Ni los avances médicos ni el dominio tecnológico pueden evitar que la especie siga cambiando y varios estudios predicen cómo serán las personas del futuro.
Que los seres humanos hoy tengan una expectativa de vida más larga que nunca antes, en buena medida gracias a los avances de la ciencia médica y los cambios culturales, no quiere decir que ya no estén evolucionando. Aunque en forma lenta, cambiamos, igual que otras formas de vida.
Investigadores han ido aportando, a través de sus estudios, múltiples evidencias en este sentido. El más reciente fue llevado a cabo por científicos de la Universidad de Yale (Estados Unidos), que analizaron los efectos de la selección natural en dos generaciones de mujeres contemporáneas.
Con base en sus hallazgos, uno de los autores de la investigación, Stephen C. Stearns, aseguró que "la idea de que la selección natural ha dejado de funcionar en los humanos porque ahora somos mejores en la tarea de mantener a la gente viva es falsa". Y añadió que las características que permiten a las mujeres tener hijos seguirán sujetas a la selección natural.
Los científicos midieron el éxito reproductivo individual de 2.238 mujeres entradas en la menopausia y, teniendo en cuenta sus diferencias socieconómicas, llegaron a una sorprendente conclusión: hay una tendencia clara a que las hijas y las nietas de estas mujeres sean un poco más bajas y macizas, aunque con un corazón más sano y con capacidad de reproducirse a más temprana edad.
Sus hallazgos no dejan de ser curiosos, pues otras investigaciones, entre ellas las de Oliver Curry, del Centro de Ciencias Naturales y Sociales de Londres, pintan a los hombres del futuro más altos, más delgados y con la capacidad de vivir hasta los 120 años.
El científico afirma, con base en sus conclusiones, que si la alimentación se vuelve más útil y específica, antes del año 3000 las personas sobrepasarán los 2 metros de estatura. De hecho, en varios países del mundo donde ha disminuido la pobreza y mejorado la nutrición, se han visto aumentos en la talla promedio. En los últimos 150 años, la estatura media de los europeos ha aumentado más de 20 centímetros.
Según Curry, como masticar será una función cada vez menos importante, el desarrollo del mentón y de los dientes será menor; el cuello se acortará y la laringe cambiará de posición, con lo cual la voz será más grave.
Menos diferencias raciales
Debido a la mezcla interracial ya no habrá blancos, negros o amarillos sino personas con un tono de piel cada vez más uniforme.
En la medida en que no se requiera la función protectiva del pelo, éste, al igual que las cejas, tenderán a desaparecer.
Gracias a los múltiples estímulos del entorno, el desarrollo cerebral será mayor, por lo cual la humanidad será más inteligente.
Sobra decir que todo esto se daría sólo si las personas tienen garantizado, en forma permanente, el acceso a recursos como la salud, la educación, la nutrición y la interacción social y cultural.
En estados de carencia la población puede ser más longeva, pero "rechoncha, asimétrica y mucho menos inteligente", dice Curry.
De hecho, el antropólogo australiano Peter McAllister, destaca en su libro Manthropology los cambios -deterioro, en su opinión- que ha sufrido el cuerpo humano como consecuencia del sedentarismo. Y cita, entre otros datos, que una mujer Neanderthal tenía la masa muscular 10 por ciento mayor que la de un bien alimentado hombre europeo de nuestro tiempo. Y que huellas fosilizadas de aborígenes australianos han permitido concluir que alcanzaban velocidades similares a las de los atletas de elite de hoy, pero a campo traviesa y descalzos.
"Hemos perdido 40 por ciento de la envergadura de nuestros huesos más largos debido a que soportan mucho menos carga muscular(...) Incluso las personas de la época de la Revolución Industrial eran más robustas que nosotros", dice McAllister.
El genetista colombiano Emilio Yunis opina, por su parte, que la humana es una raza terminal, lo que quiere decir que a partir de ella no se generarán subespecies con cambios mayores (por ejemplo, personas con tres piernas o menos ojos), "las mutaciones se darán en poblaciones, no en individuos; hoy vemos poblaciones enteras con obesidad; claro está que éstas no deben su gordura a una condición predeterminada por la especie, sino a factores del entorno que agreden su condición. Dentro de ellos se cuentan tanto la mala dieta, los hábitos poco sanos y la contaminación ambiental", dice.
Yunis sostiene, además. que la fertilidad ha decrecido, no por un asunto genético sino porque la especie le huye, cada vez más, a la reproducción, "como antes las personas duraban poco, tenían la necesidad de trascender a través de los hijos; como hoy viven más ya no es imperativo hacerlo".
Finalmente, el genetista considera que lo importante hoy no es preocuparse por la selección natural sino por la supervivencia: "De no cambiar ahora pronto la humanidad no tendrá un planeta en el cual evolucionar", dice.
El cerebro, el órgano que más ha cambiado
Las transformaciones del cerebro humano han estado determinadas por los cambios genéticos que, al heredarse, le han dado 'plasticidad'; esta característica es la que le permite superar retos prácticos e intelectuales.
Los cambios más recientes y más significativos de este órgano han ocurrido gracias a la interacción con el entorno.
A diferencia de otras especies, el cerebro humano es capaz de simplificar información y transmitirla de una generación a otra, para que esta no tenga que partir de cero.
Hoy, cuando una nueva despunta cuenta con desarrollos fundamentales como el lenguaje, la escritura, los símbolos, las matemáticas, las ciencias, por ejemplo, sobre los cuales construye desarrollos cada vez más grandes.
Al multiplicarse la interacción, gracias a los avances tecnológicos, las neuronas reciben estímulos que las obligan a generar nuevas funciones.
Y aunque esto se ha dado naturalmente, también existe la posibilidad de que el cerebro evolucione gracias a la tecnología, a través de la manipulación genética, o con la creación de chips cerebrales que incrementan capacidades como las de recordar, escuchar e incluso transmitir órdenes mentales (cosa que ya está probada) para el manejo de computadores, por ejemplo.
Andy Clark, filósofo del Reino Unido, estima que no pasará mucho tiempo para que la humanidad cuente con dispositivos informáticos cerebrales creados según la necesidad: "Entre estos se contarán -dice Clark- desde un asistente de memoria hasta un buscador de información que se tenga almacenada en el cerebro, en otro dispositivo, claro".
CARLOS F. FERNÁNDEZ
SONIA PERILLA S.
REDACCIÓN SALUD
domingo, 8 de noviembre de 2009
martes, 3 de noviembre de 2009
jueves, 22 de octubre de 2009
Tanques en la frontera
A veces, las relaciones entre las naciones alcanzan un punto donde las cuestiones militares desplazan al comercio o la diplomacia del centro de la escena. Se trata del momento en el que los políticos levantan sus teléfonos para hacer a los analistas de seguridad dos preguntas claves: ¿qué pueden hacer ellos? y ¿qué podemos hacer nosotros?
Desde luego, esto no significa que un conflicto haya llegado a ser inevitable pero pone de manifiesto un cambio de tono fundamental en las relaciones entre los gobiernos. La posibilidad de un incidente armado se ha convertido en un riesgo real que reclama la atención de cancillerías y ministerios de Defensa para poder ser desactivado. Las recientes compras militares venezolanas parecen colocar las relaciones estratégicas entre Caracas y Bogotá precisamente en ese punto. Un escenario que reclama una revisión de la política colombiana hacia el país vecino para reducir la posibilidad de una crisis de potenciales consecuencias catastróficas.
Gracias a un crédito de 2.200 millones de dólares, el presidente Chávez se ha traído de su reciente visita a Moscú lo más granado de la tecnología militar rusa. De hecho, el arsenal adquirido por Caracas tiene tres componentes básicos. Para empezar, se han comprado una serie de sistemas de misiles que deben integrarse en una arquitectura de defensa aérea por capas. Esta es la idea detrás de la compra de misiles antiaéreos S-300 'Antey 2500', SA-125 'Pechora 2' y SA-17 'Buk-M2'. Además, se han adquirido 92 tanques T-72M para reemplazar los viejos 82 AMX-30 que integraban las fuerzas blindadas del país vecino. Finalmente, se va a recibir un cierto número de lanzacohetes múltiples Smerch, capaces de disparar 12 proyectiles de 300 mm contra blancos terrestres a 90 kilómetros de distancia.
A la hora de valorar una potencial amenaza, resulta necesario contemplar dos tipos de factores: capacidades e intenciones. Sobre las primeras, parece evidente que las nuevas compras van más allá de la mera renovación de equipo obsoleto. De hecho, los sistemas rusos proporcionan capacidades completamente nuevas a los planificadores militares de Caracas. Solo un ejemplo. Los nuevos tanques están mejor armados y son más rápidos que sus antecesores; los lanzacohetes otorgan a la artillería venezolana la capacidad para golpear blancos en el interior de la retaguardia adversaria.
La combinación de ambos elementos proporciona al país vecino una irresistible capacidad ofensiva. Por lo que se refiere a las intenciones, estas siempre resultan difíciles de evaluar en la medida en que se hunden en el terreno incierto de las preferencias ideológicas y las inclinaciones psicológicas de los individuos. En cualquier caso, resulta innegable que el presidente Chávez ha demostrado repetidas veces su predilección por la retórica prebélica. Ahí está para recordarlo aquella famosa orden de "mándame 10 batallones a la frontera". A partir de ahora, hay que asumir que tiene la capacidad para pasar de las palabras a los hechos.
La gran cuestión es qué puede hacer Colombia con un vecino inamistoso que está determinado a dotarse de una abrumadora superioridad militar. Desde luego, ya no hay espacio para ignorar el problema. La agresividad verbal del presidente Chávez y sus ministros hacen imposible olvidar la posibilidad cierta de una crisis.
En consecuencia, es hora de que diplomacia y defensa asuman la parte del reto que le corresponde a cada uno. Por un lado, la Cancillería debería intentar construir los mecanismos de comunicación y fomento de la confianza que eviten la posibilidad de que se pase de la amenaza verbal a la agresión por accidente o error. Por otra parte, las Fuerzas Armadas deben dotarse de los medios necesarios para garantizar la defensa del país sin entrar en una carrera de armamentos carente de sentido. En otras palabras, el Estado debe construir una estrategia que combine negociación y disuasión. Es la única forma de afrontar esta "guerra fría" en la que el presidente Chávez ha hundido a la región andina.
* Director del Área de Información y Análisis de la firma de consultoría Grupo Triarius
Román Ortiz
Desde luego, esto no significa que un conflicto haya llegado a ser inevitable pero pone de manifiesto un cambio de tono fundamental en las relaciones entre los gobiernos. La posibilidad de un incidente armado se ha convertido en un riesgo real que reclama la atención de cancillerías y ministerios de Defensa para poder ser desactivado. Las recientes compras militares venezolanas parecen colocar las relaciones estratégicas entre Caracas y Bogotá precisamente en ese punto. Un escenario que reclama una revisión de la política colombiana hacia el país vecino para reducir la posibilidad de una crisis de potenciales consecuencias catastróficas.
Gracias a un crédito de 2.200 millones de dólares, el presidente Chávez se ha traído de su reciente visita a Moscú lo más granado de la tecnología militar rusa. De hecho, el arsenal adquirido por Caracas tiene tres componentes básicos. Para empezar, se han comprado una serie de sistemas de misiles que deben integrarse en una arquitectura de defensa aérea por capas. Esta es la idea detrás de la compra de misiles antiaéreos S-300 'Antey 2500', SA-125 'Pechora 2' y SA-17 'Buk-M2'. Además, se han adquirido 92 tanques T-72M para reemplazar los viejos 82 AMX-30 que integraban las fuerzas blindadas del país vecino. Finalmente, se va a recibir un cierto número de lanzacohetes múltiples Smerch, capaces de disparar 12 proyectiles de 300 mm contra blancos terrestres a 90 kilómetros de distancia.
A la hora de valorar una potencial amenaza, resulta necesario contemplar dos tipos de factores: capacidades e intenciones. Sobre las primeras, parece evidente que las nuevas compras van más allá de la mera renovación de equipo obsoleto. De hecho, los sistemas rusos proporcionan capacidades completamente nuevas a los planificadores militares de Caracas. Solo un ejemplo. Los nuevos tanques están mejor armados y son más rápidos que sus antecesores; los lanzacohetes otorgan a la artillería venezolana la capacidad para golpear blancos en el interior de la retaguardia adversaria.
La combinación de ambos elementos proporciona al país vecino una irresistible capacidad ofensiva. Por lo que se refiere a las intenciones, estas siempre resultan difíciles de evaluar en la medida en que se hunden en el terreno incierto de las preferencias ideológicas y las inclinaciones psicológicas de los individuos. En cualquier caso, resulta innegable que el presidente Chávez ha demostrado repetidas veces su predilección por la retórica prebélica. Ahí está para recordarlo aquella famosa orden de "mándame 10 batallones a la frontera". A partir de ahora, hay que asumir que tiene la capacidad para pasar de las palabras a los hechos.
La gran cuestión es qué puede hacer Colombia con un vecino inamistoso que está determinado a dotarse de una abrumadora superioridad militar. Desde luego, ya no hay espacio para ignorar el problema. La agresividad verbal del presidente Chávez y sus ministros hacen imposible olvidar la posibilidad cierta de una crisis.
En consecuencia, es hora de que diplomacia y defensa asuman la parte del reto que le corresponde a cada uno. Por un lado, la Cancillería debería intentar construir los mecanismos de comunicación y fomento de la confianza que eviten la posibilidad de que se pase de la amenaza verbal a la agresión por accidente o error. Por otra parte, las Fuerzas Armadas deben dotarse de los medios necesarios para garantizar la defensa del país sin entrar en una carrera de armamentos carente de sentido. En otras palabras, el Estado debe construir una estrategia que combine negociación y disuasión. Es la única forma de afrontar esta "guerra fría" en la que el presidente Chávez ha hundido a la región andina.
* Director del Área de Información y Análisis de la firma de consultoría Grupo Triarius
Román Ortiz
lunes, 19 de octubre de 2009
Razones de una decisión
El Editorial de El Tiempo
Una decisión dolorosa, pero al mismo tiempo firme e irrevocable, fue la tomada por la dirección de EL TIEMPO con respecto al retiro de las páginas de opinión de la columnista Claudia López, quien había colaborado con este diario desde hacía cerca de 30 meses. Sobre lo sucedido es necesario hacer varias reflexiones y consideraciones, pues es indispensable que el público comprenda los motivos de una determinación drástica, que está, en nuestro entender, plenamente justificada. Haber respondido con el silencio, o una imposible actitud flexible, equivaldría a aceptar como verdaderas, afirmaciones que son a la vez mentirosas y temerarias.
