado burocrático acaparado por politiquería y exceso de costos, al estado comunitario con austeridad y eficiencia.
Los tratados de comercio, promoción de inversiones y desmonte de la doble tributación, son señales de mucho impacto para generar inversión. Debemos continuar avanzando en ellos, en casos como los Estados Unidos con esa difícil mezcla entre urgencia y paciencia.
Situación fiscal y ajuste tributario
Los niveles que alcanzaron el déficit y el endeudamiento empezaron a crear dudas sobre la tradicional estabilidad macroeconómica de Colombia. Luego de reducir el endeudamiento del 48% del PIB al 22% y el déficit en el gobierno central del 6.5% al 2.34%, porcentajes que incluyen las transferencias al Seguro Social para el pago de pensiones, estamos obligados a elevarlos para enfrentar la crisis de la economía, siempre con el cuidado de no regresar a tendencias de grave riesgo.
Propondremos al Congreso un ajuste tributario como decisión de responsabilidad fiscal frente a la crisis, sin afectar la esencia de los estímulos a la inversión aprobados por el Congreso en los últimos años. Sería absurdo desmontarlos cuando apenas empiezan a producir frutos. Las decisiones de inversión no se toman de la noche a la mañana, en muchos casos se empieza a conocer a Colombia, estos procesos demandan plazos para madurar. Una reforma estructural, de tarifa plana reducida, eliminaría la progresividad, necesaria en la justicia social, y también aboliría el tratamiento más favorable a la inversión.
La democracia colombiana se ha honrado con el hecho de que los sectores más pudientes hayan financiado la Seguridad Democrática con el impuesto al patrimonio. Se pedirá un nuevo esfuerzo, transitorio, con contribuciones que empiecen a recaudarse en 2011.
En 2006 el Congreso elevó del 30 al 40% la deducción tributaria que promueve la reinversión de utilidades y la hizo definitiva. Proponemos regresarla al 30% de 2003 y mantener la norma más reciente que no la deroga al darse un reparto posterior de utilidades.
El proyecto prohíbe acumular los estímulos de zona franca y deducción de inversiones.
Los contratos de estabilidad, también autorizados por el Congreso, son necesarios como instrumento de seguridad jurídica en el largo plazo, que hace posible la decisión de inversión. Los contratos no han incluido la suma de los estímulos de zona franca y deducción de inversiones, se ha resuelto garantizar como deducción un tope del 30% de la inversión y no excluir la posibilidad de tarifas transitorias al patrimonio.
Pensamos que estos ajustes equilibran la seguridad sobre las reglas de juego y las necesidades fiscales de la Nación. La confianza inversionista necesita tanto de los estímulos como de la estabilidad fiscal, que son variables inseparables.
Estos ajustes contribuyen a recuperar el grado de inversión y a obtener financiación en momentos tan difíciles de la economía. Nos apartamos de la tesis de que en lugar del impuesto al patrimonio se debería incrementar el endeudamiento; resulta lógico que sin el impuesto la obtención de crédito puede ser más costosa y por qué no, más difícil.
A propósito del gravamen a los patrimonios es bueno anotar que gracias a la actividad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, durante el período de Gobierno, el avalúo inmobiliario, que no refiere a los cuatro catastros autónomos, ha pasado de 204 billones de pesos a 452, con un aumento promedio anual del 10.6%.
Normas laborales y Empleo
El tema laboral es un asunto normativo de mucha sensibilidad. No estamos de acuerdo con derogar beneficios a los trabajadores ni con crear obstáculos al empleo. Eliminar los parafiscales traería incertidumbre al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación, que tanto aportan a la equidad. Aprobar la contrarreforma laboral acarrearía dificultades a millones de empleos en los servicios como hospitales, hoteles y otros, que trabajan 24 horas, dominicales y festivos. El aumento de la beca a las madres comunitarias las ha motivado, pero de laboralizarlas se decretaría la liquidación del ICBF. Las cooperativas de trabajo asociado deben garantizar estabilidad, la remuneración de todos los factores, afiliación a la seguridad social y no deben ser intermediarios laborales.
Colombia, en sucesivas reformas laborales, ha logrado un equilibrio entre las garantías de estabilidad a los trabajadores y el margen de flexibilidad para los empleadores. El análisis crítico de los costos laborales debería hacerse en concordancia con la tributación en general y los incentivos a la inversión en particular.
Pensamos que hoy el empleo no depende de nuevas normas laborales, sino de la posibilidad de recuperar un alto nivel de actividad económica, de sostenidas y altas tasas de inversión, de mejorar la productividad a través de la educación y la infraestructura, y de apoyar más la competitividad con la investigación y la exploración de los nuevos oficios.
Política social
La política social se erige en el gran validador de la Seguridad Democrática y la confianza inversionista, a su vez depende del marco de prosperidad que estas dos construyan. Además de los recursos asignados a desplazados, víctimas y desmovilizados, las coberturas sociales se han incrementado notablemente. En la medida que los programas, con excepción de la atención de ancianos, apuntan a crear condiciones de equidad distributiva, forman una estrategia estructural que trasciende lo meramente asistencial.
Educación
La cobertura de educación básica estaba en el 78%, ahora se aproxima al 100%. Se gradúan cerca de 650 mil bachilleres, antes lo hacían poco más de 400 mil. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, con los nuevos cupos técnicos y tecnológicos del SENA estaremos superando el número de un millón 700 mil. El ICETEX financiaba 60 mil estudiantes, 300 mil es su nueva meta después de haber llegado a 250 mil.
El liderazgo del Sena es de reconocimiento internacional en formación vocacional, en técnicas y tecnológicas. Capacitaba a un millón 100 mil colombianos y este año llega a 6 millones. Contaba con 41 mil matriculados en formación titulada técnica y tecnológica y ahora llega a 295 mil. Ya ha empezado a incrementar otros 250 mil cupos, orientados a nuevos oficios, emprendimientos y sectores de la economía que el País se propone dinamizar para dejar atrás la crisis económica.
La entidad completará este año un millón de estudiantes de inglés como segunda lengua, a través de Internet, la mayoría desde San Andrés y Providencia, por transmisión satelital que será reemplazada por un cable submarino contratado por el Ministerio de Comunicaciones que potenciará al Archipiélago como bastión de informática.
La aprobación en el Congreso de los programas y recursos para gratuidad educativa y Familias en Acción ha sido definitiva para aumentar la cobertura, disminuir la deserción y fomentar la expectativa cierta de completar los ciclos. La gratuidad apoya a 5 millones de niños y en Familias en Acción se han inscrito más de dos millones 700 mil familias.
