A veces, las relaciones entre las naciones alcanzan un punto donde las cuestiones militares desplazan al comercio o la diplomacia del centro de la escena. Se trata del momento en el que los políticos levantan sus teléfonos para hacer a los analistas de seguridad dos preguntas claves: ¿qué pueden hacer ellos? y ¿qué podemos hacer nosotros?
Desde luego, esto no significa que un conflicto haya llegado a ser inevitable pero pone de manifiesto un cambio de tono fundamental en las relaciones entre los gobiernos. La posibilidad de un incidente armado se ha convertido en un riesgo real que reclama la atención de cancillerías y ministerios de Defensa para poder ser desactivado. Las recientes compras militares venezolanas parecen colocar las relaciones estratégicas entre Caracas y Bogotá precisamente en ese punto. Un escenario que reclama una revisión de la política colombiana hacia el país vecino para reducir la posibilidad de una crisis de potenciales consecuencias catastróficas.
Gracias a un crédito de 2.200 millones de dólares, el presidente Chávez se ha traído de su reciente visita a Moscú lo más granado de la tecnología militar rusa. De hecho, el arsenal adquirido por Caracas tiene tres componentes básicos. Para empezar, se han comprado una serie de sistemas de misiles que deben integrarse en una arquitectura de defensa aérea por capas. Esta es la idea detrás de la compra de misiles antiaéreos S-300 'Antey 2500', SA-125 'Pechora 2' y SA-17 'Buk-M2'. Además, se han adquirido 92 tanques T-72M para reemplazar los viejos 82 AMX-30 que integraban las fuerzas blindadas del país vecino. Finalmente, se va a recibir un cierto número de lanzacohetes múltiples Smerch, capaces de disparar 12 proyectiles de 300 mm contra blancos terrestres a 90 kilómetros de distancia.
A la hora de valorar una potencial amenaza, resulta necesario contemplar dos tipos de factores: capacidades e intenciones. Sobre las primeras, parece evidente que las nuevas compras van más allá de la mera renovación de equipo obsoleto. De hecho, los sistemas rusos proporcionan capacidades completamente nuevas a los planificadores militares de Caracas. Solo un ejemplo. Los nuevos tanques están mejor armados y son más rápidos que sus antecesores; los lanzacohetes otorgan a la artillería venezolana la capacidad para golpear blancos en el interior de la retaguardia adversaria.
La combinación de ambos elementos proporciona al país vecino una irresistible capacidad ofensiva. Por lo que se refiere a las intenciones, estas siempre resultan difíciles de evaluar en la medida en que se hunden en el terreno incierto de las preferencias ideológicas y las inclinaciones psicológicas de los individuos. En cualquier caso, resulta innegable que el presidente Chávez ha demostrado repetidas veces su predilección por la retórica prebélica. Ahí está para recordarlo aquella famosa orden de "mándame 10 batallones a la frontera". A partir de ahora, hay que asumir que tiene la capacidad para pasar de las palabras a los hechos.
La gran cuestión es qué puede hacer Colombia con un vecino inamistoso que está determinado a dotarse de una abrumadora superioridad militar. Desde luego, ya no hay espacio para ignorar el problema. La agresividad verbal del presidente Chávez y sus ministros hacen imposible olvidar la posibilidad cierta de una crisis.
En consecuencia, es hora de que diplomacia y defensa asuman la parte del reto que le corresponde a cada uno. Por un lado, la Cancillería debería intentar construir los mecanismos de comunicación y fomento de la confianza que eviten la posibilidad de que se pase de la amenaza verbal a la agresión por accidente o error. Por otra parte, las Fuerzas Armadas deben dotarse de los medios necesarios para garantizar la defensa del país sin entrar en una carrera de armamentos carente de sentido. En otras palabras, el Estado debe construir una estrategia que combine negociación y disuasión. Es la única forma de afrontar esta "guerra fría" en la que el presidente Chávez ha hundido a la región andina.
* Director del Área de Información y Análisis de la firma de consultoría Grupo Triarius
Román Ortiz
jueves, 22 de octubre de 2009
lunes, 19 de octubre de 2009
Razones de una decisión
El Editorial de El Tiempo
Una decisión dolorosa, pero al mismo tiempo firme e irrevocable, fue la tomada por la dirección de EL TIEMPO con respecto al retiro de las páginas de opinión de la columnista Claudia López, quien había colaborado con este diario desde hacía cerca de 30 meses. Sobre lo sucedido es necesario hacer varias reflexiones y consideraciones, pues es indispensable que el público comprenda los motivos de una determinación drástica, que está, en nuestro entender, plenamente justificada. Haber respondido con el silencio, o una imposible actitud flexible, equivaldría a aceptar como verdaderas, afirmaciones que son a la vez mentirosas y temerarias.