Para comenzar, es necesario decir que cualquier lector, sea columnista o no, está en su pleno derecho de compartir, rechazar o criticar el cubrimiento informativo que hace EL TIEMPO de la realidad colombiana o internacional. La divulgación de las cartas y comentarios del público, tanto en la edición impresa como en las páginas de Internet, es prueba de ello. Pero esa potestad no puede confundirse, en el caso de los colaboradores del periódico, con una patente de corso para poner en tela de juicio los principios éticos y la honorabilidad de los periodistas que trabajan en este diario. Para decirlo con toda claridad, en este matutino no se "fabrican" o "inducen" noticias, ni se condiciona el cubrimiento de las mismas a intereses políticos o económicos.
En el caso concreto del escándalo relacionado con el programa Agro, Ingreso Seguro, destapado por la revista Cambio -propiedad de esta Casa Editorial-, el periódico ha hecho un seguimiento en profundidad, que comprende no menos de 45 escritos sobre el tema, incluyendo un editorial publicado el pasado 2 de octubre. En este, EL TIEMPO expresó su preocupación por lo sucedido y exigió claridad sobre unos hechos que cada vez más dejan en claro un preocupante entramado de corrupción y favoritismos.
Por otra parte, sabemos que el protagonismo público de algunos miembros de la familia Santos -accionistas minoritarios de la Casa Editorial EL TIEMPO- o los intereses legítimos que sobre el tercer canal de televisión tiene el socio mayoritario -el Grupo Planeta- son utilizados para construir absurdas interpretaciones sobre las noticias que publicamos. Algunas son fruto de las suspicacias exageradas, tan propias de la idiosincrasia nacional. Otras son producto de malas intenciones y de intereses empeñados en hacer daño. Pero el mandato inequívoco que tienen nuestros reporteros y redactores es el de siempre: subordinar todas las consideraciones a los principios esenciales del periodismo profesional, riguroso, equilibrado y preciso.
De tal manera, una cosa es el derecho a la libertad de expresión, que EL TIEMPO ha respetado y defendido en forma indeclinable a lo largo de sus casi 100 años de existencia, y otra es el deber de sus columnistas de abstenerse de hacer acusaciones o descalificaciones sin fundamento. Como otros diarios nacionales, este ha sido víctima de presiones, amenazas, censura e incluso el cierre durante las épocas aciagas de la dictadura. Pero pocas veces en su historia se nos había hecho un cuestionamiento moral de semejante envergadura. Como el mismo es absolutamente mentiroso y agraviante, hicimos lo que consideramos apropiado: publicar el escrito, pero con la convicción de que las afirmaciones contenidas en este constituían un rompimiento irreparable entre medio y columnista.
Superado el enojoso episodio, podemos decir que los lectores de EL TIEMPO seguirán encontrando en estas páginas las características y valores con los que se ha ganado su aprecio y credibilidad. Son estos, los de pluralismo, seriedad y profesionalismo, los que lo convirtieron en el primer diario de Colombia y en uno de los principales de América Latina. Los mismos, además, que han sido un aporte para la consolidación de la democracia y para combatir tanto las posiciones sectarias de cualquier bando, como los abusos de poder.
Una decisión dolorosa, pero al mismo tiempo firme e irrevocable, fue la tomada por la dirección de EL TIEMPO con respecto al retiro de las páginas de opinión de la columnista Claudia López, quien había colaborado con este diario desde hacía cerca de 30 meses. Sobre lo sucedido es necesario hacer varias reflexiones y consideraciones, pues es indispensable que el público comprenda los motivos de una determinación drástica, que está, en nuestro entender, plenamente justificada. Haber respondido con el silencio, o una imposible actitud flexible, equivaldría a aceptar como verdaderas, afirmaciones que son a la vez mentirosas y temerarias.
Para comenzar, es necesario decir que cualquier lector, sea columnista o no, está en su pleno derecho de compartir, rechazar o criticar el cubrimiento informativo que hace EL TIEMPO de la realidad colombiana o internacional. La divulgación de las cartas y comentarios del público, tanto en la edición impresa como en las páginas de Internet, es prueba de ello. Pero esa potestad no puede confundirse, en el caso de los colaboradores del periódico, con una patente de corso para poner en tela de juicio los principios éticos y la honorabilidad de los periodistas que trabajan en este diario. Para decirlo con toda claridad, en este matutino no se "fabrican" o "inducen" noticias, ni se condiciona el cubrimiento de las mismas a intereses políticos o económicos.
En el caso concreto del escándalo relacionado con el programa Agro, Ingreso Seguro, destapado por la revista Cambio -propiedad de esta Casa Editorial-, el periódico ha hecho un seguimiento en profundidad, que comprende no menos de 45 escritos sobre el tema, incluyendo un editorial publicado el pasado 2 de octubre. En este, EL TIEMPO expresó su preocupación por lo sucedido y exigió claridad sobre unos hechos que cada vez más dejan en claro un preocupante entramado de corrupción y favoritismos.
Por otra parte, sabemos que el protagonismo público de algunos miembros de la familia Santos -accionistas minoritarios de la Casa Editorial EL TIEMPO- o los intereses legítimos que sobre el tercer canal de televisión tiene el socio mayoritario -el Grupo Planeta- son utilizados para construir absurdas interpretaciones sobre las noticias que publicamos. Algunas son fruto de las suspicacias exageradas, tan propias de la idiosincrasia nacional. Otras son producto de malas intenciones y de intereses empeñados en hacer daño. Pero el mandato inequívoco que tienen nuestros reporteros y redactores es el de siempre: subordinar todas las consideraciones a los principios esenciales del periodismo profesional, riguroso, equilibrado y preciso.
De tal manera, una cosa es el derecho a la libertad de expresión, que EL TIEMPO ha respetado y defendido en forma indeclinable a lo largo de sus casi 100 años de existencia, y otra es el deber de sus columnistas de abstenerse de hacer acusaciones o descalificaciones sin fundamento. Como otros diarios nacionales, este ha sido víctima de presiones, amenazas, censura e incluso el cierre durante las épocas aciagas de la dictadura. Pero pocas veces en su historia se nos había hecho un cuestionamiento moral de semejante envergadura. Como el mismo es absolutamente mentiroso y agraviante, hicimos lo que consideramos apropiado: publicar el escrito, pero con la convicción de que las afirmaciones contenidas en este constituían un rompimiento irreparable entre medio y columnista.
Superado el enojoso episodio, podemos decir que los lectores de EL TIEMPO seguirán encontrando en estas páginas las características y valores con los que se ha ganado su aprecio y credibilidad. Son estos, los de pluralismo, seriedad y profesionalismo, los que lo convirtieron en el primer diario de Colombia y en uno de los principales de América Latina. Los mismos, además, que han sido un aporte para la consolidación de la democracia y para combatir tanto las posiciones sectarias de cualquier bando, como los abusos de poder.
Reflexiones sobre un escándalo
Se preguntaba Rudolf Hommes en su columna de la semana pasada por qué unos temas se vuelven escándalos y otros no. Sugería que se requiere que el grueso del público tome conciencia y que haya un instigador. El cubrimiento que EL TIEMPO le dio al escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) ofrece una oportunidad para reflexionar al respecto.
A diferencia de los demás medios escritos, EL TIEMPO no profundizó sobre el programa AIS sino sobre los efectos políticos del escándalo. Tomar ese ángulo era una decisión periodística válida dado que sus socios de la revista Cambio ya habían hecho el resto del trabajo. Sin embargo, más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo.
La fabricación sesgada empezó con una pregunta en un foro en el tiempo.com, siguió con una nota que destacaba lo dicho por los foristas y concluyó con un supuesto artículo de análisis. En el foro se indagó a los foristas si creían que Arias debía renunciar por el escándalo de AIS. No sobra recordar que a EL TIEMPO nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los 'falsos positivos'. En el caso de Arias sí se le ocurrió. Culminado el foro, publicaron una nota titulada 'Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com', en la que destacaban que "la mayoría de usuarios le pide al ex ministro que renuncie a su precandidatura" y que "hubo muy pocos que defendieron a Arias". Luego del foro inducido y la nota destacada, remataron con un artículo cuyo título sentenciaba: 'Andrés Felipe Arias sale debilitado y Juan Manuel Santos logra ventaja en medio del escándalo de AIS'.
Es obvio que Arias sale debilitado, pero no es nada obvio que la consecuencia sea que Santos "logra ventaja". EL TIEMPO asegura que el traspié de Arias "llevó a Juan Manuel Santos a convertirse en un ganador neto esta semana". ¿De dónde saca EL TIEMPO que el espacio perdido por Arias fue ganado por Santos? ¿Hicieron una encuesta? No, pero a falta de encuesta el periódico usó su foro para lanzar la pregunta, inducir la respuesta y construir de allí sus conclusiones.
Aunque Arias no está compitiendo con Santos, sino con Noemí dentro de la consulta conservadora, el supuesto análisis ni siquiera menciona que una de las posibles ganadoras del desliz de Arias es Noemí. Además, el análisis se inventa un hecho para reforzar su argumento. Afirma que una de las razones por las cuales el fortalecido es Santos es que "los conservadores, además, tienen que someterse a una consulta interna para buscar su candidato, mientras 'la U' ya lo tiene: Santos". 'La U' no ha escogido candidato presidencial. Lo único que le han ofrecido a Santos en la U es la jefatura del partido, no la candidatura presidencial. 'La U' es el promotor del referendo reeleccionista y si es aprobado es de esperarse que sea Uribe, no Santos, el candidato presidencial de 'la U'. Supongo que esos hechos dañaban el "enfoque del análisis" y por eso fueron desechados.
"No será fácil que Noemí merezca el respaldo de Uribe, después de que ella lo ha acusado de 'comprar' el referendo y amenazado con 'derrotarlo' en las urnas." Esta frase, casi transcrita de declaraciones de Santos, trata de presentar como periodística la versión de Santos de que él, a diferencia de Noemí, no es un traidor ni quiere derrotar a Uribe. Cualquiera que conozca medianamente la carrera de Santos sabe que cambiar de bando ha sido la constante de su ascenso político, al igual que de Noemí, y cualquiera entiende que ambos quieren suceder a Uribe; sólo que Santos quiere hacerlo sin que parezca una traición, agrego yo.
La calidad periodística de EL TIEMPO está cada vez más comprometida por el creciente conflicto de interés entre sus propósitos comerciales (ganarse el tercer canal) y políticos (cubrir al Gobierno que otorga el canal y a su socio en campaña) y sus deberes periodísticos. Este tipo de cubrimientos sesgados en nada contribuyen a resolver periodísticamente ese conflicto; lo único que logran es evidenciarlo.
N. de la D.: EL TIEMPO rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La Dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia, que acepta de manera inmediata.
Claudia López
A diferencia de los demás medios escritos, EL TIEMPO no profundizó sobre el programa AIS sino sobre los efectos políticos del escándalo. Tomar ese ángulo era una decisión periodística válida dado que sus socios de la revista Cambio ya habían hecho el resto del trabajo. Sin embargo, más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo.
La fabricación sesgada empezó con una pregunta en un foro en el tiempo.com, siguió con una nota que destacaba lo dicho por los foristas y concluyó con un supuesto artículo de análisis. En el foro se indagó a los foristas si creían que Arias debía renunciar por el escándalo de AIS. No sobra recordar que a EL TIEMPO nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los 'falsos positivos'. En el caso de Arias sí se le ocurrió. Culminado el foro, publicaron una nota titulada 'Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com', en la que destacaban que "la mayoría de usuarios le pide al ex ministro que renuncie a su precandidatura" y que "hubo muy pocos que defendieron a Arias". Luego del foro inducido y la nota destacada, remataron con un artículo cuyo título sentenciaba: 'Andrés Felipe Arias sale debilitado y Juan Manuel Santos logra ventaja en medio del escándalo de AIS'.
Es obvio que Arias sale debilitado, pero no es nada obvio que la consecuencia sea que Santos "logra ventaja". EL TIEMPO asegura que el traspié de Arias "llevó a Juan Manuel Santos a convertirse en un ganador neto esta semana". ¿De dónde saca EL TIEMPO que el espacio perdido por Arias fue ganado por Santos? ¿Hicieron una encuesta? No, pero a falta de encuesta el periódico usó su foro para lanzar la pregunta, inducir la respuesta y construir de allí sus conclusiones.
Aunque Arias no está compitiendo con Santos, sino con Noemí dentro de la consulta conservadora, el supuesto análisis ni siquiera menciona que una de las posibles ganadoras del desliz de Arias es Noemí. Además, el análisis se inventa un hecho para reforzar su argumento. Afirma que una de las razones por las cuales el fortalecido es Santos es que "los conservadores, además, tienen que someterse a una consulta interna para buscar su candidato, mientras 'la U' ya lo tiene: Santos". 'La U' no ha escogido candidato presidencial. Lo único que le han ofrecido a Santos en la U es la jefatura del partido, no la candidatura presidencial. 'La U' es el promotor del referendo reeleccionista y si es aprobado es de esperarse que sea Uribe, no Santos, el candidato presidencial de 'la U'. Supongo que esos hechos dañaban el "enfoque del análisis" y por eso fueron desechados.
"No será fácil que Noemí merezca el respaldo de Uribe, después de que ella lo ha acusado de 'comprar' el referendo y amenazado con 'derrotarlo' en las urnas." Esta frase, casi transcrita de declaraciones de Santos, trata de presentar como periodística la versión de Santos de que él, a diferencia de Noemí, no es un traidor ni quiere derrotar a Uribe. Cualquiera que conozca medianamente la carrera de Santos sabe que cambiar de bando ha sido la constante de su ascenso político, al igual que de Noemí, y cualquiera entiende que ambos quieren suceder a Uribe; sólo que Santos quiere hacerlo sin que parezca una traición, agrego yo.