Las diferentes pruebas a estudiantes, egresados y profesores, el concurso de maestros, el nuevo escalafón con mejor remuneración, son factores que redundarán en la calidad. Aspiramos, en breve, que el 80% de los estudiantes de matrícula pública tenga acceso a conectividad de banda ancha.
Las coberturas han desbordado la infraestructura. Los recursos de Ley 21 son insuficientes. Aspiramos que el aumento elevado de los recursos descentralizados de participación contribuya al desatraso en construcciones y dotaciones escolares.
Con apropiaciones nacionales diferentes a las transferencias territoriales, el Ministerio de Educación tiene a su cargo la construcción de 50 colegios de excelencia, localizados en asentamientos de compatriotas de la mayor pobreza.
El Instituto de Bienestar Familiar, ha elevado a cerca de 14 millones 500 mil las porciones alimentarias, que han pasado de 122 días a 156 de una meta de 180. Nuestro compromiso es plena cobertura en nutrición infantil, a pesar de las dificultades de las trochas y caños para proveer comunidades en la selva.
Para confrontar el rezago en escolaridad de la primera infancia de los sectores pobres, con partidas nacionales y territoriales, deben ser escolarizados 300 mil niñitos este año y 400 mil en 2010, todos menores de cinco años. Son de mucha ayuda los nuevos recursos destinados por el Congreso, recibidos en dos ocasiones por las alcaldías, y la construcción por el ICBF de hogares múltiples, jardines infantiles y la reparación de aquellos que ya existían.
Salud
El País va hacia la meta de plena cobertura en salud, 41 millones de colombianos tienen cupo en el sistema de aseguramiento. No hemos cerrado un solo hospital, varios centenares han sido reestructurados, faltan muchos. Exploramos opciones para acelerar la costosa nivelación entre el régimen subsidiado y el contributivo. Además de lo que pueda hacerse en recursos, en subsidios parciales para acceder al contributivo y en otras opciones, la ruta más segura es la formalización laboral que jalone personas desde el subsidiado, sistema que aun vincula a muchos afiliados que deberían inscribirse en el contributivo.
El paso inmediato debe ser acudir al nuevo SISBÉN para identificar quiénes, de los 11 millones de integrantes de la población ocupada que reciben los beneficios del Régimen Subsidiado, deben registrarse en el Contributivo, aun con la condición de un subsidio estatal parcial de la cotización, durante algún tiempo, con la suma equivalente al costo actual de cada persona del Subsidiado.
Reconocemos problemas subsistentes en calidad y faltantes de financiación, especialmente en los departamentos, cuyas soluciones estamos trabajando.
Red Juntos
La Red Juntos tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema. Pretende reunir 45 metas básicas en un millón 500 mil familias en temas educativos, de salud, nutrición, vivienda, bancarización y ahorro, dinámica familiar, acceso a la justicia, trabajo, emprendimiento e ingresos. A la fecha ha vinculado 610 mil familias apoyadas por 6 mil 820 cogestores.
Política anticíclica
La crisis de la economía ha frenado la dinámica de crecimiento que el País había logrado.
Nuestra política anticíclica contiene elementos que se habían incorporado en los últimos años, en cuyos desarrollos hemos estado aplicados, y además incluye nuevas herramientas. La circunstancia de haber actuado con conciencia de crisis y determinación de superarla, desde el inicio del Gobierno, explica que no hayamos tenido que salir a improvisar medidas para afrontar la aguda recesión internacional.
Especial énfasis se hace en cuatro elementos de política anticíclica, son ellos: infraestructura, red de protección social, confianza inversionista y financiación del Estado y los empleadores.
Infraestructura
En infraestructura, el atraso y la necesidad de obras, en combinación con la confianza para invertir en Colombia y aportar financiación, nos dan grandes oportunidades. Hemos reemprendido el progreso en puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Nuestra Armada vigilaba la navegación en 3 mil de los 16 mil kilómetros de ríos navegables, actualmente lo hace en cerca de 14 mil.
En nueve ciudades se construyen los sistemas de transporte masivo. En Bogotá, con aportes nacionales del 70%, hemos pasado de 34 a 84 kilómetros de Transmilenio y se adecuan otros 20 kilómetros. Recientemente se inauguró el Mío de Cali, que es el tercero en servicio después de Megabus de Pereira.
Solamente referiré a algunas carreteras.
El Plan 2.500 registra la ejecución de más de dos mil 300 kilómetros. Hemos adjudicado y contratado mil 500 kilómetros en corredores de competitividad. Todas las concesiones de primera generación han restablecido ritmos de obra gracias a la superación de anteriores disputas. Todas las adjudicadas por este Gobierno están operando debidamente. El recorrido colombiano de la carretera Caracas-Buenaventura muestra visos de concreta realidad: con regalías de Arauca e ingeniería del Ejército está concluido un tramo significativo entre Tame y la capital del Departamento; en los corredores de competitividad ha sido contratado el trayecto de Cusiana a Sogamoso; están construidos más de 115 kilómetros de doble calzada entre Sogamoso y Bogotá; se ejecuta la doble calzada Bogotá-Girardot-Ibagué-Cajamarca, que a la altura del Sumapaz contará con el túnel Guillermo León Valencia, en honor del ilustre Ex Presidente, obra ya excavada que se dará al servicio en pocos meses; en contados días empezará la ejecución del túnel de tráfico del Segundo Centenario, en la Línea, que ya dispone del túnel de prueba; los tramos cafeteros y vallecaucanos son excelentes; la doble calzada entre Buga y Buenaventura, sueño vallecaucano, está contratada en su totalidad, además, en ejecución.
Está en licitación la Ruta del Sol, de Bogotá a Santa Marta, en doble calzada. Todas las concesiones del Caribe empiezan a mostrar obras y estamos en el proceso para que los diferentes trayectos queden fusionados en la Transversal de las Américas, entre Palo de Letras en la frontera con Panamá y el puente de Paraguachón en la frontera con Venezuela. Autopistas de la Montaña se adelanta en la fase precontractual, con la novedad de incorporar a Interconexión Eléctrica, ISA, como concesionario sin riesgo, en contrato de confianza que contaría con cuantiosos aportes de Antioquia y Medellín. También se tramita la financiación del tramo de doble calzada en la autopista Bogotá-Villavicencio.
Colombia tenía 53 kilómetros de doble calzada, hasta hoy se han completado 649, este año se agregarán 160 y hay el propósito de ejecutar 200 por año.