Para comenzar, es necesario decir que cualquier lector, sea columnista o no, está en su pleno derecho de compartir, rechazar o criticar el cubrimiento informativo que hace EL TIEMPO de la realidad colombiana o internacional. La divulgación de las cartas y comentarios del público, tanto en la edición impresa como en las páginas de Internet, es prueba de ello. Pero esa potestad no puede confundirse, en el caso de los colaboradores del periódico, con una patente de corso para poner en tela de juicio los principios éticos y la honorabilidad de los periodistas que trabajan en este diario. Para decirlo con toda claridad, en este matutino no se "fabrican" o "inducen" noticias, ni se condiciona el cubrimiento de las mismas a intereses políticos o económicos.
En el caso concreto del escándalo relacionado con el programa Agro, Ingreso Seguro, destapado por la revista Cambio -propiedad de esta Casa Editorial-, el periódico ha hecho un seguimiento en profundidad, que comprende no menos de 45 escritos sobre el tema, incluyendo un editorial publicado el pasado 2 de octubre. En este, EL TIEMPO expresó su preocupación por lo sucedido y exigió claridad sobre unos hechos que cada vez más dejan en claro un preocupante entramado de corrupción y favoritismos.
Por otra parte, sabemos que el protagonismo público de algunos miembros de la familia Santos -accionistas minoritarios de la Casa Editorial EL TIEMPO- o los intereses legítimos que sobre el tercer canal de televisión tiene el socio mayoritario -el Grupo Planeta- son utilizados para construir absurdas interpretaciones sobre las noticias que publicamos. Algunas son fruto de las suspicacias exageradas, tan propias de la idiosincrasia nacional. Otras son producto de malas intenciones y de intereses empeñados en hacer daño. Pero el mandato inequívoco que tienen nuestros reporteros y redactores es el de siempre: subordinar todas las consideraciones a los principios esenciales del periodismo profesional, riguroso, equilibrado y preciso.
De tal manera, una cosa es el derecho a la libertad de expresión, que EL TIEMPO ha respetado y defendido en forma indeclinable a lo largo de sus casi 100 años de existencia, y otra es el deber de sus columnistas de abstenerse de hacer acusaciones o descalificaciones sin fundamento. Como otros diarios nacionales, este ha sido víctima de presiones, amenazas, censura e incluso el cierre durante las épocas aciagas de la dictadura. Pero pocas veces en su historia se nos había hecho un cuestionamiento moral de semejante envergadura. Como el mismo es absolutamente mentiroso y agraviante, hicimos lo que consideramos apropiado: publicar el escrito, pero con la convicción de que las afirmaciones contenidas en este constituían un rompimiento irreparable entre medio y columnista.
Superado el enojoso episodio, podemos decir que los lectores de EL TIEMPO seguirán encontrando en estas páginas las características y valores con los que se ha ganado su aprecio y credibilidad. Son estos, los de pluralismo, seriedad y profesionalismo, los que lo convirtieron en el primer diario de Colombia y en uno de los principales de América Latina. Los mismos, además, que han sido un aporte para la consolidación de la democracia y para combatir tanto las posiciones sectarias de cualquier bando, como los abusos de poder.
Una decisión dolorosa, pero al mismo tiempo firme e irrevocable, fue la tomada por la dirección de EL TIEMPO con respecto al retiro de las páginas de opinión de la columnista Claudia López, quien había colaborado con este diario desde hacía cerca de 30 meses. Sobre lo sucedido es necesario hacer varias reflexiones y consideraciones, pues es indispensable que el público comprenda los motivos de una determinación drástica, que está, en nuestro entender, plenamente justificada. Haber respondido con el silencio, o una imposible actitud flexible, equivaldría a aceptar como verdaderas, afirmaciones que son a la vez mentirosas y temerarias.
Para comenzar, es necesario decir que cualquier lector, sea columnista o no, está en su pleno derecho de compartir, rechazar o criticar el cubrimiento informativo que hace EL TIEMPO de la realidad colombiana o internacional. La divulgación de las cartas y comentarios del público, tanto en la edición impresa como en las páginas de Internet, es prueba de ello. Pero esa potestad no puede confundirse, en el caso de los colaboradores del periódico, con una patente de corso para poner en tela de juicio los principios éticos y la honorabilidad de los periodistas que trabajan en este diario. Para decirlo con toda claridad, en este matutino no se "fabrican" o "inducen" noticias, ni se condiciona el cubrimiento de las mismas a intereses políticos o económicos.
En el caso concreto del escándalo relacionado con el programa Agro, Ingreso Seguro, destapado por la revista Cambio -propiedad de esta Casa Editorial-, el periódico ha hecho un seguimiento en profundidad, que comprende no menos de 45 escritos sobre el tema, incluyendo un editorial publicado el pasado 2 de octubre. En este, EL TIEMPO expresó su preocupación por lo sucedido y exigió claridad sobre unos hechos que cada vez más dejan en claro un preocupante entramado de corrupción y favoritismos.