La calidad periodística de EL TIEMPO está cada vez más comprometida por el creciente conflicto de interés entre sus propósitos comerciales (ganarse el tercer canal) y políticos (cubrir al Gobierno que otorga el canal y a su socio en campaña) y sus deberes periodísticos. Este tipo de cubrimientos sesgados en nada contribuyen a resolver periodísticamente ese conflicto; lo único que logran es evidenciarlo.
N. de la D.: EL TIEMPO rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La Dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia, que acepta de manera inmediata.
Claudia López
Agro Ingreso Seguro
Por: Salomón Kalmanovitz
EL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGUro (AIS) compensaba a los agricultores por los presuntos efectos nocivos que iba a tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre sus actividades.
Se suponía que un poco de competencia los iba a lesionar tanto que para vencer su oposición al tratado, que atrasó durante un año las negociaciones, se les otorgó una ley atada originalmente con un billón de pesos al año. Toda la sociedad debía subsidiar entonces la ineficiencia de esos pocos.
El tratado nunca se firmó, pero los subsidios quedaron en pie. Andrés Felipe Arias se ufanaba de que la mitad de los recursos los destinaba a la investigación que iba a elevar la desastrosa productividad del sector, algo que en verdad no se puede corroborar: la información que provee el Ministerio de Agricultura ni siquiera incluye el programa Agro Ingreso Seguro.
Lo que se puede destacar de las convocatorias de apoyo que hace el Ministerio es que los recursos para adquirir unidades agrícolas familiares por campesinos y desplazados es de $20.000 millones, 2% de los recursos de AIS y que los trámites son tan engorrosos y caros que pocos son los campesinos que pueden acceder a ellos.
Los recursos canalizados a las familias más poderosas del Magdalena, de Cundinamarca y del Valle del Cauca eran del orden de $72.500 millones, 3,5 veces los recursos para los pobres y todavía no sabemos cómo se distribuyó el resto de los $900.000 millones. Existen múltiples programas que apoyan la capitalización rural, la palmicultura y la industria azucarera con condonación de créditos entre 40 y 20% del valor adquirido.
Lo cierto es que en estos dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país: se completaron 4 millones de desplazados, con más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, elevando la indigencia de cientos de miles de familias que incluso habían alcanzado a ser clase media rural. Las políticas públicas y los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas, sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado y con más de una oveja negra en negocios ilegales.
El hecho es que hay una larga tradición en el país de origen feudal que informa que los grandes propietarios de tierras pagan muy pocos impuestos. La propiedad del suelo les otorga poder político, pueden ocultarla del fisco y se valoriza con la inflación de alimentos, y con la demanda de narcos y de las clases medias urbanas.
A pesar de que no pagan por el Estado, los latifundistas tienen una gran sobrerrepresentación en él, por la vía del Congreso, ministerios y de la política regional. Durante el conflicto les correspondió pagar impuestos ilegales a las Farc y a los paramilitares, algo que gracias a la política de seguridad se les ha aliviado. Los impuestos de la población urbana y de los empresarios financiaron los gastos en seguridad que los salvaron.
No sólo no pagan impuestos, sino que capturan los que pagamos los ciudadanos para usufructuarlos en sus empresas agropecuarios o en sus aventuras políticas. Para cerrar la ecuación de injusticia infinita, los subsidios recibidos por esta plutocracia terrateniente están exentos de… impuestos, gracias a sus buenos oficios legislativos.
EL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGUro (AIS) compensaba a los agricultores por los presuntos efectos nocivos que iba a tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre sus actividades.
Se suponía que un poco de competencia los iba a lesionar tanto que para vencer su oposición al tratado, que atrasó durante un año las negociaciones, se les otorgó una ley atada originalmente con un billón de pesos al año. Toda la sociedad debía subsidiar entonces la ineficiencia de esos pocos.
El tratado nunca se firmó, pero los subsidios quedaron en pie. Andrés Felipe Arias se ufanaba de que la mitad de los recursos los destinaba a la investigación que iba a elevar la desastrosa productividad del sector, algo que en verdad no se puede corroborar: la información que provee el Ministerio de Agricultura ni siquiera incluye el programa Agro Ingreso Seguro.
Lo que se puede destacar de las convocatorias de apoyo que hace el Ministerio es que los recursos para adquirir unidades agrícolas familiares por campesinos y desplazados es de $20.000 millones, 2% de los recursos de AIS y que los trámites son tan engorrosos y caros que pocos son los campesinos que pueden acceder a ellos.
Los recursos canalizados a las familias más poderosas del Magdalena, de Cundinamarca y del Valle del Cauca eran del orden de $72.500 millones, 3,5 veces los recursos para los pobres y todavía no sabemos cómo se distribuyó el resto de los $900.000 millones. Existen múltiples programas que apoyan la capitalización rural, la palmicultura y la industria azucarera con condonación de créditos entre 40 y 20% del valor adquirido.
Lo cierto es que en estos dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país: se completaron 4 millones de desplazados, con más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, elevando la indigencia de cientos de miles de familias que incluso habían alcanzado a ser clase media rural. Las políticas públicas y los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas, sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado y con más de una oveja negra en negocios ilegales.
El hecho es que hay una larga tradición en el país de origen feudal que informa que los grandes propietarios de tierras pagan muy pocos impuestos. La propiedad del suelo les otorga poder político, pueden ocultarla del fisco y se valoriza con la inflación de alimentos, y con la demanda de narcos y de las clases medias urbanas.
A pesar de que no pagan por el Estado, los latifundistas tienen una gran sobrerrepresentación en él, por la vía del Congreso, ministerios y de la política regional. Durante el conflicto les correspondió pagar impuestos ilegales a las Farc y a los paramilitares, algo que gracias a la política de seguridad se les ha aliviado. Los impuestos de la población urbana y de los empresarios financiaron los gastos en seguridad que los salvaron.
No sólo no pagan impuestos, sino que capturan los que pagamos los ciudadanos para usufructuarlos en sus empresas agropecuarios o en sus aventuras políticas. Para cerrar la ecuación de injusticia infinita, los subsidios recibidos por esta plutocracia terrateniente están exentos de… impuestos, gracias a sus buenos oficios legislativos.
miércoles, 14 de octubre de 2009
Usaquén, bloqueada
Con la decisión de no hacer TransMilenio en la 7a. sino un cuasi algo que apenas mantiene el nombre, que además solo operará hasta la calle 100, los habitantes de la calle 100 hacia el norte alrededor de la 7a. quedarán bloqueados durante al menos los próximos 30 años. Los embotellamientos serán cada vez más espesos y no tendrán transporte masivo. Quien viva en Cedritos habría podido ir en TransMilenio a la calle 72 en menos de 15 minutos; con las decisiones adoptadas, le tomará más de una hora. Quienes se movilizan en carro también se habrían beneficiado del menor tráfico, pues TransMilenio bien hecho habría atraído a muchos automovilistas: hoy, 17 por ciento de los usuarios de TransMilenio tienen carro.
La decisión de la Alcaldía implica meter a toda la población del nororiente en buses alimentadores hasta una estación de integración en la calle 100, donde tendrán que cambiar al bus de 'TransMilenio'. Al norte de la 100 irán a velocidad casi peatonal, mezclados con el resto del tráfico, en medio del trancón.
Como se cobrarán 800 pesos por el uso del bus alimentador, como se está haciendo hoy en la calle 142, en Cedritos, para llevar pasajeros a la troncal Autopista, los ciudadanos tendrán que pagar mucho más. Por ejemplo, quienes tomen el bus en San Cristóbal norte, tendrán que pagar los 800 pesos del bus alimentador, más los 1.500 del 'TransMilenio', para un total de 2.300 pesos, cuando hoy solo pagan 1.200 de un bus tradicional: 660.000 pesos más anualmente. Si esos buses alimentadores no se cobran, el costo para el sistema sería enorme: quienes van, por ejemplo, de la calle 170 a Usaquén viajarían gratis.
El nuevo 'TransMilenio' de la 7a. no incluye el mejoramiento urbano, como aceras y plazoletas, o los puentes sobre las calles 85 y 92, que estaban incluidos en los diseños originales. Tampoco tiene los sobrepasos en las estaciones, que son lo que le da al sistema velocidad, al permitir la operación de buses expresos, y capacidad, al multiplicar hasta por 5 la capacidad de un sistema sin sobrepasos. Las edificaciones de poco valor que se había contemplado demoler para abrir campo a los sobrepasos, seguramente serán reemplazadas por otras más costosas, que imposibilitarán su demolición y la construcción de una buena troncal aun en el futuro.
El 'TransMilenio' de la 7a. no tendrá carriles exclusivos, sino 'preferenciales' entre la calle 72 y la 100. Esto significa que allí habrá vehículos estacionados dejando pasajeros o carga y, como ocurre en las ciudades del mundo con carriles "preferenciales" sin separación física, los demás vehículos terminarán invadiendo los carriles de los buses.
Probablemente, la principal área de expansión de la ciudad en los próximos 25 años será el nororiente, para lo que se ha anunciado la aprobación del "plan zonal del norte", sin solución de transporte masivo.
Con TransMilenio, en lugar del metro que no habrá en la 7a., los ciudadanos obtienen ventajas. Muchos metros van tan llenos o más que TM. Por ejemplo, en la línea roja de Sao Paulo, los pasajeros deben tomar el tren 5 estaciones en la dirección contraria, para poder subirse al tren que necesitan. Y es más agradable viajar en superficie, con luz natural, que viajar enterrado. La sensación de inseguridad en las estaciones subterráneas lleva a que aun en ciudades avanzadas muchos eviten el metro tarde en la noche. Las largas escaleras que hay que usar no son agradables; aunque sean mecánicas, se dañan con frecuencia.
Cuando hay ascensores para personas en silla de ruedas o con coches de bebé, además de apestar frecuentemente, son difíciles de encontrar y se dañan. En Nueva York, 1 de cada 6 ascensores estuvo dañado más de un mes en el 2007.
Una tarea hermosa para los ediles de Usaquén es estudiar y comparar lo que había diseñado con lo que se va a hacer, y entender las implicaciones para las familias de su localidad. Y explicarlo a sus electores, cuya calidad de vida se va a deteriorar aceleradamente, a la vez que se desvalorizan sus inmuebles.
Enrique Peñalosa
La decisión de la Alcaldía implica meter a toda la población del nororiente en buses alimentadores hasta una estación de integración en la calle 100, donde tendrán que cambiar al bus de 'TransMilenio'. Al norte de la 100 irán a velocidad casi peatonal, mezclados con el resto del tráfico, en medio del trancón.
Como se cobrarán 800 pesos por el uso del bus alimentador, como se está haciendo hoy en la calle 142, en Cedritos, para llevar pasajeros a la troncal Autopista, los ciudadanos tendrán que pagar mucho más. Por ejemplo, quienes tomen el bus en San Cristóbal norte, tendrán que pagar los 800 pesos del bus alimentador, más los 1.500 del 'TransMilenio', para un total de 2.300 pesos, cuando hoy solo pagan 1.200 de un bus tradicional: 660.000 pesos más anualmente. Si esos buses alimentadores no se cobran, el costo para el sistema sería enorme: quienes van, por ejemplo, de la calle 170 a Usaquén viajarían gratis.
El nuevo 'TransMilenio' de la 7a. no incluye el mejoramiento urbano, como aceras y plazoletas, o los puentes sobre las calles 85 y 92, que estaban incluidos en los diseños originales. Tampoco tiene los sobrepasos en las estaciones, que son lo que le da al sistema velocidad, al permitir la operación de buses expresos, y capacidad, al multiplicar hasta por 5 la capacidad de un sistema sin sobrepasos. Las edificaciones de poco valor que se había contemplado demoler para abrir campo a los sobrepasos, seguramente serán reemplazadas por otras más costosas, que imposibilitarán su demolición y la construcción de una buena troncal aun en el futuro.
El 'TransMilenio' de la 7a. no tendrá carriles exclusivos, sino 'preferenciales' entre la calle 72 y la 100. Esto significa que allí habrá vehículos estacionados dejando pasajeros o carga y, como ocurre en las ciudades del mundo con carriles "preferenciales" sin separación física, los demás vehículos terminarán invadiendo los carriles de los buses.
Probablemente, la principal área de expansión de la ciudad en los próximos 25 años será el nororiente, para lo que se ha anunciado la aprobación del "plan zonal del norte", sin solución de transporte masivo.
Con TransMilenio, en lugar del metro que no habrá en la 7a., los ciudadanos obtienen ventajas. Muchos metros van tan llenos o más que TM. Por ejemplo, en la línea roja de Sao Paulo, los pasajeros deben tomar el tren 5 estaciones en la dirección contraria, para poder subirse al tren que necesitan. Y es más agradable viajar en superficie, con luz natural, que viajar enterrado. La sensación de inseguridad en las estaciones subterráneas lleva a que aun en ciudades avanzadas muchos eviten el metro tarde en la noche. Las largas escaleras que hay que usar no son agradables; aunque sean mecánicas, se dañan con frecuencia.
Cuando hay ascensores para personas en silla de ruedas o con coches de bebé, además de apestar frecuentemente, son difíciles de encontrar y se dañan. En Nueva York, 1 de cada 6 ascensores estuvo dañado más de un mes en el 2007.
Una tarea hermosa para los ediles de Usaquén es estudiar y comparar lo que había diseñado con lo que se va a hacer, y entender las implicaciones para las familias de su localidad. Y explicarlo a sus electores, cuya calidad de vida se va a deteriorar aceleradamente, a la vez que se desvalorizan sus inmuebles.
Enrique Peñalosa
jueves, 8 de octubre de 2009
Agro, Empleo Seguro
Hablar técnicamente de AIS en medio de esta polarización política es como recitar a Borges en la mitad de una discoteca. En una confrontación política, como en la guerra, la primera víctima tiende a ser la verdad. Como dijo André Gide: "Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo". Es preciso explicar hasta el cansancio.
AIS ha beneficiado a 316.000 familias del campo. El 98 por ciento corresponde a pequeños y medianos productores, que han recibido el 88 por ciento de los recursos. En el caso de riego, los pequeños y medianos son el 99 por ciento y reciben el 94 por ciento de los recursos. Esto contrasta con otros países, en donde los programas agrícolas están altamente concentrados en los grandes productores. Por ejemplo, en Francia el 1 por ciento de los más grandes recibe más recursos que el 40 por ciento de los más pequeños.