Lo que se anuncia, aun aquello que se construya, es poco en relación con las necesidades del País. Por tercer año consecutivo se remiten a los municipios los recursos indicados por el Congreso para las vías de su jurisdicción. Donde se coordinan esfuerzos con los departamentos, como los bancos de maquinaria de Caldas, los recursos rinden a pesar de la limitada cuantía. Facilitamos esos bancos de maquinaria con la advertencia de evitar pleitos laborales por la operación y corrupción en el mantenimiento.
Las tragedias naturales han devorado los recursos del Fondo de Regalías. Con insuficiencia presupuestal hemos procurado asistirlas en todos los casos. Especial prioridad se ha dado a las inundaciones del Bajo Magdalena a través de la respectiva corporación.
Planes Departamentales de Agua
Los Planes Departamentales de Agua agrupan a los municipios alrededor de los departamentos, con lo cual se resalta la importancia de los entes intermedios de Gobierno y se evita que recursos diferentes al Sistema General de Participaciones, transferencias, se asignen sin reglas de equidad.
Los Planes Departamentales deben invertir alrededor de 5.6 billones y en el presente año la meta es de 1.7 billones.
Vivienda
Hay indicaciones de recuperación de la construcción de vivienda. A la tendencia de normalización de las tasas de interés se agrega el sustancial incremento de los recursos presupuestales que para subsidios de vivienda social han variado de 150 mil millones a 840 mil millones. No obstante, reconocemos que aun es insuficiente frente al faltante cuantitativo y cualitativo de esta vivienda.
El Gobierno, con apoyo del Banco de la República, decidió utilizar los montos ahorrados en el Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, FRECH, para subsidiar tasas de interés, durante siete años, en los créditos para vivienda nueva, de valor hasta 167 millones, con gran beneficio para los compatriotas de ingresos bajos y medios. Se calcula un total de 80 mil créditos subsidiados.
Insistimos en que las cajas de compensación familiar, de acuerdo con su responsabilidad social, deben hacer préstamos para mejoramiento de vivienda a afiliados y no afiliados.
En varias ciudades se desarrollan macro proyectos, que aplican la norma que se introdujo en el Plan de Desarrollo.
El Fondo Nacional de Ahorro aprobará este año 60 mil créditos, con participación creciente de ahorradores pobres como las madres comunitarias, gracias a la reforma que aprobó el Congreso. En este período ha superado el número de créditos de toda su vida anterior.
Nos abriga la expectativa que en los próximos meses se observe una nueva dinámica en la actividad constructora con su efecto en el empleo y la economía en general.
Red de Protección Social
El aumento de las coberturas sociales se constituye en la necesaria protección a los pobres, que no son los culpables de la crisis que los amenaza.
El impulso a Familias en Acción, Régimen Subsidiado de Salud, alimentación infantil y de ancianos, se complementa con el cuidado para no disminuir la afiliación a la seguridad social. En el período se han registrado aumentos de beneficiarios en Régimen Contributivo de Salud, riesgos profesionales y pensiones del orden del 45%.
Nuestra preocupación hacia el futuro es el envejecimiento de nueve millones de colombianos trabajadores que no han construido expectativa de pensión. Bienvenida la reciente reforma financiera que autoriza al Gobierno a aportar a las cuentas de ahorro de los ciudadanos vulnerables para que obtengan un ingreso de retiro.
El sistema de Banca de Oportunidades debe desembolsar este año un millón 500 mil microcréditos. De la meta de cinco millones de créditos para el cuatrienio, ha colocado más de cuatro millones, de los cuales un millón 200 mil corresponden a personas que por primera vez reciben un crédito institucional, que en buen porcentaje habían acudido al mercado negro de la usura.
La política social agrega fuerza a la demanda interna y compensa parcialmente la problemática creada por la contracción de las exportaciones. El combate a la pobreza y a la inequidad hace del mercado interno una gran posibilidad.
Instituciones democráticas
Congreso
Expreso nuestra gratitud al Congreso, a las mesas directivas salientes, al Presidente del Senado, doctor Hernán Andrade y al Presidente de la Cámara, doctor Germán Varón, por la agenda legislativa tramitada con disposiciones tan importantes como la Reforma Política para la severa sanción de la penetración del crimen en la política; el aumento de las penas para asesinos de personas que requieren especial protección como los sindicalistas; las disposiciones que regulan la inteligencia del Estado; convenios internacionales de comercio y de eliminación de la doble tributación; normas de competencias y de adaptación contable a las reglas internacionales para la confianza inversionista; los beneficios de retiro para los trabajadores vulnerables que incluye el estatuto financiero.
Son 24 nuevas normas de la mayor conveniencia para el País y 40 que continúan su proceso legislativo.
Expreso nuestra gratitud al Congreso por el valor civil para negar proyectos inconvenientes al bien general. Sir Winston Churchill manifestaba que al Congreso se le debe juzgar no por las leyes aprobadas sino por la capacidad de negar los proyectos dañinos.
La época vivida ha sido muy difícil para el Congreso por el juicio de hechos anteriores a este Gobierno, cuyo último responsable es el descuido del Estado que permitió el dominio del terrorismo sobre vastas áreas de la geografía. El buen resultado de la actividad legislativa y de control político ha constituido el motor de superación de la Institución, a la que muchos le extendían partida de defunción.
El trámite resuelto y exitoso de las diferentes iniciativas pondrá al Congreso a la altura de las más positivas expectativas de la Nación.
El Estado de Opinión: fase superior del Estado Social de Derecho
Colombia goza de un Estado de Opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo, que empezara hace un milenio en Inglaterra con la Carta Magna de Juan Sin Tierra.
Sin Estado de Opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control.
Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; es el seguro de la descentralización, que en Colombia impide su suplantación.
Estado de Opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas.
El derecho de la participación conlleva el debate a la decisión del legislador y el derecho de la representación protege sus decisiones contra la tipificación como delito.
Sobre las bases del Estado de Opinión nuestro País cuenta con una sólida institucionalidad democrática: elegimos 32 gobernadores y mil 102 alcaldes, concejales y diputados, de los más diversos orígenes políticos, y con la práctica diaria del Estado de Opinión, construimos con ellos esa concertación que denominan gobernabilidad, que es la mínima unidad de Patria.
La justicia es independiente y autónoma. El ejecutivo no participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de control originados en el Congreso y de su misión imparcial. Envía ternas para elegir tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional e interviene en la formación de una de las salas del Consejo de la Judicatura.