Por otra parte, sabemos que el protagonismo público de algunos miembros de la familia Santos -accionistas minoritarios de la Casa Editorial EL TIEMPO- o los intereses legítimos que sobre el tercer canal de televisión tiene el socio mayoritario -el Grupo Planeta- son utilizados para construir absurdas interpretaciones sobre las noticias que publicamos. Algunas son fruto de las suspicacias exageradas, tan propias de la idiosincrasia nacional. Otras son producto de malas intenciones y de intereses empeñados en hacer daño. Pero el mandato inequívoco que tienen nuestros reporteros y redactores es el de siempre: subordinar todas las consideraciones a los principios esenciales del periodismo profesional, riguroso, equilibrado y preciso.
De tal manera, una cosa es el derecho a la libertad de expresión, que EL TIEMPO ha respetado y defendido en forma indeclinable a lo largo de sus casi 100 años de existencia, y otra es el deber de sus columnistas de abstenerse de hacer acusaciones o descalificaciones sin fundamento. Como otros diarios nacionales, este ha sido víctima de presiones, amenazas, censura e incluso el cierre durante las épocas aciagas de la dictadura. Pero pocas veces en su historia se nos había hecho un cuestionamiento moral de semejante envergadura. Como el mismo es absolutamente mentiroso y agraviante, hicimos lo que consideramos apropiado: publicar el escrito, pero con la convicción de que las afirmaciones contenidas en este constituían un rompimiento irreparable entre medio y columnista.
Superado el enojoso episodio, podemos decir que los lectores de EL TIEMPO seguirán encontrando en estas páginas las características y valores con los que se ha ganado su aprecio y credibilidad. Son estos, los de pluralismo, seriedad y profesionalismo, los que lo convirtieron en el primer diario de Colombia y en uno de los principales de América Latina. Los mismos, además, que han sido un aporte para la consolidación de la democracia y para combatir tanto las posiciones sectarias de cualquier bando, como los abusos de poder.
Reflexiones sobre un escándalo
Se preguntaba Rudolf Hommes en su columna de la semana pasada por qué unos temas se vuelven escándalos y otros no. Sugería que se requiere que el grueso del público tome conciencia y que haya un instigador. El cubrimiento que EL TIEMPO le dio al escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) ofrece una oportunidad para reflexionar al respecto.
A diferencia de los demás medios escritos, EL TIEMPO no profundizó sobre el programa AIS sino sobre los efectos políticos del escándalo. Tomar ese ángulo era una decisión periodística válida dado que sus socios de la revista Cambio ya habían hecho el resto del trabajo. Sin embargo, más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo.
La fabricación sesgada empezó con una pregunta en un foro en el tiempo.com, siguió con una nota que destacaba lo dicho por los foristas y concluyó con un supuesto artículo de análisis. En el foro se indagó a los foristas si creían que Arias debía renunciar por el escándalo de AIS. No sobra recordar que a EL TIEMPO nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los 'falsos positivos'. En el caso de Arias sí se le ocurrió. Culminado el foro, publicaron una nota titulada 'Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com', en la que destacaban que "la mayoría de usuarios le pide al ex ministro que renuncie a su precandidatura" y que "hubo muy pocos que defendieron a Arias". Luego del foro inducido y la nota destacada, remataron con un artículo cuyo título sentenciaba: 'Andrés Felipe Arias sale debilitado y Juan Manuel Santos logra ventaja en medio del escándalo de AIS'.
Es obvio que Arias sale debilitado, pero no es nada obvio que la consecuencia sea que Santos "logra ventaja". EL TIEMPO asegura que el traspié de Arias "llevó a Juan Manuel Santos a convertirse en un ganador neto esta semana". ¿De dónde saca EL TIEMPO que el espacio perdido por Arias fue ganado por Santos? ¿Hicieron una encuesta? No, pero a falta de encuesta el periódico usó su foro para lanzar la pregunta, inducir la respuesta y construir de allí sus conclusiones.
Aunque Arias no está compitiendo con Santos, sino con Noemí dentro de la consulta conservadora, el supuesto análisis ni siquiera menciona que una de las posibles ganadoras del desliz de Arias es Noemí. Además, el análisis se inventa un hecho para reforzar su argumento. Afirma que una de las razones por las cuales el fortalecido es Santos es que "los conservadores, además, tienen que someterse a una consulta interna para buscar su candidato, mientras 'la U' ya lo tiene: Santos". 'La U' no ha escogido candidato presidencial. Lo único que le han ofrecido a Santos en la U es la jefatura del partido, no la candidatura presidencial. 'La U' es el promotor del referendo reeleccionista y si es aprobado es de esperarse que sea Uribe, no Santos, el candidato presidencial de 'la U'. Supongo que esos hechos dañaban el "enfoque del análisis" y por eso fueron desechados.
"No será fácil que Noemí merezca el respaldo de Uribe, después de que ella lo ha acusado de 'comprar' el referendo y amenazado con 'derrotarlo' en las urnas." Esta frase, casi transcrita de declaraciones de Santos, trata de presentar como periodística la versión de Santos de que él, a diferencia de Noemí, no es un traidor ni quiere derrotar a Uribe. Cualquiera que conozca medianamente la carrera de Santos sabe que cambiar de bando ha sido la constante de su ascenso político, al igual que de Noemí, y cualquiera entiende que ambos quieren suceder a Uribe; sólo que Santos quiere hacerlo sin que parezca una traición, agrego yo.