AIS ha generado 376.000 empleos en el campo. No en vano el último dato indica que la tasa de desempleo rural ha caído a 7,4 por ciento. En el resto del país, el desempleo ronda el 12 por ciento. Algo tiene que estar funcionando bien en la política agrícola, que tiene como uno de sus ejes el programa AIS.
AIS fue diseñado con paredes de cristal; es transparente y blindado de presiones políticas o electorales. En efecto, todos los recursos se adjudican con mecanismos públicos, transparentes y abiertos a cualquier colombiano que quiera acceder. Ni el Ministro, ni el Presidente, ni funcionario alguno pueden meter un dedo en el proceso.
Por ejemplo, los recursos para riego se asignan a través de convocatorias públicas, administradas por una entidad multilateral ajena a los intereses del Gobierno: el Iica, adscrito a la OEA. Por ende, pensar que existe correlación entre los recursos de riego de AIS y la financiación de una campaña no solo es dudar de la transparencia del Iica-OEA, sino creer que 34 países del continente están al servicio de la causa del Gobierno.
Más aún, los recursos de AIS no pueden ir al bolsillo de los agricultores. Es decir, no pueden ser utilizados para viajar al exterior o comprarse una camioneta último modelo. Todos los recursos se adjudican únicamente en la medida en que los proyectos se van ejecutando físicamente. Por ejemplo, en el caso de riego, los recursos van a una fiducia. La fiducia solo desembolsa para pagar a los proveedores de los tubos, del cemento, a los obreros, etc. Nunca van al bolsillo del agricultor.
El que varias personas pertenecientes a ciertas familias del Magdalena hayan recibido incentivos de riego quiere decir que cada una de esas personas presentó un proyecto diferente, en un predio diferente, con fuente hídrica independiente, que cumplió todos los requisitos, todas las condiciones, y obtuvo el puntaje para que el Iica-OEA hubiera determinado que debía ser seleccionado dentro de los miles y miles de proyectos que han sido favorecidos por el programa. Dudar de esto es dudar de la transparencia del IICA-OEA. Pero, además, en Cauca, Huila y Putumayo se presentan casos similares. Lo triste es que el debate parece centrarse solo en el Magdalena.
Ahora bien, excluir a una persona por su apellido o región de origen hubiera significado al Iica-OEA un prevaricato, una violación de la Constitución, y le hubiera generado sendas demandas a la Nación. Los precedentes jurídicos son contundentes.
Por último, toda obra humana es imperfecta y se puede mejorar. Además, nadie puede negar que en el campo todavía falta mucho por avanzar. Pero ¿son estas razones suficientes para politizar y despedazar un programa bien intencionado y transparente como AIS, un programa que ha bajado el desempleo rural a niveles que no veíamos hace muchos años? No. ¿Razones para mejorarlo? Por supuesto. Lo que no cambia y evoluciona está muerto y si hay algo que está vivo es AIS.
Andrés Felipe Arias*
AIS ha beneficiado a 316.000 familias del campo. El 98 por ciento corresponde a pequeños y medianos productores, que han recibido el 88 por ciento de los recursos. En el caso de riego, los pequeños y medianos son el 99 por ciento y reciben el 94 por ciento de los recursos. Esto contrasta con otros países, en donde los programas agrícolas están altamente concentrados en los grandes productores. Por ejemplo, en Francia el 1 por ciento de los más grandes recibe más recursos que el 40 por ciento de los más pequeños.
AIS ha generado 376.000 empleos en el campo. No en vano el último dato indica que la tasa de desempleo rural ha caído a 7,4 por ciento. En el resto del país, el desempleo ronda el 12 por ciento. Algo tiene que estar funcionando bien en la política agrícola, que tiene como uno de sus ejes el programa AIS.
AIS fue diseñado con paredes de cristal; es transparente y blindado de presiones políticas o electorales. En efecto, todos los recursos se adjudican con mecanismos públicos, transparentes y abiertos a cualquier colombiano que quiera acceder. Ni el Ministro, ni el Presidente, ni funcionario alguno pueden meter un dedo en el proceso.
Por ejemplo, los recursos para riego se asignan a través de convocatorias públicas, administradas por una entidad multilateral ajena a los intereses del Gobierno: el Iica, adscrito a la OEA. Por ende, pensar que existe correlación entre los recursos de riego de AIS y la financiación de una campaña no solo es dudar de la transparencia del Iica-OEA, sino creer que 34 países del continente están al servicio de la causa del Gobierno.
Más aún, los recursos de AIS no pueden ir al bolsillo de los agricultores. Es decir, no pueden ser utilizados para viajar al exterior o comprarse una camioneta último modelo. Todos los recursos se adjudican únicamente en la medida en que los proyectos se van ejecutando físicamente. Por ejemplo, en el caso de riego, los recursos van a una fiducia. La fiducia solo desembolsa para pagar a los proveedores de los tubos, del cemento, a los obreros, etc. Nunca van al bolsillo del agricultor.
El que varias personas pertenecientes a ciertas familias del Magdalena hayan recibido incentivos de riego quiere decir que cada una de esas personas presentó un proyecto diferente, en un predio diferente, con fuente hídrica independiente, que cumplió todos los requisitos, todas las condiciones, y obtuvo el puntaje para que el Iica-OEA hubiera determinado que debía ser seleccionado dentro de los miles y miles de proyectos que han sido favorecidos por el programa. Dudar de esto es dudar de la transparencia del IICA-OEA. Pero, además, en Cauca, Huila y Putumayo se presentan casos similares. Lo triste es que el debate parece centrarse solo en el Magdalena.
Ahora bien, excluir a una persona por su apellido o región de origen hubiera significado al Iica-OEA un prevaricato, una violación de la Constitución, y le hubiera generado sendas demandas a la Nación. Los precedentes jurídicos son contundentes.
Por último, toda obra humana es imperfecta y se puede mejorar. Además, nadie puede negar que en el campo todavía falta mucho por avanzar. Pero ¿son estas razones suficientes para politizar y despedazar un programa bien intencionado y transparente como AIS, un programa que ha bajado el desempleo rural a niveles que no veíamos hace muchos años? No. ¿Razones para mejorarlo? Por supuesto. Lo que no cambia y evoluciona está muerto y si hay algo que está vivo es AIS.
Andrés Felipe Arias*
domingo, 20 de septiembre de 2009
Y vuelve y juega
'Cuchillo' ya tiene más de 1.100 paramilitares y 'Martín Llanos' reorganizó sus autodefensas
El reclutamiento para las filas de 'Cuchillo' se está haciendo con un sueldo fijo de 700 mil pesos al mes.
El reclutamiento para las filas de 'Cuchillo' se está haciendo con un sueldo fijo de 700 mil pesos al mes.
Autoridades están en alerta ante el crecimiento de estos grupos armados ilegales en los Llanos.
Con una paga de 700 mil pesos mensuales como gancho, Pedro Olivero Guerrero -alias 'Cuchillo', y por quien se ofrecen 5 mil millones de pesos de recompensa- maneja ya una fuerza comparable a las de los grandes bloques paramilitares que se desmovilizaron en el proceso de paz con las Auc.
Sus reclutamientos -los que ha hecho con plata y por la vía de la amenaza- tienen asustado al Llano. Tanto que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Reparación y la misma Misión de Observación de la OEA están en alerta por el desplazamiento forzado de decenas de familias que prefirieron huir de sus tierras antes que dejar que sus hijos terminen en el 'Erpac', el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia.
Mientras la atención del país y de las mismas autoridades se ha concentrado en el recrudecimiento de la violencia en Medellín y el suroccidente, al otro lado del territorio nacional 'Cuchillo' ha logrado consolidar a su banda usando métodos de los viejos 'paras'.
En este momento, según informes de Inteligencia que están en manos del Ejército y del CTI de la Fiscalía, el 'Erpac' tiene más de 1.120 integrantes repartidos en cuatro frentes. Manejan rutas de la coca en Meta, Guaviare, Vichada y Casanare y, dicen informes oficiales, han logrado consolidar un importante control sobre el río Guaviare para sacar cocaína hacia Venezuela y Brasil.
'Cuchillo' ha podido evadir los operativos en su contra -ordenados directamente por el presidente Álvaro Uribe- gracias a una red de apoyo en la que hay funcionarios oficiales y miembros de la Fuerza Pública que, incluso, han sido señalados de favorecer su 'empresa de reclutamiento'.
Familias de municipios como Mapiripán (Meta), Puerto Concordia, Calamar y San José (Guaviare) han denunciado que cuando pidieron protección de la Policía para salir de la zona no tuvieron apoyo.
"Se trata de un reclutamiento sistemático que está creciendo. Usan a los muchachos para transporte de armas y droga, o como 'puntos', como se les llama a los informantes en lugares estratégicos", dice el defensor del Pueblo de Meta, Eduardo González.
La Defensoría ha recibido denuncias sobre al menos 40 muchachos que se fueron con el Erpac en los últimos meses, bien por plata o bien forzados. Pero la cifra es mucho mayor porque, dice González, hay temor a hablar. El ICBF registra que se han desplazado por amenaza de reclutamiento 65 niños, muchos de ellos indígenas. El miedo también se siente en los barrios populares de Villavicencio, donde rondan reclutadores de 'Cuchillo' y de las Farc.
El regreso de 'Martín Llanos'
Casi cinco años después del fin de la guerra entre los 'Buitragueños' de 'Martin Llanos' (Héctor Buitrago) y los 'paras' de Miguel Arroyave, en la que murieron al menos 800 personas, dos protagonistas de primera línea en esa pelea vuelven a estar en escena: uno es es 'Cuchillo', ex lugarteniente de Arroyave, a quien terminó asesinando; y el otro es 'Martín Llanos', el jefe del bando que perdió la guerra y quien está de regreso después de años de exilio. Supuestamente estaba en Ecuador.
Habitantes de municipios como Maní y Tauramena, en Casanare, informaron que lo volvieron a ver y que se mueve por la zona rural. Según informes de inteligencia conocidos por EL TIEMPO, su grupo de seguridad personal ya supera las 30 personas.
"Hay denuncias de excombatientes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), en proceso de reintegración, que han tenido que desplazarse de municipios como Monterrey, Tauramena y Yopal hacia Villavicencio -dice el reporte-. Están buscándolos para reclutarlos y realizar operaciones en el norte y el oriente de Casanare".
El Comisionado de Paz, Frank Pearl, dice que en los Llanos, como en otras zonas del país donde el narcotráfico sigue siendo fuerte, "la presión sobre los que se desmovilizaron es muy fuerte".
Hasta ahora, reportan fuentes desde el sitio, los índices de violencia no se han disparado porque 'Cuchillo' y las Farc han hecho alianzas para manejar el narcotráfico gracias a un 'mediador' que se mueve igual entre los dos bandos: Daniel 'el Loco' Barrera.
Pero 'Martín Llanos' ha entrado en la escena y está buscado, según informes que manejan las autoridades, alianzas con las Águilas Negras para retar los poderes que hoy mandan en el oriente.
Un capo que asesinó a su jefe
Pedro Olivero Guerrero, más conocido como 'Cuchillo', adquirió poder en el mundo de la mafia luego de asesinar a su jefe, el paramilitar 'Miguel Arroyave', para apropiarse de las rutas de narcotráfico en Guaviare, Vichada y Meta.
Su vida en la ilegalidad comenzó al lado del extinto capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Más tarde se unió al Bloque Centauros de las Auc. Hoy, 'Cuchillo' es considerado como el jefe de una poderosa red de narcotráfico que tiene nexos con las Farc, y por quien ofrecen 5 mil millones de pesos de recompensa. Además, comanda el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac), que se ha convertido en un verdadero 'ejército' irregular en los Llanos y en el Guaviare.
REDACCIÓN JUSTICIA
El reclutamiento para las filas de 'Cuchillo' se está haciendo con un sueldo fijo de 700 mil pesos al mes.
El reclutamiento para las filas de 'Cuchillo' se está haciendo con un sueldo fijo de 700 mil pesos al mes.
Autoridades están en alerta ante el crecimiento de estos grupos armados ilegales en los Llanos.
Con una paga de 700 mil pesos mensuales como gancho, Pedro Olivero Guerrero -alias 'Cuchillo', y por quien se ofrecen 5 mil millones de pesos de recompensa- maneja ya una fuerza comparable a las de los grandes bloques paramilitares que se desmovilizaron en el proceso de paz con las Auc.
Sus reclutamientos -los que ha hecho con plata y por la vía de la amenaza- tienen asustado al Llano. Tanto que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Reparación y la misma Misión de Observación de la OEA están en alerta por el desplazamiento forzado de decenas de familias que prefirieron huir de sus tierras antes que dejar que sus hijos terminen en el 'Erpac', el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia.
Mientras la atención del país y de las mismas autoridades se ha concentrado en el recrudecimiento de la violencia en Medellín y el suroccidente, al otro lado del territorio nacional 'Cuchillo' ha logrado consolidar a su banda usando métodos de los viejos 'paras'.
En este momento, según informes de Inteligencia que están en manos del Ejército y del CTI de la Fiscalía, el 'Erpac' tiene más de 1.120 integrantes repartidos en cuatro frentes. Manejan rutas de la coca en Meta, Guaviare, Vichada y Casanare y, dicen informes oficiales, han logrado consolidar un importante control sobre el río Guaviare para sacar cocaína hacia Venezuela y Brasil.
'Cuchillo' ha podido evadir los operativos en su contra -ordenados directamente por el presidente Álvaro Uribe- gracias a una red de apoyo en la que hay funcionarios oficiales y miembros de la Fuerza Pública que, incluso, han sido señalados de favorecer su 'empresa de reclutamiento'.
Familias de municipios como Mapiripán (Meta), Puerto Concordia, Calamar y San José (Guaviare) han denunciado que cuando pidieron protección de la Policía para salir de la zona no tuvieron apoyo.
"Se trata de un reclutamiento sistemático que está creciendo. Usan a los muchachos para transporte de armas y droga, o como 'puntos', como se les llama a los informantes en lugares estratégicos", dice el defensor del Pueblo de Meta, Eduardo González.