Bicentenario
Esta mañana en Tame, Arauca, tuvimos el epicentro del Gran Concierto Nacional que se escuchó en mil cien municipios con la participación de más de 200 mil artistas. Se inició la representación viva que nuestras Fuerzas Armadas realizan de la epopeya de la libertad. Estará acompañada de la televisión que en cada noche hará un resumen especialmente orientado a los niños, y habrá transmisión por Internet. Nos encontraremos en un Consejo Comunitario en la cordillera boyacense y los esperaremos el 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Es el anticipo del Bicentenario de la Independencia, que será bella oportunidad de estudio de la historia, revisión del alma nacional y de cada ciudadano y de reflexión sobre el futuro.
Acuerdo con los Estados Unidos
El terrorismo y los violentos son cadenas de esclavitud aun no rotas en su totalidad, financiadas por el narcotráfico. Por eso el acuerdo con los Estados Unidos de América para erradicarlos por siempre.
El Acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese País y en las convenciones de las cuales ambos, Colombia y Estados Unidos, son signatarios. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida.
El desarrollo del Acuerdo procedería en cada actividad con la autorización del Gobierno de Colombia y por mutuo consentimiento.
El Acuerdo será regido por principios como la Igualdad Soberana, la Integridad Territorial y la No Intervención en Asuntos Internos de otros Estados.
Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas.
Para respetar los principios de Jurisdicción Nacional sobre Personal Militar y Soberanía del Territorio, se estudia un procedimiento para que la inmunidad no sea impunidad.
El Acuerdo es para fortalecer bases militares colombianas no para abrir bases norteamericanas.
El Acuerdo es para recuperar el derecho de los colombianos a vivir tranquilos.
Al finalizar la Guerra de los Mil Días, en 1902, el País entró en una especie de temporada de paz, que fue truncada por el estallido de la violencia partidista en los años cuarenta de la anterior centuria. Superada por el advenimiento del Frente Nacional, irrumpieron las guerrillas marxistas, años después transformadas en mercenarios del narcotráfico. Llegó con igual crueldad la reacción paramilitar, que también desembocó en el narcotráfico.
Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía, muchos son los riesgos y amenazas que todavía nos acechan para dejar atrás esta violencia que ha afectado a tantas generaciones.
Los violentos practican terrorismo y sangre en Colombia e intentan hacer política en el extranjero. Asesinan y pretenden interferir las relaciones exteriores del País.
Los Estados Unidos nos han ayudado de manera respetuosa y práctica en el Plan Colombia. Nada ganamos con voces de solidaridad y pésame de la comunidad internacional mientras la sangre se derrama aquí. La cooperación debe ser efectiva y no simbólica.
El terrorismo debe quedar notificado que no nos va a engañar con falsos nacionalismos, improcedentes en nuestra era de crimen internacional.
El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción sino un imperativo.
El terrorismo debe quedar notificado que el abandono de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la negociación de buena fe y el sometimiento a la ley, no es una posibilidad a criterio y capricho de los terroristas, sino una exigencia del pueblo.
El servicio a Colombia es una determinación irrenunciable en procura del bienestar de las nuevas generaciones. El servicio a Colombia no es un trabajo de cálculo político.
En una de sus epístolas, el Apóstol nos dice: "Si el sonido que emite la trompeta es incierto y débil, ¿quién acudirá al campo de batalla?
Respetados Senadores y Representantes, compatriotas todos: Tengamos certeza en los objetivos y acciones en procura de una Colombia próspera y equitativa. Tengamos fortaleza en la lucha para lograrlo.
Bogotá, Julio 20 de 2009
Julio 20 de 2009
Honorables Senadores y Representantes:
Confianza
Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social.
Seguridad
La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación en las coberturas sociales.
Aun no estamos en un punto irreversible en el rescate de la seguridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias políticas.
La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra "paramilitar" se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.
En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio.
Se ha reversado la tendencia de los ciudadanos a buscar resolver el problema de seguridad por cuenta propia, ya se acude crecientemente a la fuerza pública, la comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse, a donde acudir, a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas por recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.
Reparación total no se da, sin embargo, estos esfuerzos anulan gérmenes de venganza y odio. Nos hemos propuesto esforzarnos, a pesar de las restricciones fiscales, sin comprometernos en cuantías impagables. Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al frágil pecunio del policía o soldado.
La mínima exigencia de las víctimas es que no se repitan las acciones violentas, la garantía de este derecho reposa en la permanencia firme y sostenida de la Seguridad Democrática.
Valioso intangible de nuestra seguridad es su discurrir por el camino de la legislación ordinaria contrario a las normas marciales. Se ha adelantado con respeto a las libertades, las garantías civiles, los derechos políticos. Esto honra a nuestra democracia que ha enfrentado un terrorismo que se sentía victorioso y ha sido excesivamente rico por el narcotráfico.
La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados. Éstos se buscan con más empeño cuando se tiene la tranquilidad de conciencia derivada de proceder con observancia de los derechos humanos, cuyas violaciones se sancionan sin vacilación.
La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.
Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con frecuencia el Ministro de Defensa, los Altos Mandos y el Presidente de la República acuden a audiencias en televisión para recibir y responder por las quejas de los ciudadanos en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas.
Reinserción
El énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización y acoger la reinserción. Más de 50 mil integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como desmovilizados, suma que no incluye a aquellos simplemente sometidos a la justicia. El número de desmovilizados supera en más de tres veces a los dados de baja.
El programa de reinserción es enorme. El promedio mes es de 11 mil que estudian primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2 mil en alfabetización. En 2008 más de 7 mil acudieron a formarse en el SENA. Al adicionar las familias el total de beneficiarios promedia en 120 mil. En el campo laboral contamos con 16 mil en trabajos estables, pero 70% en actividades informales.
Desplazados
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Éstos se mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros, al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.
Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.
El presupuesto de atención a desplazados ha aumentado en más de 10 veces. El 85% está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Al programa Familias en Acción han ingresado 340 mil familias desplazadas. En educación también es notorio el avance.
No obstante que 700 mil personas han regresado a sus sitios de origen, aun se les considera desplazados por no haber superado la pobreza. El atraso se da en vivienda y en recuperación y acceso a la tierra. De los 80 mil subsidios adjudicados 45 mil cuentan con vivienda efectiva. Cada año se entregan 30 mil subsidios adicionales.
Bajo la conducción del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, ha sido instalada la primera de las doce comisiones de restitución de bienes.
Existen varias preocupaciones sobre el alcance del programa de atención a desplazados; por ejemplo, en 2008, entre los registrados aparecen 150 mil personas que alegan desplazamientos sucedidos en el período de 1951 a 1987.