La calidad periodística de EL TIEMPO está cada vez más comprometida por el creciente conflicto de interés entre sus propósitos comerciales (ganarse el tercer canal) y políticos (cubrir al Gobierno que otorga el canal y a su socio en campaña) y sus deberes periodísticos. Este tipo de cubrimientos sesgados en nada contribuyen a resolver periodísticamente ese conflicto; lo único que logran es evidenciarlo.
N. de la D.: EL TIEMPO rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La Dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia, que acepta de manera inmediata.
Claudia López
A diferencia de los demás medios escritos, EL TIEMPO no profundizó sobre el programa AIS sino sobre los efectos políticos del escándalo. Tomar ese ángulo era una decisión periodística válida dado que sus socios de la revista Cambio ya habían hecho el resto del trabajo. Sin embargo, más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo.
La fabricación sesgada empezó con una pregunta en un foro en el tiempo.com, siguió con una nota que destacaba lo dicho por los foristas y concluyó con un supuesto artículo de análisis. En el foro se indagó a los foristas si creían que Arias debía renunciar por el escándalo de AIS. No sobra recordar que a EL TIEMPO nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los 'falsos positivos'. En el caso de Arias sí se le ocurrió. Culminado el foro, publicaron una nota titulada 'Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com', en la que destacaban que "la mayoría de usuarios le pide al ex ministro que renuncie a su precandidatura" y que "hubo muy pocos que defendieron a Arias". Luego del foro inducido y la nota destacada, remataron con un artículo cuyo título sentenciaba: 'Andrés Felipe Arias sale debilitado y Juan Manuel Santos logra ventaja en medio del escándalo de AIS'.
Es obvio que Arias sale debilitado, pero no es nada obvio que la consecuencia sea que Santos "logra ventaja". EL TIEMPO asegura que el traspié de Arias "llevó a Juan Manuel Santos a convertirse en un ganador neto esta semana". ¿De dónde saca EL TIEMPO que el espacio perdido por Arias fue ganado por Santos? ¿Hicieron una encuesta? No, pero a falta de encuesta el periódico usó su foro para lanzar la pregunta, inducir la respuesta y construir de allí sus conclusiones.
Aunque Arias no está compitiendo con Santos, sino con Noemí dentro de la consulta conservadora, el supuesto análisis ni siquiera menciona que una de las posibles ganadoras del desliz de Arias es Noemí. Además, el análisis se inventa un hecho para reforzar su argumento. Afirma que una de las razones por las cuales el fortalecido es Santos es que "los conservadores, además, tienen que someterse a una consulta interna para buscar su candidato, mientras 'la U' ya lo tiene: Santos". 'La U' no ha escogido candidato presidencial. Lo único que le han ofrecido a Santos en la U es la jefatura del partido, no la candidatura presidencial. 'La U' es el promotor del referendo reeleccionista y si es aprobado es de esperarse que sea Uribe, no Santos, el candidato presidencial de 'la U'. Supongo que esos hechos dañaban el "enfoque del análisis" y por eso fueron desechados.
"No será fácil que Noemí merezca el respaldo de Uribe, después de que ella lo ha acusado de 'comprar' el referendo y amenazado con 'derrotarlo' en las urnas." Esta frase, casi transcrita de declaraciones de Santos, trata de presentar como periodística la versión de Santos de que él, a diferencia de Noemí, no es un traidor ni quiere derrotar a Uribe. Cualquiera que conozca medianamente la carrera de Santos sabe que cambiar de bando ha sido la constante de su ascenso político, al igual que de Noemí, y cualquiera entiende que ambos quieren suceder a Uribe; sólo que Santos quiere hacerlo sin que parezca una traición, agrego yo.
La calidad periodística de EL TIEMPO está cada vez más comprometida por el creciente conflicto de interés entre sus propósitos comerciales (ganarse el tercer canal) y políticos (cubrir al Gobierno que otorga el canal y a su socio en campaña) y sus deberes periodísticos. Este tipo de cubrimientos sesgados en nada contribuyen a resolver periodísticamente ese conflicto; lo único que logran es evidenciarlo.
N. de la D.: EL TIEMPO rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La Dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia, que acepta de manera inmediata.
Claudia López
Agro Ingreso Seguro
Por: Salomón Kalmanovitz
EL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGUro (AIS) compensaba a los agricultores por los presuntos efectos nocivos que iba a tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre sus actividades.
Se suponía que un poco de competencia los iba a lesionar tanto que para vencer su oposición al tratado, que atrasó durante un año las negociaciones, se les otorgó una ley atada originalmente con un billón de pesos al año. Toda la sociedad debía subsidiar entonces la ineficiencia de esos pocos.