La Defensoría ha recibido denuncias sobre al menos 40 muchachos que se fueron con el Erpac en los últimos meses, bien por plata o bien forzados. Pero la cifra es mucho mayor porque, dice González, hay temor a hablar. El ICBF registra que se han desplazado por amenaza de reclutamiento 65 niños, muchos de ellos indígenas. El miedo también se siente en los barrios populares de Villavicencio, donde rondan reclutadores de 'Cuchillo' y de las Farc.
El regreso de 'Martín Llanos'
Casi cinco años después del fin de la guerra entre los 'Buitragueños' de 'Martin Llanos' (Héctor Buitrago) y los 'paras' de Miguel Arroyave, en la que murieron al menos 800 personas, dos protagonistas de primera línea en esa pelea vuelven a estar en escena: uno es es 'Cuchillo', ex lugarteniente de Arroyave, a quien terminó asesinando; y el otro es 'Martín Llanos', el jefe del bando que perdió la guerra y quien está de regreso después de años de exilio. Supuestamente estaba en Ecuador.
Habitantes de municipios como Maní y Tauramena, en Casanare, informaron que lo volvieron a ver y que se mueve por la zona rural. Según informes de inteligencia conocidos por EL TIEMPO, su grupo de seguridad personal ya supera las 30 personas.
"Hay denuncias de excombatientes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), en proceso de reintegración, que han tenido que desplazarse de municipios como Monterrey, Tauramena y Yopal hacia Villavicencio -dice el reporte-. Están buscándolos para reclutarlos y realizar operaciones en el norte y el oriente de Casanare".
El Comisionado de Paz, Frank Pearl, dice que en los Llanos, como en otras zonas del país donde el narcotráfico sigue siendo fuerte, "la presión sobre los que se desmovilizaron es muy fuerte".
Hasta ahora, reportan fuentes desde el sitio, los índices de violencia no se han disparado porque 'Cuchillo' y las Farc han hecho alianzas para manejar el narcotráfico gracias a un 'mediador' que se mueve igual entre los dos bandos: Daniel 'el Loco' Barrera.
Pero 'Martín Llanos' ha entrado en la escena y está buscado, según informes que manejan las autoridades, alianzas con las Águilas Negras para retar los poderes que hoy mandan en el oriente.
Un capo que asesinó a su jefe
Pedro Olivero Guerrero, más conocido como 'Cuchillo', adquirió poder en el mundo de la mafia luego de asesinar a su jefe, el paramilitar 'Miguel Arroyave', para apropiarse de las rutas de narcotráfico en Guaviare, Vichada y Meta.
Su vida en la ilegalidad comenzó al lado del extinto capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Más tarde se unió al Bloque Centauros de las Auc. Hoy, 'Cuchillo' es considerado como el jefe de una poderosa red de narcotráfico que tiene nexos con las Farc, y por quien ofrecen 5 mil millones de pesos de recompensa. Además, comanda el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac), que se ha convertido en un verdadero 'ejército' irregular en los Llanos y en el Guaviare.
REDACCIÓN JUSTICIA
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Hambrientos en el mundo superan los 1.000 millones de personas por primera vez en la historia, anuncia el PMA
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) cifró la cantidad de hambrientos en 1.020 millones, y alertó de que el flujo de ayuda humanitaria se sitúa actualmente en "un mínimo histórico".
"Este año tenemos más personas hambrientas que nunca", señaló la directora del PMA, Josette Sheeran, quien hizo hincapié en que "muchas personas se despiertan (en el mundo) y no cuentan ni con una taza de comida".
A juicio de la responsable del organismo humanitario de la ONU, esa situación constituye una "receta para el desastre" y resulta "crítica para la paz, seguridad y estabilidad en muchos lugares del mundo".
La vulnerabilidad de muchas personas, explicó Sheeran, se ha agravado por "dos tormentas que han coincidido y están golpeando": la crisis financiera internacional y el encarecimiento de los alimentos.
Además, la directora del PMA hizo un "llamamiento urgente" al Grupo de los Ocho (G-8),- los siete países más industrializados y Rusia-, y el Grupo de los Veinte (G-20),- los países más ricos y emergentes-, para que atajen un problema que requiere algo más que "soluciones a largo plazo".
"Con la Asamblea General de Naciones Unidas y la cumbre del G-20 en Pittsburgh (Pensilvania, EEUU) en el horizonte, los líderes mundiales tienen una oportunidad ideal para poner el hambre en el mapa", remarcó el PMA en un comunicado.
Asimismo, Sheeran avisó de que el Programa Mundial de Alimentos afronta "un grave déficit presupuestario", pues este año sólo ha recibido 2.600 millones de dólares (1.779 millones de euros) de un total de 6.700 millones de dólares (4.585 millones de euros) necesarios para dar de comer a 108 millones de personas en 74 países.
Sobre el terreno, esa falta de fondos se traduce en el recorte de programas que se están desarrollando en países como Guatemala, Kenia y Bangladesh.
La directora del PMA remarcó que, con "menos del uno por ciento" de las inyecciones económicas que han hecho los gobiernos para salvar al sistema financiero global, se podría resolver la calamidad de millones de personas que son víctimas de la hambruna.
Pese a las adversidades, Josette Sheeran considera que "se puede derrotar al hambre", aunque esa victoria sólo se alcanzará "cuando el mundo se tome el hambre en serio".
EFE
"Este año tenemos más personas hambrientas que nunca", señaló la directora del PMA, Josette Sheeran, quien hizo hincapié en que "muchas personas se despiertan (en el mundo) y no cuentan ni con una taza de comida".
A juicio de la responsable del organismo humanitario de la ONU, esa situación constituye una "receta para el desastre" y resulta "crítica para la paz, seguridad y estabilidad en muchos lugares del mundo".
La vulnerabilidad de muchas personas, explicó Sheeran, se ha agravado por "dos tormentas que han coincidido y están golpeando": la crisis financiera internacional y el encarecimiento de los alimentos.
Además, la directora del PMA hizo un "llamamiento urgente" al Grupo de los Ocho (G-8),- los siete países más industrializados y Rusia-, y el Grupo de los Veinte (G-20),- los países más ricos y emergentes-, para que atajen un problema que requiere algo más que "soluciones a largo plazo".
"Con la Asamblea General de Naciones Unidas y la cumbre del G-20 en Pittsburgh (Pensilvania, EEUU) en el horizonte, los líderes mundiales tienen una oportunidad ideal para poner el hambre en el mapa", remarcó el PMA en un comunicado.
Asimismo, Sheeran avisó de que el Programa Mundial de Alimentos afronta "un grave déficit presupuestario", pues este año sólo ha recibido 2.600 millones de dólares (1.779 millones de euros) de un total de 6.700 millones de dólares (4.585 millones de euros) necesarios para dar de comer a 108 millones de personas en 74 países.
Sobre el terreno, esa falta de fondos se traduce en el recorte de programas que se están desarrollando en países como Guatemala, Kenia y Bangladesh.
La directora del PMA remarcó que, con "menos del uno por ciento" de las inyecciones económicas que han hecho los gobiernos para salvar al sistema financiero global, se podría resolver la calamidad de millones de personas que son víctimas de la hambruna.
Pese a las adversidades, Josette Sheeran considera que "se puede derrotar al hambre", aunque esa victoria sólo se alcanzará "cuando el mundo se tome el hambre en serio".
EFE
lunes, 14 de septiembre de 2009
El candidato Gaviria
El escritor R. H. Moreno-Durán vaticinó que un presidente con nombre de funeraria y elegido en un cementerio sería desastroso para el país. Y lo fue. Gaviria empezó mal: se descachó en su ataque a Casa Verde, el santuario de las Farc, el 9 de diciembre de 1990. El mismo día que el país estaba eligiendo a los integrantes de ese embeleco que él impulsó, la Constitución que dizque iba a arreglar el país, surgida ilegítimamente de una tal 'séptima papeleta' que fue votada apenas por dos millones de personas y cuyos miembros sólo alcanzaron 3,8 millones de votos (73 por ciento de abstención) cuando el Congreso había sido votado por más de ocho. En su seno, Pablo Escobar compró -con plata o plomo- la no extradición: a los 10 minutos de tomarse la decisión, se subió a un helicóptero rumbo a la Catedral. Sólo Gaviria cree que no fue así.
El único que no sabía que Pablo era el dueño de esas tierras de las lomas de Envigado era Gaviria. También era el único que no sabía que él mismo construyó la cárcel, y que los guardias internos eran empleados suyos, que tenía comprados los anillos de seguridad del Ejército y la Policía, que adentro se cometían crímenes y que seguía siendo el capo de tutti capi. Cuando se escapó, Gaviria persiguió a Escobar por presión de los gringos y, para aniquilarlo -y no es que lo esté llorando-, el Estado se amangualó con los peores delincuentes del país, esa fuerza de tarea llamada 'Los Pepes'.
Gaviria tampoco puede hablar mucho de la lucha contra el paramilitarismo. Durante su administración, y en la precedente, de la que fue ministro de Gobierno, fue exterminada la UP. ¿Qué hizo para evitarlo? Vaya uno a saber. Además, fue en su gobierno que se crearon las Convivir, reglamentadas por su álter ego, Rafael Pardo, ministro de Defensa de la época. Seguramente a los dos les da vergüenza reconocerlo y les alegra que le achaquen eso al ex gobernador de Antioquia.
¿Qué hizo contra la guerrilla o contra los 'paras'? Nada que se sepa. Su apertura económica fue desbocada, a ella se le debe la quiebra de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. También el apagón fue en su gobierno; no es culpable del verano, pero sí de la falta de soluciones. ¿Ya prendieron las barcazas? Usó el puesto como plataforma para presidir la OEA, enviando a su canciller a hacer lobby para algo que sólo lo beneficiaba a él. ¿Es eso ético, o legal?
Gaviria dice que le ha dado "trabajo entender" lo de las 'bases gringas'. Muy gracioso, porque él se gastó medio gobierno explicando el asunto de Juanchaco y los sobrevuelos de aviones gringos en Medellín. "No se puede pasar a defender a los narcos con el manido artilugio de la soberanía... ellos son quienes no respetan fronteras, esa sí es una verdadera violación..." (EL TIEMPO, 30-07-92).
Hace días cuestionó que la violencia en Medellín ha aumentado el 80 por ciento. El pico de violencia en Medellín data de 1991, con 6.658 asesinatos. ¿Qué hizo el presidente Gaviria? Montar una 'consejería', al mando de María Emma Mejía, para hacer foros, seminarios, mesas barriales, empanadas bailables y un programa en Teleantioquia. El resultado: que a la bella María Emma los parceros la llamaban 'la monita'.
En el 2008 hubo 1.066 homicidios en Medellín. En 1991 (con un índice de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes) había un 524 por ciento más de homicidios. En el 2002 (primer año de Uribe, con 3.591 homicidios) había un 236 por ciento más. Es preocupante que frente al 2007 (con 788) haya un incremento de 35 por ciento, pero es una tasa que ronda los 40 x 100.000, no los 400 de su época. Las matemáticas no mienten.
En fin. La era Gaviria es de ingrata recordación y carece de logros que lo provean de autoridad moral para criticar al actual Gobierno.
No vale la pena salir trasquilado por agenciar unas candidaturas que no superan el margen de error de las encuestas.
Saúl Hernández
El único que no sabía que Pablo era el dueño de esas tierras de las lomas de Envigado era Gaviria. También era el único que no sabía que él mismo construyó la cárcel, y que los guardias internos eran empleados suyos, que tenía comprados los anillos de seguridad del Ejército y la Policía, que adentro se cometían crímenes y que seguía siendo el capo de tutti capi. Cuando se escapó, Gaviria persiguió a Escobar por presión de los gringos y, para aniquilarlo -y no es que lo esté llorando-, el Estado se amangualó con los peores delincuentes del país, esa fuerza de tarea llamada 'Los Pepes'.
Gaviria tampoco puede hablar mucho de la lucha contra el paramilitarismo. Durante su administración, y en la precedente, de la que fue ministro de Gobierno, fue exterminada la UP. ¿Qué hizo para evitarlo? Vaya uno a saber. Además, fue en su gobierno que se crearon las Convivir, reglamentadas por su álter ego, Rafael Pardo, ministro de Defensa de la época. Seguramente a los dos les da vergüenza reconocerlo y les alegra que le achaquen eso al ex gobernador de Antioquia.
¿Qué hizo contra la guerrilla o contra los 'paras'? Nada que se sepa. Su apertura económica fue desbocada, a ella se le debe la quiebra de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. También el apagón fue en su gobierno; no es culpable del verano, pero sí de la falta de soluciones. ¿Ya prendieron las barcazas? Usó el puesto como plataforma para presidir la OEA, enviando a su canciller a hacer lobby para algo que sólo lo beneficiaba a él. ¿Es eso ético, o legal?
Gaviria dice que le ha dado "trabajo entender" lo de las 'bases gringas'. Muy gracioso, porque él se gastó medio gobierno explicando el asunto de Juanchaco y los sobrevuelos de aviones gringos en Medellín. "No se puede pasar a defender a los narcos con el manido artilugio de la soberanía... ellos son quienes no respetan fronteras, esa sí es una verdadera violación..." (EL TIEMPO, 30-07-92).
Hace días cuestionó que la violencia en Medellín ha aumentado el 80 por ciento. El pico de violencia en Medellín data de 1991, con 6.658 asesinatos. ¿Qué hizo el presidente Gaviria? Montar una 'consejería', al mando de María Emma Mejía, para hacer foros, seminarios, mesas barriales, empanadas bailables y un programa en Teleantioquia. El resultado: que a la bella María Emma los parceros la llamaban 'la monita'.
En el 2008 hubo 1.066 homicidios en Medellín. En 1991 (con un índice de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes) había un 524 por ciento más de homicidios. En el 2002 (primer año de Uribe, con 3.591 homicidios) había un 236 por ciento más. Es preocupante que frente al 2007 (con 788) haya un incremento de 35 por ciento, pero es una tasa que ronda los 40 x 100.000, no los 400 de su época. Las matemáticas no mienten.
En fin. La era Gaviria es de ingrata recordación y carece de logros que lo provean de autoridad moral para criticar al actual Gobierno.
No vale la pena salir trasquilado por agenciar unas candidaturas que no superan el margen de error de las encuestas.
Saúl Hernández
domingo, 6 de septiembre de 2009
viernes, 4 de septiembre de 2009
¿A dónde iremos a parar?