Confianza Inversionista
Nuestro País necesita una tasa elevada y sostenida de inversión. Ésta ha pasado del 14% del PIB a porcentajes entre el 24% y el 28%. Aun en medio de las dificultades de la economía, en el primer trimestre se situó en 25% del PIB. La inversión extranjera directa ha crecido de picos de 2 mil millones de dólares anuales a cifras de 8 mil, 9 mil 28, 10 mil 564. A cierre de junio acumulaba 4 mil 149, con un 11.9% de disminución frente a 2008 pero sensiblemente superior al comportamiento tradicional.
A pesar de que en el mundo el turismo se ha reducido en un 8%, en Colombia, en medio de la crisis, durante el primer semestre de este año se presentó un incremento del 10% de visitantes internacionales que pasaron de 578 mil a 638 mil. La Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, ha reportado que durante el período enero a junio se dio un crecimiento del 8% en el total de la pauta publicitaria.
Nuestro objetivo es que Colombia sea un País líder en inversión con responsabilidad social. Ésta significa transparencia en las relaciones entre inversionistas y el Estado, compromiso con el bienestar comunitario, por ejemplo en temas ambientales, fraternidad en las relaciones laborales por oposición al odio de clases y al capitalismo salvaje, y además el concepto del capital como factor de creación de riqueza social y no como activo de especulación, distorsión que originó la actual crisis de la economía mundial.
La confianza inversionista requiere seguridad física y jurídica, determinación política para estimularla, buen manejo de la economía y capacidad de introducir ajustes en cada momento. Ajustes dentro de la senda que conduzca a objetivos definidos con claridad, sin incurrir en el extremo del estancamiento y tampoco en alteraciones bruscas de rumbo, o bandazos.
El Congreso ha aprobado reformas estructurales con gran valor político, a pesar del riesgo derivado del discurso antagónico. La nueva legislatura trae afanes en reformas a la justicia, para su descongestión, los recursos del arancel judicial y el tratamiento de las pequeñas causas con el propósito de superar la impunidad. Millones de colombianos esperan con ilusión la penalización de la dosis personal de droga que ha sido una puerta que vincula niños al crimen organizado.
El Gobierno por su parte debe continuar la reforma de la administración, que se ha dado en 427 entidades y se constituye en el mejor legado a las finanzas públicas, con un ahorro equivalente a 6.28% del PIB, con soluciones a los pensionados como en Telecom, a las necesidades de inversión como en Ecopetrol y a la calidad de los servicios a los ciudadanos como en las clínicas del Seguro Social, que hacen el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social, del estado burocrático acaparado por politiquería y exceso de costos, al estado comunitario con austeridad y eficiencia.
Los tratados de comercio, promoción de inversiones y desmonte de la doble tributación, son señales de mucho impacto para generar inversión. Debemos continuar avanzando en ellos, en casos como los Estados Unidos con esa difícil mezcla entre urgencia y paciencia.
Situación fiscal y ajuste tributario
Los niveles que alcanzaron el déficit y el endeudamiento empezaron a crear dudas sobre la tradicional estabilidad macroeconómica de Colombia. Luego de reducir el endeudamiento del 48% del PIB al 22% y el déficit en el gobierno central del 6.5% al 2.34%, porcentajes que incluyen las transferencias al Seguro Social para el pago de pensiones, estamos obligados a elevarlos para enfrentar la crisis de la economía, siempre con el cuidado de no regresar a tendencias de grave riesgo.
Propondremos al Congreso un ajuste tributario como decisión de responsabilidad fiscal frente a la crisis, sin afectar la esencia de los estímulos a la inversión aprobados por el Congreso en los últimos años. Sería absurdo desmontarlos cuando apenas empiezan a producir frutos. Las decisiones de inversión no se toman de la noche a la mañana, en muchos casos se empieza a conocer a Colombia, estos procesos demandan plazos para madurar. Una reforma estructural, de tarifa plana reducida, eliminaría la progresividad, necesaria en la justicia social, y también aboliría el tratamiento más favorable a la inversión.
La democracia colombiana se ha honrado con el hecho de que los sectores más pudientes hayan financiado la Seguridad Democrática con el impuesto al patrimonio. Se pedirá un nuevo esfuerzo, transitorio, con contribuciones que empiecen a recaudarse en 2011.
En 2006 el Congreso elevó del 30 al 40% la deducción tributaria que promueve la reinversión de utilidades y la hizo definitiva. Proponemos regresarla al 30% de 2003 y mantener la norma más reciente que no la deroga al darse un reparto posterior de utilidades.
El proyecto prohíbe acumular los estímulos de zona franca y deducción de inversiones.
Los contratos de estabilidad, también autorizados por el Congreso, son necesarios como instrumento de seguridad jurídica en el largo plazo, que hace posible la decisión de inversión. Los contratos no han incluido la suma de los estímulos de zona franca y deducción de inversiones, se ha resuelto garantizar como deducción un tope del 30% de la inversión y no excluir la posibilidad de tarifas transitorias al patrimonio.
Pensamos que estos ajustes equilibran la seguridad sobre las reglas de juego y las necesidades fiscales de la Nación. La confianza inversionista necesita tanto de los estímulos como de la estabilidad fiscal, que son variables inseparables.
Estos ajustes contribuyen a recuperar el grado de inversión y a obtener financiación en momentos tan difíciles de la economía. Nos apartamos de la tesis de que en lugar del impuesto al patrimonio se debería incrementar el endeudamiento; resulta lógico que sin el impuesto la obtención de crédito puede ser más costosa y por qué no, más difícil.
A propósito del gravamen a los patrimonios es bueno anotar que gracias a la actividad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, durante el período de Gobierno, el avalúo inmobiliario, que no refiere a los cuatro catastros autónomos, ha pasado de 204 billones de pesos a 452, con un aumento promedio anual del 10.6%.
Normas laborales y Empleo
El tema laboral es un asunto normativo de mucha sensibilidad. No estamos de acuerdo con derogar beneficios a los trabajadores ni con crear obstáculos al empleo. Eliminar los parafiscales traería incertidumbre al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación, que tanto aportan a la equidad. Aprobar la contrarreforma laboral acarrearía dificultades a millones de empleos en los servicios como hospitales, hoteles y otros, que trabajan 24 horas, dominicales y festivos. El aumento de la beca a las madres comunitarias las ha motivado, pero de laboralizarlas se decretaría la liquidación del ICBF. Las cooperativas de trabajo asociado deben garantizar estabilidad, la remuneración de todos los factores, afiliación a la seguridad social y no deben ser intermediarios laborales.