El tratado nunca se firmó, pero los subsidios quedaron en pie. Andrés Felipe Arias se ufanaba de que la mitad de los recursos los destinaba a la investigación que iba a elevar la desastrosa productividad del sector, algo que en verdad no se puede corroborar: la información que provee el Ministerio de Agricultura ni siquiera incluye el programa Agro Ingreso Seguro.
Lo que se puede destacar de las convocatorias de apoyo que hace el Ministerio es que los recursos para adquirir unidades agrícolas familiares por campesinos y desplazados es de $20.000 millones, 2% de los recursos de AIS y que los trámites son tan engorrosos y caros que pocos son los campesinos que pueden acceder a ellos.
Los recursos canalizados a las familias más poderosas del Magdalena, de Cundinamarca y del Valle del Cauca eran del orden de $72.500 millones, 3,5 veces los recursos para los pobres y todavía no sabemos cómo se distribuyó el resto de los $900.000 millones. Existen múltiples programas que apoyan la capitalización rural, la palmicultura y la industria azucarera con condonación de créditos entre 40 y 20% del valor adquirido.
Lo cierto es que en estos dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país: se completaron 4 millones de desplazados, con más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, elevando la indigencia de cientos de miles de familias que incluso habían alcanzado a ser clase media rural. Las políticas públicas y los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas, sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado y con más de una oveja negra en negocios ilegales.
El hecho es que hay una larga tradición en el país de origen feudal que informa que los grandes propietarios de tierras pagan muy pocos impuestos. La propiedad del suelo les otorga poder político, pueden ocultarla del fisco y se valoriza con la inflación de alimentos, y con la demanda de narcos y de las clases medias urbanas.
A pesar de que no pagan por el Estado, los latifundistas tienen una gran sobrerrepresentación en él, por la vía del Congreso, ministerios y de la política regional. Durante el conflicto les correspondió pagar impuestos ilegales a las Farc y a los paramilitares, algo que gracias a la política de seguridad se les ha aliviado. Los impuestos de la población urbana y de los empresarios financiaron los gastos en seguridad que los salvaron.
No sólo no pagan impuestos, sino que capturan los que pagamos los ciudadanos para usufructuarlos en sus empresas agropecuarios o en sus aventuras políticas. Para cerrar la ecuación de injusticia infinita, los subsidios recibidos por esta plutocracia terrateniente están exentos de… impuestos, gracias a sus buenos oficios legislativos.
EL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGUro (AIS) compensaba a los agricultores por los presuntos efectos nocivos que iba a tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre sus actividades.
Se suponía que un poco de competencia los iba a lesionar tanto que para vencer su oposición al tratado, que atrasó durante un año las negociaciones, se les otorgó una ley atada originalmente con un billón de pesos al año. Toda la sociedad debía subsidiar entonces la ineficiencia de esos pocos.
El tratado nunca se firmó, pero los subsidios quedaron en pie. Andrés Felipe Arias se ufanaba de que la mitad de los recursos los destinaba a la investigación que iba a elevar la desastrosa productividad del sector, algo que en verdad no se puede corroborar: la información que provee el Ministerio de Agricultura ni siquiera incluye el programa Agro Ingreso Seguro.
Lo que se puede destacar de las convocatorias de apoyo que hace el Ministerio es que los recursos para adquirir unidades agrícolas familiares por campesinos y desplazados es de $20.000 millones, 2% de los recursos de AIS y que los trámites son tan engorrosos y caros que pocos son los campesinos que pueden acceder a ellos.
Los recursos canalizados a las familias más poderosas del Magdalena, de Cundinamarca y del Valle del Cauca eran del orden de $72.500 millones, 3,5 veces los recursos para los pobres y todavía no sabemos cómo se distribuyó el resto de los $900.000 millones. Existen múltiples programas que apoyan la capitalización rural, la palmicultura y la industria azucarera con condonación de créditos entre 40 y 20% del valor adquirido.
Lo cierto es que en estos dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país: se completaron 4 millones de desplazados, con más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, elevando la indigencia de cientos de miles de familias que incluso habían alcanzado a ser clase media rural. Las políticas públicas y los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas, sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado y con más de una oveja negra en negocios ilegales.
El hecho es que hay una larga tradición en el país de origen feudal que informa que los grandes propietarios de tierras pagan muy pocos impuestos. La propiedad del suelo les otorga poder político, pueden ocultarla del fisco y se valoriza con la inflación de alimentos, y con la demanda de narcos y de las clases medias urbanas.
A pesar de que no pagan por el Estado, los latifundistas tienen una gran sobrerrepresentación en él, por la vía del Congreso, ministerios y de la política regional. Durante el conflicto les correspondió pagar impuestos ilegales a las Farc y a los paramilitares, algo que gracias a la política de seguridad se les ha aliviado. Los impuestos de la población urbana y de los empresarios financiaron los gastos en seguridad que los salvaron.