Tal como se esperaba, el referendo pasó esta semana, después de una descarada exhibición pública de clientelismo y presión oficial en las votaciones de la Cámara. La aplanadora pasa ahora a presionar y a interferir en la Corte Constitucional, a obstruir la labor de la Corte Suprema y a modificar las normas electorales para reducir el número de votos requerido para que pase el referendo y manipular la fecha del referendo...
No es el momento para ser complacientes con la democracia a la colombiana, ni con la voluntad de las mayorías, sino que hay que pasar de alerta amarilla a alarma roja. El Gobierno y su bancada poseen el poder absoluto y han demostrado que no se detienen ante barreras legales o reglamentos, ni van a respetar la Constitución. No se debe olvidar que la mayoría de los golpes de Estado conducidos por líderes carismáticos, prominentemente el de Hitler en 1933, como recuerda Jorge Orlando Melo ayer en este diario, se realizan con la colaboración o complicidad de parlamentos cautivos, atraídos, cooptados o intimidados por el Ejecutivo respaldado por militares o por mayorías populares ("... los hombres del congreso granadino / Besáronle la mano al asesino / A trueque de vivir..." se lamentaba un prócer conservador exiliado en Nueva York a mitad del siglo XIX , huyéndole al Estado de Opinión creado por los artesanos de Bogotá).
La preocupación no es infundada. En ausencia de controles efectivos, hemos quedado en manos de un gobierno y un Congreso sometido, y no es prudente creer que van a ejercer autocontrol. La oportunidad de dar el zarpazo e inducir un cambio institucional extremo es esta y posiblemente no van a detenerse, aunque todavía hay por ahí ilusos que dicen que Uribe va a cederle el puesto a Juan Manuel Santos. Los líderes carismáticos creen que solamente ellos pueden hacer la tarea, que son irreemplazables y no les gusta compartir el poder.
Todo lo que ha sucedido desde el tercer año del primer gobierno del Presidente indica que no van a detenerse ahora. El estilo administrativo del Presidente, autoritario y hasta cierto punto arbitrario, y su deseo de controlar todos los centros de poder, la opinión, los medios de comunicación, los partidos, las agremiaciones y los grupos de presión lo han expuesto en distintas etapas de su trayectoria en el poder a grandes riesgos. Hubo momentos cuando hubiera tenido que parar, pero nadie salió a trancarlo y ha venido cogiendo cada vez mayor confianza.
Yidis y Teodolindo están en la cárcel por haber recibido, a cambio de sus votos, beneficios negociados y prometidos por personas de la administración a quienes no se les aplicó la ley. Con este antecedente entre el bolsillo, los miembros del Gobierno y sus asistentes para oficiales debieron sentir que podían operar sin restricciones. Así lo demostraron burlándose entre ellos, vía Uriberry, de cuán bajo tendrían que descender para conseguir los votos necesarios. Varios congresistas han manifestado que les ofrecieron prebendas. Rafael Pardo ha denunciado formalmente varios casos concretos. Pero la opinión ha registrado todo esto como si fuera natural y ha envalentonado a los miembros del Gobierno a proceder con métodos y pragmatismo que bordean la procacidad.
El costo de haber pasado el referendo con una mayoría integrada por personas vinculadas a la parapolítica, tránsfugas atraídos en forma por lo menos sospechosa y clientelistas profesionales, ha sido que la bancada oficial y el Legislativo se perciban como un refugio de maleantes. Al Gobierno no le costaría trabajo clausurarlo en un futuro con el argumento de que el poder legislativo se corrompió, así como ha venido hostilizando al poder judicial con la acusación de que ha politizado la justicia. Se ha roto el equilibrio entre poderes y nos hallamos en el umbral de un cambio de régimen. Pero el público no se ha alarmado. El Gobierno lo mantiene entre cautivado y atemorizado. ¿A dónde iremos a parar entonces?
Rudolf Hommes
No es el momento para ser complacientes con la democracia a la colombiana, ni con la voluntad de las mayorías, sino que hay que pasar de alerta amarilla a alarma roja. El Gobierno y su bancada poseen el poder absoluto y han demostrado que no se detienen ante barreras legales o reglamentos, ni van a respetar la Constitución. No se debe olvidar que la mayoría de los golpes de Estado conducidos por líderes carismáticos, prominentemente el de Hitler en 1933, como recuerda Jorge Orlando Melo ayer en este diario, se realizan con la colaboración o complicidad de parlamentos cautivos, atraídos, cooptados o intimidados por el Ejecutivo respaldado por militares o por mayorías populares ("... los hombres del congreso granadino / Besáronle la mano al asesino / A trueque de vivir..." se lamentaba un prócer conservador exiliado en Nueva York a mitad del siglo XIX , huyéndole al Estado de Opinión creado por los artesanos de Bogotá).
La preocupación no es infundada. En ausencia de controles efectivos, hemos quedado en manos de un gobierno y un Congreso sometido, y no es prudente creer que van a ejercer autocontrol. La oportunidad de dar el zarpazo e inducir un cambio institucional extremo es esta y posiblemente no van a detenerse, aunque todavía hay por ahí ilusos que dicen que Uribe va a cederle el puesto a Juan Manuel Santos. Los líderes carismáticos creen que solamente ellos pueden hacer la tarea, que son irreemplazables y no les gusta compartir el poder.
Todo lo que ha sucedido desde el tercer año del primer gobierno del Presidente indica que no van a detenerse ahora. El estilo administrativo del Presidente, autoritario y hasta cierto punto arbitrario, y su deseo de controlar todos los centros de poder, la opinión, los medios de comunicación, los partidos, las agremiaciones y los grupos de presión lo han expuesto en distintas etapas de su trayectoria en el poder a grandes riesgos. Hubo momentos cuando hubiera tenido que parar, pero nadie salió a trancarlo y ha venido cogiendo cada vez mayor confianza.
Yidis y Teodolindo están en la cárcel por haber recibido, a cambio de sus votos, beneficios negociados y prometidos por personas de la administración a quienes no se les aplicó la ley. Con este antecedente entre el bolsillo, los miembros del Gobierno y sus asistentes para oficiales debieron sentir que podían operar sin restricciones. Así lo demostraron burlándose entre ellos, vía Uriberry, de cuán bajo tendrían que descender para conseguir los votos necesarios. Varios congresistas han manifestado que les ofrecieron prebendas. Rafael Pardo ha denunciado formalmente varios casos concretos. Pero la opinión ha registrado todo esto como si fuera natural y ha envalentonado a los miembros del Gobierno a proceder con métodos y pragmatismo que bordean la procacidad.
El costo de haber pasado el referendo con una mayoría integrada por personas vinculadas a la parapolítica, tránsfugas atraídos en forma por lo menos sospechosa y clientelistas profesionales, ha sido que la bancada oficial y el Legislativo se perciban como un refugio de maleantes. Al Gobierno no le costaría trabajo clausurarlo en un futuro con el argumento de que el poder legislativo se corrompió, así como ha venido hostilizando al poder judicial con la acusación de que ha politizado la justicia. Se ha roto el equilibrio entre poderes y nos hallamos en el umbral de un cambio de régimen. Pero el público no se ha alarmado. El Gobierno lo mantiene entre cautivado y atemorizado. ¿A dónde iremos a parar entonces?
Rudolf Hommes
jueves, 3 de septiembre de 2009
Curso Práctico: Ebusiness para Gerentes Propietarios Pymes
La Universidad Pontificia Bolivariana e Interlat Group ofrecerán del Septiembre 11 a Octubre 3 de 2009 en Bogotá en curso "Ebusiness para Gerentes Propietarios Pymes".
Este es un curso de nivel básico para la creación, desarrollo y ejecución de proyectos de negocios en Internet, basado en experiencias reales y casos prácticos, en el cual los empresarios Pymes podrán aprender las principales herramientas para crear y administrar su proyecto de negocios de manera electrónica.
Durante el curso, que se dictará en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, por Luis Carlos Chaquea, se presentarán las posibilidades que ofrece la Internet para dar a conocer los sitios web, como el posicionamiento en los motores de búsqueda y la publicidad por medio de Adwords, el sistema de Google para promocionar productos o servicios. Así mismo se reseñarán los diferentes aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta y el manejo de los riesgos involucrados al aceptar pagos electrónicos a través de Internet.
Una buena oportunidad para emprendedores y Pymes interesados en conocer el importante papel de las tecnologías de la información e implementarlo en sus empresas.
Este es un curso de nivel básico para la creación, desarrollo y ejecución de proyectos de negocios en Internet, basado en experiencias reales y casos prácticos, en el cual los empresarios Pymes podrán aprender las principales herramientas para crear y administrar su proyecto de negocios de manera electrónica.
Durante el curso, que se dictará en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, por Luis Carlos Chaquea, se presentarán las posibilidades que ofrece la Internet para dar a conocer los sitios web, como el posicionamiento en los motores de búsqueda y la publicidad por medio de Adwords, el sistema de Google para promocionar productos o servicios. Así mismo se reseñarán los diferentes aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta y el manejo de los riesgos involucrados al aceptar pagos electrónicos a través de Internet.
Una buena oportunidad para emprendedores y Pymes interesados en conocer el importante papel de las tecnologías de la información e implementarlo en sus empresas.
lunes, 31 de agosto de 2009
Oportunidad perdida
El período más boyante para la economía colombiana en los últimos 40 años no se aprovechó para lograr una reducción más significativa de la pobreza y de la desigualdad. ¿Qué pasó?.
En SEMANA.COM
Sábado 29 Agosto 2009
pasada se divulgaron las últimas cifras de pobreza y desigualdad en Colombia y nadie quedó contento con los datos. Que el número de pobres del país disminuya en 7 puntos en los últimos seis años, en teoría debería ser una buena noticia, pero la verdad es que después del auge económico que se vivió entre 2003 y 2007, cuando la economía disfrutó su cuarto de hora de los últimos 40 años, todos esperaban un mejor resultado.
Ciertamente, bajar del 53,7 al 46 por ciento el indicador de pobreza no es una victoria despreciable, pero estuvo por debajo de las expectativas que tenía hasta el propio presidente Uribe. En 2006, en un acto conmemorativo del día internacional para la erradicación de la pobreza, el mandatario afirmó "créanme que durante los 46 meses restantes de mi gobierno la pobreza disminuirá al 35 por ciento". La proyección de Uribe superaba la de Planeación que preveía para 2010 una pobreza del 39 por ciento.
Y esto no es lo más preocupante. Las cifras muestran que la indigencia, es decir, los colombianos que viven en extrema pobreza, aumentó 2 puntos (del 15,7 al 17,8 por ciento) en los últimos tres años. Eso quiere decir que hoy ocho millones de colombianos a quienes su ingreso no les alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos (la referencia es una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a los 450.000 pesos).
Como si fuera poco, la desigualdad o distribución del ingreso se estancó y la brecha entre el campo y la ciudad se sigue ampliando de manera escandalosa.
En medio de todo, la buena noticia es que por fin Colombia vuelve a tener indicadores sociales de pobreza e indigencia. Desde cuando el presidente Uribe comenzó su segundo mandato, en 2006, no se actualizaban estas cifras y este vacío estadístico generó mucha controversia entre analistas y críticos del gobierno. En primer lugar, porque sin estos datos no ha sido posible evaluar si la política social del gobierno ha tenido tanto éxito como la de seguridad democrática. Y en segundo lugar porque sin cifras confiables se hace imposible diseñar estrategias que tengan un real impacto sobre esta población.
En una primera mirada a los indicadores que fueron actualizados por expertos independientes convocados por el Dane y Planeación, varios analistas concluyen que en materia social a la administración Uribe no le ha ido tan bien. Al ritmo con que está cayendo la pobreza, cumplir con el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio parece un sueño. El país debería llegar a 2015 con un índice de pobreza de 28 por ciento y la indigencia de 8,8 por ciento.
Para Hugo López, gerente del Banco de la República seccional Medellín y un gran conocedor del tema laboral y de la pobreza, las cifras develaron tres gravísimos problemas: uno, que no se ha logrado reducir más la pobreza extrema. Lo segundo tiene que ver con la pobreza rural, que sigue muy alta. Mientras en las ciudades el 40 por ciento es pobre, en el campo esa cifra se eleva al 65 por ciento. Y tercero, los indicadores de distribución del ingreso no mejoran, lo que deja a Colombia en el top de los países del continente con mayor desigualdad. En 2002, el coeficiente de Gini (índice de concentración de la riqueza) estaba en 0,59 y de allí no se ha movido.
Para Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) y quien hizo parte de la misión de expertos que actualizó las cifras, es desconcertante la brecha entre lo urbano y rural. Mientras centros como Bogotá, Medellín o Cali muestran algo de avance, en el campo se agudiza la desigualdad. Según González, esto es consecuencia de la mala política del gobierno hacia el sector campesino y la ausencia de alternativas de empleo.
No es fácil entender cómo después de cuatro años creciendo en promedio por encima del 5 por ciento, la desigualdad persiste. César Caballero, coordinador del Proyecto de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, tiene una explicación. "Los beneficios de la bonanza que tuvimos en los últimos años se quedaron en manos de los más ricos, agudizando la iniquidad. No fuimos capaces de romper esta estructura".
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, se presenta en otros países. El ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry afirma que en los períodos de auge económico, cuando las empresas crecen, llega la inversión extranjera y hay más oportunidades laborales, la población que tiene mayor educación es la que disfruta de los beneficios. Los pobres que no tienen grado de educación suelen quedar rezagados.
¿Y familias en acción?
Ahora bien, si se tiene en cuenta que ya terminó el ciclo de expansión económica y que se entró en el bajo, ¿qué se puede esperar hacia futuro en materia social? El panorama no es muy alentador. El gobierno estima que entre 2009 y 2014 la economía crecerá en promedio 3,3 por ciento.
El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, advierte que no basta con períodos prolongados de crecimiento económicos, hay que focalizar el gasto hacia esa población más desprotegida.
A muchos les llama la atención que en 2008 la pobreza extrema subió 2 puntos, cuando el gobierno había intensificado el programa de Familias en Acción, que se orienta precisamente hacia los más pobres. Ya hay casi dos millones de beneficiarios.
El director de Planeación, Esteban Piedrahíta, asegura que este programa sí ha logrado ayudarle a la población en condición de indigencia y que esto ha sido complementado con la política de Red Juntos, que cree en que las familias venzan las trampas de la pobreza, a través de propuestas de desarrollo social integrado.