Colombia, en sucesivas reformas laborales, ha logrado un equilibrio entre las garantías de estabilidad a los trabajadores y el margen de flexibilidad para los empleadores. El análisis crítico de los costos laborales debería hacerse en concordancia con la tributación en general y los incentivos a la inversión en particular.
Pensamos que hoy el empleo no depende de nuevas normas laborales, sino de la posibilidad de recuperar un alto nivel de actividad económica, de sostenidas y altas tasas de inversión, de mejorar la productividad a través de la educación y la infraestructura, y de apoyar más la competitividad con la investigación y la exploración de los nuevos oficios.
Política social
La política social se erige en el gran validador de la Seguridad Democrática y la confianza inversionista, a su vez depende del marco de prosperidad que estas dos construyan. Además de los recursos asignados a desplazados, víctimas y desmovilizados, las coberturas sociales se han incrementado notablemente. En la medida que los programas, con excepción de la atención de ancianos, apuntan a crear condiciones de equidad distributiva, forman una estrategia estructural que trasciende lo meramente asistencial.
Educación
La cobertura de educación básica estaba en el 78%, ahora se aproxima al 100%. Se gradúan cerca de 650 mil bachilleres, antes lo hacían poco más de 400 mil. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, con los nuevos cupos técnicos y tecnológicos del SENA estaremos superando el número de un millón 700 mil. El ICETEX financiaba 60 mil estudiantes, 300 mil es su nueva meta después de haber llegado a 250 mil.
El liderazgo del Sena es de reconocimiento internacional en formación vocacional, en técnicas y tecnológicas. Capacitaba a un millón 100 mil colombianos y este año llega a 6 millones. Contaba con 41 mil matriculados en formación titulada técnica y tecnológica y ahora llega a 295 mil. Ya ha empezado a incrementar otros 250 mil cupos, orientados a nuevos oficios, emprendimientos y sectores de la economía que el País se propone dinamizar para dejar atrás la crisis económica.
La entidad completará este año un millón de estudiantes de inglés como segunda lengua, a través de Internet, la mayoría desde San Andrés y Providencia, por transmisión satelital que será reemplazada por un cable submarino contratado por el Ministerio de Comunicaciones que potenciará al Archipiélago como bastión de informática.
La aprobación en el Congreso de los programas y recursos para gratuidad educativa y Familias en Acción ha sido definitiva para aumentar la cobertura, disminuir la deserción y fomentar la expectativa cierta de completar los ciclos. La gratuidad apoya a 5 millones de niños y en Familias en Acción se han inscrito más de dos millones 700 mil familias.
Las diferentes pruebas a estudiantes, egresados y profesores, el concurso de maestros, el nuevo escalafón con mejor remuneración, son factores que redundarán en la calidad. Aspiramos, en breve, que el 80% de los estudiantes de matrícula pública tenga acceso a conectividad de banda ancha.
Las coberturas han desbordado la infraestructura. Los recursos de Ley 21 son insuficientes. Aspiramos que el aumento elevado de los recursos descentralizados de participación contribuya al desatraso en construcciones y dotaciones escolares.
Con apropiaciones nacionales diferentes a las transferencias territoriales, el Ministerio de Educación tiene a su cargo la construcción de 50 colegios de excelencia, localizados en asentamientos de compatriotas de la mayor pobreza.
El Instituto de Bienestar Familiar, ha elevado a cerca de 14 millones 500 mil las porciones alimentarias, que han pasado de 122 días a 156 de una meta de 180. Nuestro compromiso es plena cobertura en nutrición infantil, a pesar de las dificultades de las trochas y caños para proveer comunidades en la selva.
Para confrontar el rezago en escolaridad de la primera infancia de los sectores pobres, con partidas nacionales y territoriales, deben ser escolarizados 300 mil niñitos este año y 400 mil en 2010, todos menores de cinco años. Son de mucha ayuda los nuevos recursos destinados por el Congreso, recibidos en dos ocasiones por las alcaldías, y la construcción por el ICBF de hogares múltiples, jardines infantiles y la reparación de aquellos que ya existían.
Salud
El País va hacia la meta de plena cobertura en salud, 41 millones de colombianos tienen cupo en el sistema de aseguramiento. No hemos cerrado un solo hospital, varios centenares han sido reestructurados, faltan muchos. Exploramos opciones para acelerar la costosa nivelación entre el régimen subsidiado y el contributivo. Además de lo que pueda hacerse en recursos, en subsidios parciales para acceder al contributivo y en otras opciones, la ruta más segura es la formalización laboral que jalone personas desde el subsidiado, sistema que aun vincula a muchos afiliados que deberían inscribirse en el contributivo.
El paso inmediato debe ser acudir al nuevo SISBÉN para identificar quiénes, de los 11 millones de integrantes de la población ocupada que reciben los beneficios del Régimen Subsidiado, deben registrarse en el Contributivo, aun con la condición de un subsidio estatal parcial de la cotización, durante algún tiempo, con la suma equivalente al costo actual de cada persona del Subsidiado.
Reconocemos problemas subsistentes en calidad y faltantes de financiación, especialmente en los departamentos, cuyas soluciones estamos trabajando.
Red Juntos
La Red Juntos tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema. Pretende reunir 45 metas básicas en un millón 500 mil familias en temas educativos, de salud, nutrición, vivienda, bancarización y ahorro, dinámica familiar, acceso a la justicia, trabajo, emprendimiento e ingresos. A la fecha ha vinculado 610 mil familias apoyadas por 6 mil 820 cogestores.
Política anticíclica
La crisis de la economía ha frenado la dinámica de crecimiento que el País había logrado.
Nuestra política anticíclica contiene elementos que se habían incorporado en los últimos años, en cuyos desarrollos hemos estado aplicados, y además incluye nuevas herramientas. La circunstancia de haber actuado con conciencia de crisis y determinación de superarla, desde el inicio del Gobierno, explica que no hayamos tenido que salir a improvisar medidas para afrontar la aguda recesión internacional.
Especial énfasis se hace en cuatro elementos de política anticíclica, son ellos: infraestructura, red de protección social, confianza inversionista y financiación del Estado y los empleadores.
Infraestructura
En infraestructura, el atraso y la necesidad de obras, en combinación con la confianza para invertir en Colombia y aportar financiación, nos dan grandes oportunidades. Hemos reemprendido el progreso en puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Nuestra Armada vigilaba la navegación en 3 mil de los 16 mil kilómetros de ríos navegables, actualmente lo hace en cerca de 14 mil.