No sólo no pagan impuestos, sino que capturan los que pagamos los ciudadanos para usufructuarlos en sus empresas agropecuarios o en sus aventuras políticas. Para cerrar la ecuación de injusticia infinita, los subsidios recibidos por esta plutocracia terrateniente están exentos de… impuestos, gracias a sus buenos oficios legislativos.
miércoles, 14 de octubre de 2009
Usaquén, bloqueada
Con la decisión de no hacer TransMilenio en la 7a. sino un cuasi algo que apenas mantiene el nombre, que además solo operará hasta la calle 100, los habitantes de la calle 100 hacia el norte alrededor de la 7a. quedarán bloqueados durante al menos los próximos 30 años. Los embotellamientos serán cada vez más espesos y no tendrán transporte masivo. Quien viva en Cedritos habría podido ir en TransMilenio a la calle 72 en menos de 15 minutos; con las decisiones adoptadas, le tomará más de una hora. Quienes se movilizan en carro también se habrían beneficiado del menor tráfico, pues TransMilenio bien hecho habría atraído a muchos automovilistas: hoy, 17 por ciento de los usuarios de TransMilenio tienen carro.
La decisión de la Alcaldía implica meter a toda la población del nororiente en buses alimentadores hasta una estación de integración en la calle 100, donde tendrán que cambiar al bus de 'TransMilenio'. Al norte de la 100 irán a velocidad casi peatonal, mezclados con el resto del tráfico, en medio del trancón.
Como se cobrarán 800 pesos por el uso del bus alimentador, como se está haciendo hoy en la calle 142, en Cedritos, para llevar pasajeros a la troncal Autopista, los ciudadanos tendrán que pagar mucho más. Por ejemplo, quienes tomen el bus en San Cristóbal norte, tendrán que pagar los 800 pesos del bus alimentador, más los 1.500 del 'TransMilenio', para un total de 2.300 pesos, cuando hoy solo pagan 1.200 de un bus tradicional: 660.000 pesos más anualmente. Si esos buses alimentadores no se cobran, el costo para el sistema sería enorme: quienes van, por ejemplo, de la calle 170 a Usaquén viajarían gratis.
El nuevo 'TransMilenio' de la 7a. no incluye el mejoramiento urbano, como aceras y plazoletas, o los puentes sobre las calles 85 y 92, que estaban incluidos en los diseños originales. Tampoco tiene los sobrepasos en las estaciones, que son lo que le da al sistema velocidad, al permitir la operación de buses expresos, y capacidad, al multiplicar hasta por 5 la capacidad de un sistema sin sobrepasos. Las edificaciones de poco valor que se había contemplado demoler para abrir campo a los sobrepasos, seguramente serán reemplazadas por otras más costosas, que imposibilitarán su demolición y la construcción de una buena troncal aun en el futuro.
El 'TransMilenio' de la 7a. no tendrá carriles exclusivos, sino 'preferenciales' entre la calle 72 y la 100. Esto significa que allí habrá vehículos estacionados dejando pasajeros o carga y, como ocurre en las ciudades del mundo con carriles "preferenciales" sin separación física, los demás vehículos terminarán invadiendo los carriles de los buses.
Probablemente, la principal área de expansión de la ciudad en los próximos 25 años será el nororiente, para lo que se ha anunciado la aprobación del "plan zonal del norte", sin solución de transporte masivo.
Con TransMilenio, en lugar del metro que no habrá en la 7a., los ciudadanos obtienen ventajas. Muchos metros van tan llenos o más que TM. Por ejemplo, en la línea roja de Sao Paulo, los pasajeros deben tomar el tren 5 estaciones en la dirección contraria, para poder subirse al tren que necesitan. Y es más agradable viajar en superficie, con luz natural, que viajar enterrado. La sensación de inseguridad en las estaciones subterráneas lleva a que aun en ciudades avanzadas muchos eviten el metro tarde en la noche. Las largas escaleras que hay que usar no son agradables; aunque sean mecánicas, se dañan con frecuencia.
Cuando hay ascensores para personas en silla de ruedas o con coches de bebé, además de apestar frecuentemente, son difíciles de encontrar y se dañan. En Nueva York, 1 de cada 6 ascensores estuvo dañado más de un mes en el 2007.
Una tarea hermosa para los ediles de Usaquén es estudiar y comparar lo que había diseñado con lo que se va a hacer, y entender las implicaciones para las familias de su localidad. Y explicarlo a sus electores, cuya calidad de vida se va a deteriorar aceleradamente, a la vez que se desvalorizan sus inmuebles.
Enrique Peñalosa
La decisión de la Alcaldía implica meter a toda la población del nororiente en buses alimentadores hasta una estación de integración en la calle 100, donde tendrán que cambiar al bus de 'TransMilenio'. Al norte de la 100 irán a velocidad casi peatonal, mezclados con el resto del tráfico, en medio del trancón.