Nadie duda que estos programas ayuden, pero no son suficientes. Para el director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, el impacto del programa de Familias en Acción sobre los indigentes no puede ser muy grande, dice, por obvias razones. Las cifras lo indican: en pobreza extrema hay ocho millones y los beneficiarios del subsidio son una cuarta parte de este grupo y el ingreso que reciben es muy poco.
Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar a los pobres de la pobreza y evitar que nuevos caigan en esa trampa? Los expertos dicen que es una combinación de políticas. Por ejemplo, para Ramírez, es muy importante adelantar estrategias de largo plazo, como la educación. "Hay que tratar de que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Esta es la posibilidad más segura para superar la pobreza hacia futuro". Y el investigador Hugo López afirma que no basta con la estrategia de Familias en Acción, es indispensable un plan de choque en materia de empleo.
Las cifras de pobreza se conocen en un momento de ambiente político caldeado. Justo cuando arranca la carrera hacia la Presidencia de la República en 2010. Todos los candidatos, incluido el propio presidente Uribe, en la eventualidad de que se presente para un tercer cuatrienio, son conscientes de que si el tema militar no se roba el show, será la agenda social la que ocupe buena parte de la campaña. Para muchos este gobierno quedó en deuda con los más pobres.
Pero, como dice Ramírez, esto es un asunto que supera un gobierno y es de Estado, así ha sucedido en Chile, país que tiene la más baja tasa de pobreza de la región (14 por ciento) y espejo en donde todos quisieran mirarse. El tema es que así como se requieren pactos sociales entre todos los sectores para invertir en seguridad, también se necesitan para la protección de los más pobres.
En SEMANA.COM
Sábado 29 Agosto 2009
pasada se divulgaron las últimas cifras de pobreza y desigualdad en Colombia y nadie quedó contento con los datos. Que el número de pobres del país disminuya en 7 puntos en los últimos seis años, en teoría debería ser una buena noticia, pero la verdad es que después del auge económico que se vivió entre 2003 y 2007, cuando la economía disfrutó su cuarto de hora de los últimos 40 años, todos esperaban un mejor resultado.
Ciertamente, bajar del 53,7 al 46 por ciento el indicador de pobreza no es una victoria despreciable, pero estuvo por debajo de las expectativas que tenía hasta el propio presidente Uribe. En 2006, en un acto conmemorativo del día internacional para la erradicación de la pobreza, el mandatario afirmó "créanme que durante los 46 meses restantes de mi gobierno la pobreza disminuirá al 35 por ciento". La proyección de Uribe superaba la de Planeación que preveía para 2010 una pobreza del 39 por ciento.
Y esto no es lo más preocupante. Las cifras muestran que la indigencia, es decir, los colombianos que viven en extrema pobreza, aumentó 2 puntos (del 15,7 al 17,8 por ciento) en los últimos tres años. Eso quiere decir que hoy ocho millones de colombianos a quienes su ingreso no les alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos (la referencia es una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a los 450.000 pesos).
Como si fuera poco, la desigualdad o distribución del ingreso se estancó y la brecha entre el campo y la ciudad se sigue ampliando de manera escandalosa.
En medio de todo, la buena noticia es que por fin Colombia vuelve a tener indicadores sociales de pobreza e indigencia. Desde cuando el presidente Uribe comenzó su segundo mandato, en 2006, no se actualizaban estas cifras y este vacío estadístico generó mucha controversia entre analistas y críticos del gobierno. En primer lugar, porque sin estos datos no ha sido posible evaluar si la política social del gobierno ha tenido tanto éxito como la de seguridad democrática. Y en segundo lugar porque sin cifras confiables se hace imposible diseñar estrategias que tengan un real impacto sobre esta población.
En una primera mirada a los indicadores que fueron actualizados por expertos independientes convocados por el Dane y Planeación, varios analistas concluyen que en materia social a la administración Uribe no le ha ido tan bien. Al ritmo con que está cayendo la pobreza, cumplir con el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio parece un sueño. El país debería llegar a 2015 con un índice de pobreza de 28 por ciento y la indigencia de 8,8 por ciento.
Para Hugo López, gerente del Banco de la República seccional Medellín y un gran conocedor del tema laboral y de la pobreza, las cifras develaron tres gravísimos problemas: uno, que no se ha logrado reducir más la pobreza extrema. Lo segundo tiene que ver con la pobreza rural, que sigue muy alta. Mientras en las ciudades el 40 por ciento es pobre, en el campo esa cifra se eleva al 65 por ciento. Y tercero, los indicadores de distribución del ingreso no mejoran, lo que deja a Colombia en el top de los países del continente con mayor desigualdad. En 2002, el coeficiente de Gini (índice de concentración de la riqueza) estaba en 0,59 y de allí no se ha movido.
Para Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) y quien hizo parte de la misión de expertos que actualizó las cifras, es desconcertante la brecha entre lo urbano y rural. Mientras centros como Bogotá, Medellín o Cali muestran algo de avance, en el campo se agudiza la desigualdad. Según González, esto es consecuencia de la mala política del gobierno hacia el sector campesino y la ausencia de alternativas de empleo.
No es fácil entender cómo después de cuatro años creciendo en promedio por encima del 5 por ciento, la desigualdad persiste. César Caballero, coordinador del Proyecto de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, tiene una explicación. "Los beneficios de la bonanza que tuvimos en los últimos años se quedaron en manos de los más ricos, agudizando la iniquidad. No fuimos capaces de romper esta estructura".
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, se presenta en otros países. El ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry afirma que en los períodos de auge económico, cuando las empresas crecen, llega la inversión extranjera y hay más oportunidades laborales, la población que tiene mayor educación es la que disfruta de los beneficios. Los pobres que no tienen grado de educación suelen quedar rezagados.
¿Y familias en acción?
Ahora bien, si se tiene en cuenta que ya terminó el ciclo de expansión económica y que se entró en el bajo, ¿qué se puede esperar hacia futuro en materia social? El panorama no es muy alentador. El gobierno estima que entre 2009 y 2014 la economía crecerá en promedio 3,3 por ciento.
El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, advierte que no basta con períodos prolongados de crecimiento económicos, hay que focalizar el gasto hacia esa población más desprotegida.
A muchos les llama la atención que en 2008 la pobreza extrema subió 2 puntos, cuando el gobierno había intensificado el programa de Familias en Acción, que se orienta precisamente hacia los más pobres. Ya hay casi dos millones de beneficiarios.
El director de Planeación, Esteban Piedrahíta, asegura que este programa sí ha logrado ayudarle a la población en condición de indigencia y que esto ha sido complementado con la política de Red Juntos, que cree en que las familias venzan las trampas de la pobreza, a través de propuestas de desarrollo social integrado.
Nadie duda que estos programas ayuden, pero no son suficientes. Para el director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, el impacto del programa de Familias en Acción sobre los indigentes no puede ser muy grande, dice, por obvias razones. Las cifras lo indican: en pobreza extrema hay ocho millones y los beneficiarios del subsidio son una cuarta parte de este grupo y el ingreso que reciben es muy poco.
Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar a los pobres de la pobreza y evitar que nuevos caigan en esa trampa? Los expertos dicen que es una combinación de políticas. Por ejemplo, para Ramírez, es muy importante adelantar estrategias de largo plazo, como la educación. "Hay que tratar de que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Esta es la posibilidad más segura para superar la pobreza hacia futuro". Y el investigador Hugo López afirma que no basta con la estrategia de Familias en Acción, es indispensable un plan de choque en materia de empleo.
Las cifras de pobreza se conocen en un momento de ambiente político caldeado. Justo cuando arranca la carrera hacia la Presidencia de la República en 2010. Todos los candidatos, incluido el propio presidente Uribe, en la eventualidad de que se presente para un tercer cuatrienio, son conscientes de que si el tema militar no se roba el show, será la agenda social la que ocupe buena parte de la campaña. Para muchos este gobierno quedó en deuda con los más pobres.
Pero, como dice Ramírez, esto es un asunto que supera un gobierno y es de Estado, así ha sucedido en Chile, país que tiene la más baja tasa de pobreza de la región (14 por ciento) y espejo en donde todos quisieran mirarse. El tema es que así como se requieren pactos sociales entre todos los sectores para invertir en seguridad, también se necesitan para la protección de los más pobres.
Seguridad y... la desigualdad??
De acuerdo con informe sobre pobreza e indigencia
La desigualdad no cede
Por: ElEspectador.com
El Gobierno es optimista en que los índices mejoren en 2009. Analista advierte que la administración de Álvaro Uribe es “pro ricos”.
La indigencia en el país llegó al 17,8% en 2008, lo que corresponde a 7,9 millones de habitantes. La cifra cayó a 15,7% de la población en 2006.
Más allá del debate que se armó en el país tras conocerse las cifras sobre pobreza e indigencia, uno de los datos más preocupantes del informe revelado por el Departamento Nacional de Planeación y el DANE es la distribución de la riqueza en Colombia.
De acuerdo con el estudio, el coeficiente Gini para el país en 2008 fue de 0,59, una cifra similar a la registrada en 2002 y mayor a la que se presentó en 2003, 2004 y 2005, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que durante estos años la economía de Colombia creció, en promedio, 4,4%. Cabe destacar que debido al cambio de metodología que se hizo para medir diversas variables, estos datos no se registraron en 2006 y 2007.
Para analistas como Mauricio Cabrera, el Gini de 0,59 es el mejor reflejo del tipo de política económica que ha manejado la administración del presidente Álvaro Uribe. “En un estudio de la Cepal se muestra que todos los países de América Latina disminuyeron el coeficiente Gini, es decir que bajaron la desigualdad. Colombia fue el único país de la región que lo aumentó y esto es muy grave; lo que demuestra es que el modelo de desarrollo del presidente Uribe es pro rico”, explicó.
Por su parte, el Gobierno advierte que el incremento de la indigencia y del índice Gini, partiendo desde 2003, se explica, en buena parte, por la inflación que registraron los alimentos. “Entre 2005 y 2008, el cálculo que se ha hecho es que el 80% del aumento de la indigencia se atribuye al incremento en el precio de los alimentos. El año pasado la inflación de los alimentos fue del 14% y esto afecta principalmente a los sectores menos favorecidos. Para 2009 esperamos que tanto el Gini y la indigencia caigan porque la inflación de los alimentos se ha comportado bien, incluso es negativa”, manifestó Mauricio Ramírez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación.
El funcionario agregó que las políticas de salud y educación universales deberán redundar en una disminución de los índices de pobreza, indigencia y, sobre todo, de la mala distribución de la riqueza.
Tanto analistas como el Gobierno coinciden en afirmar que el problema de la distribución de ingresos ha sido estructural en América Latina, lo que la convierte en la región más inequitativa del mundo, por encima, incluso, de zonas más pobres como África.
Cómo se mide la desigualdad
Aunque existen varios indicadores para medir la desigualdad en los ingresos, el más usado es el Gini.
Este fue creado por el estadígrafo y demógrafo italiano Corrado Gini y se ubica entre 0 y 1, siendo el cero la distribución ideal y el uno la desigualdad perfecta.
Otros indicadores usados para medir la iniquidad son el índice de Atkinson, de Theil y de Hoover.
La desigualdad no cede
Por: ElEspectador.com
El Gobierno es optimista en que los índices mejoren en 2009. Analista advierte que la administración de Álvaro Uribe es “pro ricos”.
La indigencia en el país llegó al 17,8% en 2008, lo que corresponde a 7,9 millones de habitantes. La cifra cayó a 15,7% de la población en 2006.
Más allá del debate que se armó en el país tras conocerse las cifras sobre pobreza e indigencia, uno de los datos más preocupantes del informe revelado por el Departamento Nacional de Planeación y el DANE es la distribución de la riqueza en Colombia.
De acuerdo con el estudio, el coeficiente Gini para el país en 2008 fue de 0,59, una cifra similar a la registrada en 2002 y mayor a la que se presentó en 2003, 2004 y 2005, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que durante estos años la economía de Colombia creció, en promedio, 4,4%. Cabe destacar que debido al cambio de metodología que se hizo para medir diversas variables, estos datos no se registraron en 2006 y 2007.
Para analistas como Mauricio Cabrera, el Gini de 0,59 es el mejor reflejo del tipo de política económica que ha manejado la administración del presidente Álvaro Uribe. “En un estudio de la Cepal se muestra que todos los países de América Latina disminuyeron el coeficiente Gini, es decir que bajaron la desigualdad. Colombia fue el único país de la región que lo aumentó y esto es muy grave; lo que demuestra es que el modelo de desarrollo del presidente Uribe es pro rico”, explicó.
Por su parte, el Gobierno advierte que el incremento de la indigencia y del índice Gini, partiendo desde 2003, se explica, en buena parte, por la inflación que registraron los alimentos. “Entre 2005 y 2008, el cálculo que se ha hecho es que el 80% del aumento de la indigencia se atribuye al incremento en el precio de los alimentos. El año pasado la inflación de los alimentos fue del 14% y esto afecta principalmente a los sectores menos favorecidos. Para 2009 esperamos que tanto el Gini y la indigencia caigan porque la inflación de los alimentos se ha comportado bien, incluso es negativa”, manifestó Mauricio Ramírez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación.
El funcionario agregó que las políticas de salud y educación universales deberán redundar en una disminución de los índices de pobreza, indigencia y, sobre todo, de la mala distribución de la riqueza.
Tanto analistas como el Gobierno coinciden en afirmar que el problema de la distribución de ingresos ha sido estructural en América Latina, lo que la convierte en la región más inequitativa del mundo, por encima, incluso, de zonas más pobres como África.
Cómo se mide la desigualdad
Aunque existen varios indicadores para medir la desigualdad en los ingresos, el más usado es el Gini.
Este fue creado por el estadígrafo y demógrafo italiano Corrado Gini y se ubica entre 0 y 1, siendo el cero la distribución ideal y el uno la desigualdad perfecta.
Otros indicadores usados para medir la iniquidad son el índice de Atkinson, de Theil y de Hoover.
lunes, 20 de julio de 2009
Texto completo del discurso del Presidente Uribe en el Congreso
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ, EN LA CEREMONIA DE INSTALACIÓN DEL CONGRESO
Julio 20 de 2009
Honorables Senadores y Representantes:
Confianza
Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social.