En nueve ciudades se construyen los sistemas de transporte masivo. En Bogotá, con aportes nacionales del 70%, hemos pasado de 34 a 84 kilómetros de Transmilenio y se adecuan otros 20 kilómetros. Recientemente se inauguró el Mío de Cali, que es el tercero en servicio después de Megabus de Pereira.
Solamente referiré a algunas carreteras.
El Plan 2.500 registra la ejecución de más de dos mil 300 kilómetros. Hemos adjudicado y contratado mil 500 kilómetros en corredores de competitividad. Todas las concesiones de primera generación han restablecido ritmos de obra gracias a la superación de anteriores disputas. Todas las adjudicadas por este Gobierno están operando debidamente. El recorrido colombiano de la carretera Caracas-Buenaventura muestra visos de concreta realidad: con regalías de Arauca e ingeniería del Ejército está concluido un tramo significativo entre Tame y la capital del Departamento; en los corredores de competitividad ha sido contratado el trayecto de Cusiana a Sogamoso; están construidos más de 115 kilómetros de doble calzada entre Sogamoso y Bogotá; se ejecuta la doble calzada Bogotá-Girardot-Ibagué-Cajamarca, que a la altura del Sumapaz contará con el túnel Guillermo León Valencia, en honor del ilustre Ex Presidente, obra ya excavada que se dará al servicio en pocos meses; en contados días empezará la ejecución del túnel de tráfico del Segundo Centenario, en la Línea, que ya dispone del túnel de prueba; los tramos cafeteros y vallecaucanos son excelentes; la doble calzada entre Buga y Buenaventura, sueño vallecaucano, está contratada en su totalidad, además, en ejecución.
Está en licitación la Ruta del Sol, de Bogotá a Santa Marta, en doble calzada. Todas las concesiones del Caribe empiezan a mostrar obras y estamos en el proceso para que los diferentes trayectos queden fusionados en la Transversal de las Américas, entre Palo de Letras en la frontera con Panamá y el puente de Paraguachón en la frontera con Venezuela. Autopistas de la Montaña se adelanta en la fase precontractual, con la novedad de incorporar a Interconexión Eléctrica, ISA, como concesionario sin riesgo, en contrato de confianza que contaría con cuantiosos aportes de Antioquia y Medellín. También se tramita la financiación del tramo de doble calzada en la autopista Bogotá-Villavicencio.
Colombia tenía 53 kilómetros de doble calzada, hasta hoy se han completado 649, este año se agregarán 160 y hay el propósito de ejecutar 200 por año.
Lo que se anuncia, aun aquello que se construya, es poco en relación con las necesidades del País. Por tercer año consecutivo se remiten a los municipios los recursos indicados por el Congreso para las vías de su jurisdicción. Donde se coordinan esfuerzos con los departamentos, como los bancos de maquinaria de Caldas, los recursos rinden a pesar de la limitada cuantía. Facilitamos esos bancos de maquinaria con la advertencia de evitar pleitos laborales por la operación y corrupción en el mantenimiento.
Las tragedias naturales han devorado los recursos del Fondo de Regalías. Con insuficiencia presupuestal hemos procurado asistirlas en todos los casos. Especial prioridad se ha dado a las inundaciones del Bajo Magdalena a través de la respectiva corporación.
Planes Departamentales de Agua
Los Planes Departamentales de Agua agrupan a los municipios alrededor de los departamentos, con lo cual se resalta la importancia de los entes intermedios de Gobierno y se evita que recursos diferentes al Sistema General de Participaciones, transferencias, se asignen sin reglas de equidad.
Los Planes Departamentales deben invertir alrededor de 5.6 billones y en el presente año la meta es de 1.7 billones.
Vivienda
Hay indicaciones de recuperación de la construcción de vivienda. A la tendencia de normalización de las tasas de interés se agrega el sustancial incremento de los recursos presupuestales que para subsidios de vivienda social han variado de 150 mil millones a 840 mil millones. No obstante, reconocemos que aun es insuficiente frente al faltante cuantitativo y cualitativo de esta vivienda.
El Gobierno, con apoyo del Banco de la República, decidió utilizar los montos ahorrados en el Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, FRECH, para subsidiar tasas de interés, durante siete años, en los créditos para vivienda nueva, de valor hasta 167 millones, con gran beneficio para los compatriotas de ingresos bajos y medios. Se calcula un total de 80 mil créditos subsidiados.
Insistimos en que las cajas de compensación familiar, de acuerdo con su responsabilidad social, deben hacer préstamos para mejoramiento de vivienda a afiliados y no afiliados.
En varias ciudades se desarrollan macro proyectos, que aplican la norma que se introdujo en el Plan de Desarrollo.
El Fondo Nacional de Ahorro aprobará este año 60 mil créditos, con participación creciente de ahorradores pobres como las madres comunitarias, gracias a la reforma que aprobó el Congreso. En este período ha superado el número de créditos de toda su vida anterior.
Nos abriga la expectativa que en los próximos meses se observe una nueva dinámica en la actividad constructora con su efecto en el empleo y la economía en general.
Red de Protección Social
El aumento de las coberturas sociales se constituye en la necesaria protección a los pobres, que no son los culpables de la crisis que los amenaza.
El impulso a Familias en Acción, Régimen Subsidiado de Salud, alimentación infantil y de ancianos, se complementa con el cuidado para no disminuir la afiliación a la seguridad social. En el período se han registrado aumentos de beneficiarios en Régimen Contributivo de Salud, riesgos profesionales y pensiones del orden del 45%.
Nuestra preocupación hacia el futuro es el envejecimiento de nueve millones de colombianos trabajadores que no han construido expectativa de pensión. Bienvenida la reciente reforma financiera que autoriza al Gobierno a aportar a las cuentas de ahorro de los ciudadanos vulnerables para que obtengan un ingreso de retiro.
El sistema de Banca de Oportunidades debe desembolsar este año un millón 500 mil microcréditos. De la meta de cinco millones de créditos para el cuatrienio, ha colocado más de cuatro millones, de los cuales un millón 200 mil corresponden a personas que por primera vez reciben un crédito institucional, que en buen porcentaje habían acudido al mercado negro de la usura.
La política social agrega fuerza a la demanda interna y compensa parcialmente la problemática creada por la contracción de las exportaciones. El combate a la pobreza y a la inequidad hace del mercado interno una gran posibilidad.