Como se cobrarán 800 pesos por el uso del bus alimentador, como se está haciendo hoy en la calle 142, en Cedritos, para llevar pasajeros a la troncal Autopista, los ciudadanos tendrán que pagar mucho más. Por ejemplo, quienes tomen el bus en San Cristóbal norte, tendrán que pagar los 800 pesos del bus alimentador, más los 1.500 del 'TransMilenio', para un total de 2.300 pesos, cuando hoy solo pagan 1.200 de un bus tradicional: 660.000 pesos más anualmente. Si esos buses alimentadores no se cobran, el costo para el sistema sería enorme: quienes van, por ejemplo, de la calle 170 a Usaquén viajarían gratis.
El nuevo 'TransMilenio' de la 7a. no incluye el mejoramiento urbano, como aceras y plazoletas, o los puentes sobre las calles 85 y 92, que estaban incluidos en los diseños originales. Tampoco tiene los sobrepasos en las estaciones, que son lo que le da al sistema velocidad, al permitir la operación de buses expresos, y capacidad, al multiplicar hasta por 5 la capacidad de un sistema sin sobrepasos. Las edificaciones de poco valor que se había contemplado demoler para abrir campo a los sobrepasos, seguramente serán reemplazadas por otras más costosas, que imposibilitarán su demolición y la construcción de una buena troncal aun en el futuro.
El 'TransMilenio' de la 7a. no tendrá carriles exclusivos, sino 'preferenciales' entre la calle 72 y la 100. Esto significa que allí habrá vehículos estacionados dejando pasajeros o carga y, como ocurre en las ciudades del mundo con carriles "preferenciales" sin separación física, los demás vehículos terminarán invadiendo los carriles de los buses.
Probablemente, la principal área de expansión de la ciudad en los próximos 25 años será el nororiente, para lo que se ha anunciado la aprobación del "plan zonal del norte", sin solución de transporte masivo.
Con TransMilenio, en lugar del metro que no habrá en la 7a., los ciudadanos obtienen ventajas. Muchos metros van tan llenos o más que TM. Por ejemplo, en la línea roja de Sao Paulo, los pasajeros deben tomar el tren 5 estaciones en la dirección contraria, para poder subirse al tren que necesitan. Y es más agradable viajar en superficie, con luz natural, que viajar enterrado. La sensación de inseguridad en las estaciones subterráneas lleva a que aun en ciudades avanzadas muchos eviten el metro tarde en la noche. Las largas escaleras que hay que usar no son agradables; aunque sean mecánicas, se dañan con frecuencia.
Cuando hay ascensores para personas en silla de ruedas o con coches de bebé, además de apestar frecuentemente, son difíciles de encontrar y se dañan. En Nueva York, 1 de cada 6 ascensores estuvo dañado más de un mes en el 2007.
Una tarea hermosa para los ediles de Usaquén es estudiar y comparar lo que había diseñado con lo que se va a hacer, y entender las implicaciones para las familias de su localidad. Y explicarlo a sus electores, cuya calidad de vida se va a deteriorar aceleradamente, a la vez que se desvalorizan sus inmuebles.
Enrique Peñalosa
jueves, 8 de octubre de 2009
Agro, Empleo Seguro
Hablar técnicamente de AIS en medio de esta polarización política es como recitar a Borges en la mitad de una discoteca. En una confrontación política, como en la guerra, la primera víctima tiende a ser la verdad. Como dijo André Gide: "Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo". Es preciso explicar hasta el cansancio.
AIS ha beneficiado a 316.000 familias del campo. El 98 por ciento corresponde a pequeños y medianos productores, que han recibido el 88 por ciento de los recursos. En el caso de riego, los pequeños y medianos son el 99 por ciento y reciben el 94 por ciento de los recursos. Esto contrasta con otros países, en donde los programas agrícolas están altamente concentrados en los grandes productores. Por ejemplo, en Francia el 1 por ciento de los más grandes recibe más recursos que el 40 por ciento de los más pequeños.
AIS ha generado 376.000 empleos en el campo. No en vano el último dato indica que la tasa de desempleo rural ha caído a 7,4 por ciento. En el resto del país, el desempleo ronda el 12 por ciento. Algo tiene que estar funcionando bien en la política agrícola, que tiene como uno de sus ejes el programa AIS.
AIS fue diseñado con paredes de cristal; es transparente y blindado de presiones políticas o electorales. En efecto, todos los recursos se adjudican con mecanismos públicos, transparentes y abiertos a cualquier colombiano que quiera acceder. Ni el Ministro, ni el Presidente, ni funcionario alguno pueden meter un dedo en el proceso.
Por ejemplo, los recursos para riego se asignan a través de convocatorias públicas, administradas por una entidad multilateral ajena a los intereses del Gobierno: el Iica, adscrito a la OEA. Por ende, pensar que existe correlación entre los recursos de riego de AIS y la financiación de una campaña no solo es dudar de la transparencia del Iica-OEA, sino creer que 34 países del continente están al servicio de la causa del Gobierno.
Más aún, los recursos de AIS no pueden ir al bolsillo de los agricultores. Es decir, no pueden ser utilizados para viajar al exterior o comprarse una camioneta último modelo. Todos los recursos se adjudican únicamente en la medida en que los proyectos se van ejecutando físicamente. Por ejemplo, en el caso de riego, los recursos van a una fiducia. La fiducia solo desembolsa para pagar a los proveedores de los tubos, del cemento, a los obreros, etc. Nunca van al bolsillo del agricultor.