Instituciones democráticas
Congreso
Expreso nuestra gratitud al Congreso, a las mesas directivas salientes, al Presidente del Senado, doctor Hernán Andrade y al Presidente de la Cámara, doctor Germán Varón, por la agenda legislativa tramitada con disposiciones tan importantes como la Reforma Política para la severa sanción de la penetración del crimen en la política; el aumento de las penas para asesinos de personas que requieren especial protección como los sindicalistas; las disposiciones que regulan la inteligencia del Estado; convenios internacionales de comercio y de eliminación de la doble tributación; normas de competencias y de adaptación contable a las reglas internacionales para la confianza inversionista; los beneficios de retiro para los trabajadores vulnerables que incluye el estatuto financiero.
Son 24 nuevas normas de la mayor conveniencia para el País y 40 que continúan su proceso legislativo.
Expreso nuestra gratitud al Congreso por el valor civil para negar proyectos inconvenientes al bien general. Sir Winston Churchill manifestaba que al Congreso se le debe juzgar no por las leyes aprobadas sino por la capacidad de negar los proyectos dañinos.
La época vivida ha sido muy difícil para el Congreso por el juicio de hechos anteriores a este Gobierno, cuyo último responsable es el descuido del Estado que permitió el dominio del terrorismo sobre vastas áreas de la geografía. El buen resultado de la actividad legislativa y de control político ha constituido el motor de superación de la Institución, a la que muchos le extendían partida de defunción.
El trámite resuelto y exitoso de las diferentes iniciativas pondrá al Congreso a la altura de las más positivas expectativas de la Nación.
El Estado de Opinión: fase superior del Estado Social de Derecho
Colombia goza de un Estado de Opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo, que empezara hace un milenio en Inglaterra con la Carta Magna de Juan Sin Tierra.
Sin Estado de Opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control.
Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; es el seguro de la descentralización, que en Colombia impide su suplantación.
Estado de Opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas.
El derecho de la participación conlleva el debate a la decisión del legislador y el derecho de la representación protege sus decisiones contra la tipificación como delito.
Sobre las bases del Estado de Opinión nuestro País cuenta con una sólida institucionalidad democrática: elegimos 32 gobernadores y mil 102 alcaldes, concejales y diputados, de los más diversos orígenes políticos, y con la práctica diaria del Estado de Opinión, construimos con ellos esa concertación que denominan gobernabilidad, que es la mínima unidad de Patria.
La justicia es independiente y autónoma. El ejecutivo no participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de control originados en el Congreso y de su misión imparcial. Envía ternas para elegir tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional e interviene en la formación de una de las salas del Consejo de la Judicatura.
Bicentenario
Esta mañana en Tame, Arauca, tuvimos el epicentro del Gran Concierto Nacional que se escuchó en mil cien municipios con la participación de más de 200 mil artistas. Se inició la representación viva que nuestras Fuerzas Armadas realizan de la epopeya de la libertad. Estará acompañada de la televisión que en cada noche hará un resumen especialmente orientado a los niños, y habrá transmisión por Internet. Nos encontraremos en un Consejo Comunitario en la cordillera boyacense y los esperaremos el 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Es el anticipo del Bicentenario de la Independencia, que será bella oportunidad de estudio de la historia, revisión del alma nacional y de cada ciudadano y de reflexión sobre el futuro.
Acuerdo con los Estados Unidos
El terrorismo y los violentos son cadenas de esclavitud aun no rotas en su totalidad, financiadas por el narcotráfico. Por eso el acuerdo con los Estados Unidos de América para erradicarlos por siempre.
El Acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese País y en las convenciones de las cuales ambos, Colombia y Estados Unidos, son signatarios. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida.
El desarrollo del Acuerdo procedería en cada actividad con la autorización del Gobierno de Colombia y por mutuo consentimiento.
El Acuerdo será regido por principios como la Igualdad Soberana, la Integridad Territorial y la No Intervención en Asuntos Internos de otros Estados.
Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas.
Para respetar los principios de Jurisdicción Nacional sobre Personal Militar y Soberanía del Territorio, se estudia un procedimiento para que la inmunidad no sea impunidad.
El Acuerdo es para fortalecer bases militares colombianas no para abrir bases norteamericanas.
El Acuerdo es para recuperar el derecho de los colombianos a vivir tranquilos.
Al finalizar la Guerra de los Mil Días, en 1902, el País entró en una especie de temporada de paz, que fue truncada por el estallido de la violencia partidista en los años cuarenta de la anterior centuria. Superada por el advenimiento del Frente Nacional, irrumpieron las guerrillas marxistas, años después transformadas en mercenarios del narcotráfico. Llegó con igual crueldad la reacción paramilitar, que también desembocó en el narcotráfico.
Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía, muchos son los riesgos y amenazas que todavía nos acechan para dejar atrás esta violencia que ha afectado a tantas generaciones.
Los violentos practican terrorismo y sangre en Colombia e intentan hacer política en el extranjero. Asesinan y pretenden interferir las relaciones exteriores del País.
Los Estados Unidos nos han ayudado de manera respetuosa y práctica en el Plan Colombia. Nada ganamos con voces de solidaridad y pésame de la comunidad internacional mientras la sangre se derrama aquí. La cooperación debe ser efectiva y no simbólica.
El terrorismo debe quedar notificado que no nos va a engañar con falsos nacionalismos, improcedentes en nuestra era de crimen internacional.
El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción sino un imperativo.
El terrorismo debe quedar notificado que el abandono de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la negociación de buena fe y el sometimiento a la ley, no es una posibilidad a criterio y capricho de los terroristas, sino una exigencia del pueblo.
El servicio a Colombia es una determinación irrenunciable en procura del bienestar de las nuevas generaciones. El servicio a Colombia no es un trabajo de cálculo político.
En una de sus epístolas, el Apóstol nos dice: "Si el sonido que emite la trompeta es incierto y débil, ¿quién acudirá al campo de batalla?
Respetados Senadores y Representantes, compatriotas todos: Tengamos certeza en los objetivos y acciones en procura de una Colombia próspera y equitativa. Tengamos fortaleza en la lucha para lograrlo.
Bogotá, Julio 20 de 2009
martes, 13 de enero de 2009
Mi test de personalidad
| Trastorno | Grado |
|---|---|
| Paranoide | MODERADO |
| Esquizoide | BAJO |
| Esquizotipico | BAJO |
| Histrionico | MODERADO |
| Antisocial | BAJO |
| Narcisista | MODERADO |
| Limite | BAJO |
| Obsesivo | MODERADO |
| Dependiente | BAJO |
| Evitador | MODERADO |
Test de trastorno de personalidad
miércoles, 17 de diciembre de 2008
sábado, 13 de diciembre de 2008
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