El que varias personas pertenecientes a ciertas familias del Magdalena hayan recibido incentivos de riego quiere decir que cada una de esas personas presentó un proyecto diferente, en un predio diferente, con fuente hídrica independiente, que cumplió todos los requisitos, todas las condiciones, y obtuvo el puntaje para que el Iica-OEA hubiera determinado que debía ser seleccionado dentro de los miles y miles de proyectos que han sido favorecidos por el programa. Dudar de esto es dudar de la transparencia del IICA-OEA. Pero, además, en Cauca, Huila y Putumayo se presentan casos similares. Lo triste es que el debate parece centrarse solo en el Magdalena.
Ahora bien, excluir a una persona por su apellido o región de origen hubiera significado al Iica-OEA un prevaricato, una violación de la Constitución, y le hubiera generado sendas demandas a la Nación. Los precedentes jurídicos son contundentes.
Por último, toda obra humana es imperfecta y se puede mejorar. Además, nadie puede negar que en el campo todavía falta mucho por avanzar. Pero ¿son estas razones suficientes para politizar y despedazar un programa bien intencionado y transparente como AIS, un programa que ha bajado el desempleo rural a niveles que no veíamos hace muchos años? No. ¿Razones para mejorarlo? Por supuesto. Lo que no cambia y evoluciona está muerto y si hay algo que está vivo es AIS.
Andrés Felipe Arias*
AIS ha beneficiado a 316.000 familias del campo. El 98 por ciento corresponde a pequeños y medianos productores, que han recibido el 88 por ciento de los recursos. En el caso de riego, los pequeños y medianos son el 99 por ciento y reciben el 94 por ciento de los recursos. Esto contrasta con otros países, en donde los programas agrícolas están altamente concentrados en los grandes productores. Por ejemplo, en Francia el 1 por ciento de los más grandes recibe más recursos que el 40 por ciento de los más pequeños.
AIS ha generado 376.000 empleos en el campo. No en vano el último dato indica que la tasa de desempleo rural ha caído a 7,4 por ciento. En el resto del país, el desempleo ronda el 12 por ciento. Algo tiene que estar funcionando bien en la política agrícola, que tiene como uno de sus ejes el programa AIS.
AIS fue diseñado con paredes de cristal; es transparente y blindado de presiones políticas o electorales. En efecto, todos los recursos se adjudican con mecanismos públicos, transparentes y abiertos a cualquier colombiano que quiera acceder. Ni el Ministro, ni el Presidente, ni funcionario alguno pueden meter un dedo en el proceso.
Por ejemplo, los recursos para riego se asignan a través de convocatorias públicas, administradas por una entidad multilateral ajena a los intereses del Gobierno: el Iica, adscrito a la OEA. Por ende, pensar que existe correlación entre los recursos de riego de AIS y la financiación de una campaña no solo es dudar de la transparencia del Iica-OEA, sino creer que 34 países del continente están al servicio de la causa del Gobierno.
Más aún, los recursos de AIS no pueden ir al bolsillo de los agricultores. Es decir, no pueden ser utilizados para viajar al exterior o comprarse una camioneta último modelo. Todos los recursos se adjudican únicamente en la medida en que los proyectos se van ejecutando físicamente. Por ejemplo, en el caso de riego, los recursos van a una fiducia. La fiducia solo desembolsa para pagar a los proveedores de los tubos, del cemento, a los obreros, etc. Nunca van al bolsillo del agricultor.
El que varias personas pertenecientes a ciertas familias del Magdalena hayan recibido incentivos de riego quiere decir que cada una de esas personas presentó un proyecto diferente, en un predio diferente, con fuente hídrica independiente, que cumplió todos los requisitos, todas las condiciones, y obtuvo el puntaje para que el Iica-OEA hubiera determinado que debía ser seleccionado dentro de los miles y miles de proyectos que han sido favorecidos por el programa. Dudar de esto es dudar de la transparencia del IICA-OEA. Pero, además, en Cauca, Huila y Putumayo se presentan casos similares. Lo triste es que el debate parece centrarse solo en el Magdalena.
Ahora bien, excluir a una persona por su apellido o región de origen hubiera significado al Iica-OEA un prevaricato, una violación de la Constitución, y le hubiera generado sendas demandas a la Nación. Los precedentes jurídicos son contundentes.
Por último, toda obra humana es imperfecta y se puede mejorar. Además, nadie puede negar que en el campo todavía falta mucho por avanzar. Pero ¿son estas razones suficientes para politizar y despedazar un programa bien intencionado y transparente como AIS, un programa que ha bajado el desempleo rural a niveles que no veíamos hace muchos años? No. ¿Razones para mejorarlo? Por supuesto. Lo que no cambia y evoluciona está muerto y si hay algo que está vivo es AIS.
Andrés Felipe Arias*
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