Seguridad
La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación en las coberturas sociales.
Aun no estamos en un punto irreversible en el rescate de la seguridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias políticas.
La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra "paramilitar" se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.
En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio.
Se ha reversado la tendencia de los ciudadanos a buscar resolver el problema de seguridad por cuenta propia, ya se acude crecientemente a la fuerza pública, la comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse, a donde acudir, a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas por recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.
Reparación total no se da, sin embargo, estos esfuerzos anulan gérmenes de venganza y odio. Nos hemos propuesto esforzarnos, a pesar de las restricciones fiscales, sin comprometernos en cuantías impagables. Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al frágil pecunio del policía o soldado.
La mínima exigencia de las víctimas es que no se repitan las acciones violentas, la garantía de este derecho reposa en la permanencia firme y sostenida de la Seguridad Democrática.
Valioso intangible de nuestra seguridad es su discurrir por el camino de la legislación ordinaria contrario a las normas marciales. Se ha adelantado con respeto a las libertades, las garantías civiles, los derechos políticos. Esto honra a nuestra democracia que ha enfrentado un terrorismo que se sentía victorioso y ha sido excesivamente rico por el narcotráfico.
La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados. Éstos se buscan con más empeño cuando se tiene la tranquilidad de conciencia derivada de proceder con observancia de los derechos humanos, cuyas violaciones se sancionan sin vacilación.
La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.
Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con frecuencia el Ministro de Defensa, los Altos Mandos y el Presidente de la República acuden a audiencias en televisión para recibir y responder por las quejas de los ciudadanos en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas.
Reinserción
El énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización y acoger la reinserción. Más de 50 mil integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como desmovilizados, suma que no incluye a aquellos simplemente sometidos a la justicia. El número de desmovilizados supera en más de tres veces a los dados de baja.
El programa de reinserción es enorme. El promedio mes es de 11 mil que estudian primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2 mil en alfabetización. En 2008 más de 7 mil acudieron a formarse en el SENA. Al adicionar las familias el total de beneficiarios promedia en 120 mil. En el campo laboral contamos con 16 mil en trabajos estables, pero 70% en actividades informales.
Desplazados
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Éstos se mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros, al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.
Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.
El presupuesto de atención a desplazados ha aumentado en más de 10 veces. El 85% está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Al programa Familias en Acción han ingresado 340 mil familias desplazadas. En educación también es notorio el avance.
No obstante que 700 mil personas han regresado a sus sitios de origen, aun se les considera desplazados por no haber superado la pobreza. El atraso se da en vivienda y en recuperación y acceso a la tierra. De los 80 mil subsidios adjudicados 45 mil cuentan con vivienda efectiva. Cada año se entregan 30 mil subsidios adicionales.
Bajo la conducción del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, ha sido instalada la primera de las doce comisiones de restitución de bienes.
Existen varias preocupaciones sobre el alcance del programa de atención a desplazados; por ejemplo, en 2008, entre los registrados aparecen 150 mil personas que alegan desplazamientos sucedidos en el período de 1951 a 1987.
Confianza Inversionista
Nuestro País necesita una tasa elevada y sostenida de inversión. Ésta ha pasado del 14% del PIB a porcentajes entre el 24% y el 28%. Aun en medio de las dificultades de la economía, en el primer trimestre se situó en 25% del PIB. La inversión extranjera directa ha crecido de picos de 2 mil millones de dólares anuales a cifras de 8 mil, 9 mil 28, 10 mil 564. A cierre de junio acumulaba 4 mil 149, con un 11.9% de disminución frente a 2008 pero sensiblemente superior al comportamiento tradicional.
A pesar de que en el mundo el turismo se ha reducido en un 8%, en Colombia, en medio de la crisis, durante el primer semestre de este año se presentó un incremento del 10% de visitantes internacionales que pasaron de 578 mil a 638 mil. La Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, ha reportado que durante el período enero a junio se dio un crecimiento del 8% en el total de la pauta publicitaria.
Nuestro objetivo es que Colombia sea un País líder en inversión con responsabilidad social. Ésta significa transparencia en las relaciones entre inversionistas y el Estado, compromiso con el bienestar comunitario, por ejemplo en temas ambientales, fraternidad en las relaciones laborales por oposición al odio de clases y al capitalismo salvaje, y además el concepto del capital como factor de creación de riqueza social y no como activo de especulación, distorsión que originó la actual crisis de la economía mundial.
La confianza inversionista requiere seguridad física y jurídica, determinación política para estimularla, buen manejo de la economía y capacidad de introducir ajustes en cada momento. Ajustes dentro de la senda que conduzca a objetivos definidos con claridad, sin incurrir en el extremo del estancamiento y tampoco en alteraciones bruscas de rumbo, o bandazos.
El Congreso ha aprobado reformas estructurales con gran valor político, a pesar del riesgo derivado del discurso antagónico. La nueva legislatura trae afanes en reformas a la justicia, para su descongestión, los recursos del arancel judicial y el tratamiento de las pequeñas causas con el propósito de superar la impunidad. Millones de colombianos esperan con ilusión la penalización de la dosis personal de droga que ha sido una puerta que vincula niños al crimen organizado.
El Gobierno por su parte debe continuar la reforma de la administración, que se ha dado en 427 entidades y se constituye en el mejor legado a las finanzas públicas, con un ahorro equivalente a 6.28% del PIB, con soluciones a los pensionados como en Telecom, a las necesidades de inversión como en Ecopetrol y a la calidad de los servicios a los ciudadanos como en las clínicas del Seguro Social, que hacen el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social, del estado burocrático acaparado por politiquería y exceso de costos, al estado comunitario con austeridad y eficiencia.
Los tratados de comercio, promoción de inversiones y desmonte de la doble tributación, son señales de mucho impacto para generar inversión. Debemos continuar avanzando en ellos, en casos como los Estados Unidos con esa difícil mezcla entre urgencia y paciencia.
Situación fiscal y ajuste tributario
Los niveles que alcanzaron el déficit y el endeudamiento empezaron a crear dudas sobre la tradicional estabilidad macroeconómica de Colombia. Luego de reducir el endeudamiento del 48% del PIB al 22% y el déficit en el gobierno central del 6.5% al 2.34%, porcentajes que incluyen las transferencias al Seguro Social para el pago de pensiones, estamos obligados a elevarlos para enfrentar la crisis de la economía, siempre con el cuidado de no regresar a tendencias de grave riesgo.
Propondremos al Congreso un ajuste tributario como decisión de responsabilidad fiscal frente a la crisis, sin afectar la esencia de los estímulos a la inversión aprobados por el Congreso en los últimos años. Sería absurdo desmontarlos cuando apenas empiezan a producir frutos. Las decisiones de inversión no se toman de la noche a la mañana, en muchos casos se empieza a conocer a Colombia, estos procesos demandan plazos para madurar. Una reforma estructural, de tarifa plana reducida, eliminaría la progresividad, necesaria en la justicia social, y también aboliría el tratamiento más favorable a la inversión.
La democracia colombiana se ha honrado con el hecho de que los sectores más pudientes hayan financiado la Seguridad Democrática con el impuesto al patrimonio. Se pedirá un nuevo esfuerzo, transitorio, con contribuciones que empiecen a recaudarse en 2011.
En 2006 el Congreso elevó del 30 al 40% la deducción tributaria que promueve la reinversión de utilidades y la hizo definitiva. Proponemos regresarla al 30% de 2003 y mantener la norma más reciente que no la deroga al darse un reparto posterior de utilidades.
El proyecto prohíbe acumular los estímulos de zona franca y deducción de inversiones.
Los contratos de estabilidad, también autorizados por el Congreso, son necesarios como instrumento de seguridad jurídica en el largo plazo, que hace posible la decisión de inversión. Los contratos no han incluido la suma de los estímulos de zona franca y deducción de inversiones, se ha resuelto garantizar como deducción un tope del 30% de la inversión y no excluir la posibilidad de tarifas transitorias al patrimonio.
Pensamos que estos ajustes equilibran la seguridad sobre las reglas de juego y las necesidades fiscales de la Nación. La confianza inversionista necesita tanto de los estímulos como de la estabilidad fiscal, que son variables inseparables.
Estos ajustes contribuyen a recuperar el grado de inversión y a obtener financiación en momentos tan difíciles de la economía. Nos apartamos de la tesis de que en lugar del impuesto al patrimonio se debería incrementar el endeudamiento; resulta lógico que sin el impuesto la obtención de crédito puede ser más costosa y por qué no, más difícil.
A propósito del gravamen a los patrimonios es bueno anotar que gracias a la actividad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, durante el período de Gobierno, el avalúo inmobiliario, que no refiere a los cuatro catastros autónomos, ha pasado de 204 billones de pesos a 452, con un aumento promedio anual del 10.6%.
Normas laborales y Empleo
El tema laboral es un asunto normativo de mucha sensibilidad. No estamos de acuerdo con derogar beneficios a los trabajadores ni con crear obstáculos al empleo. Eliminar los parafiscales traería incertidumbre al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación, que tanto aportan a la equidad. Aprobar la contrarreforma laboral acarrearía dificultades a millones de empleos en los servicios como hospitales, hoteles y otros, que trabajan 24 horas, dominicales y festivos. El aumento de la beca a las madres comunitarias las ha motivado, pero de laboralizarlas se decretaría la liquidación del ICBF. Las cooperativas de trabajo asociado deben garantizar estabilidad, la remuneración de todos los factores, afiliación a la seguridad social y no deben ser intermediarios laborales.
Colombia, en sucesivas reformas laborales, ha logrado un equilibrio entre las garantías de estabilidad a los trabajadores y el margen de flexibilidad para los empleadores. El análisis crítico de los costos laborales debería hacerse en concordancia con la tributación en general y los incentivos a la inversión en particular.
Pensamos que hoy el empleo no depende de nuevas normas laborales, sino de la posibilidad de recuperar un alto nivel de actividad económica, de sostenidas y altas tasas de inversión, de mejorar la productividad a través de la educación y la infraestructura, y de apoyar más la competitividad con la investigación y la exploración de los nuevos oficios.
Política social
La política social se erige en el gran validador de la Seguridad Democrática y la confianza inversionista, a su vez depende del marco de prosperidad que estas dos construyan. Además de los recursos asignados a desplazados, víctimas y desmovilizados, las coberturas sociales se han incrementado notablemente. En la medida que los programas, con excepción de la atención de ancianos, apuntan a crear condiciones de equidad distributiva, forman una estrategia estructural que trasciende lo meramente asistencial.
Educación
La cobertura de educación básica estaba en el 78%, ahora se aproxima al 100%. Se gradúan cerca de 650 mil bachilleres, antes lo hacían poco más de 400 mil. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, con los nuevos cupos técnicos y tecnológicos del SENA estaremos superando el número de un millón 700 mil. El ICETEX financiaba 60 mil estudiantes, 300 mil es su nueva meta después de haber llegado a 250 mil.
El liderazgo del Sena es de reconocimiento internacional en formación vocacional, en técnicas y tecnológicas. Capacitaba a un millón 100 mil colombianos y este año llega a 6 millones. Contaba con 41 mil matriculados en formación titulada técnica y tecnológica y ahora llega a 295 mil. Ya ha empezado a incrementar otros 250 mil cupos, orientados a nuevos oficios, emprendimientos y sectores de la economía que el País se propone dinamizar para dejar atrás la crisis económica.
La entidad completará este año un millón de estudiantes de inglés como segunda lengua, a través de Internet, la mayoría desde San Andrés y Providencia, por transmisión satelital que será reemplazada por un cable submarino contratado por el Ministerio de Comunicaciones que potenciará al Archipiélago como bastión de informática.
La aprobación en el Congreso de los programas y recursos para gratuidad educativa y Familias en Acción ha sido definitiva para aumentar la cobertura, disminuir la deserción y fomentar la expectativa cierta de completar los ciclos. La gratuidad apoya a 5 millones de niños y en Familias en Acción se han inscrito más de dos millones 700 mil familias.
Las diferentes pruebas a estudiantes, egresados y profesores, el concurso de maestros, el nuevo escalafón con mejor remuneración, son factores que redundarán en la calidad. Aspiramos, en breve, que el 80% de los estudiantes de matrícula pública tenga acceso a conectividad de banda ancha.
Las coberturas han desbordado la infraestructura. Los recursos de Ley 21 son insuficientes. Aspiramos que el aumento elevado de los recursos descentralizados de participación contribuya al desatraso en construcciones y dotaciones escolares.
Con apropiaciones nacionales diferentes a las transferencias territoriales, el Ministerio de Educación tiene a su cargo la construcción de 50 colegios de excelencia, localizados en asentamientos de compatriotas de la mayor pobreza.
El Instituto de Bienestar Familiar, ha elevado a cerca de 14 millones 500 mil las porciones alimentarias, que han pasado de 122 días a 156 de una meta de 180. Nuestro compromiso es plena cobertura en nutrición infantil, a pesar de las dificultades de las trochas y caños para proveer comunidades en la selva.
Para confrontar el rezago en escolaridad de la primera infancia de los sectores pobres, con partidas nacionales y territoriales, deben ser escolarizados 300 mil niñitos este año y 400 mil en 2010, todos menores de cinco años. Son de mucha ayuda los nuevos recursos destinados por el Congreso, recibidos en dos ocasiones por las alcaldías, y la construcción por el ICBF de hogares múltiples, jardines infantiles y la reparación de aquellos que ya existían.
Salud
El País va hacia la meta de plena cobertura en salud, 41 millones de colombianos tienen cupo en el sistema de aseguramiento. No hemos cerrado un solo hospital, varios centenares han sido reestructurados, faltan muchos. Exploramos opciones para acelerar la costosa nivelación entre el régimen subsidiado y el contributivo. Además de lo que pueda hacerse en recursos, en subsidios parciales para acceder al contributivo y en otras opciones, la ruta más segura es la formalización laboral que jalone personas desde el subsidiado, sistema que aun vincula a muchos afiliados que deberían inscribirse en el contributivo.
El paso inmediato debe ser acudir al nuevo SISBÉN para identificar quiénes, de los 11 millones de integrantes de la población ocupada que reciben los beneficios del Régimen Subsidiado, deben registrarse en el Contributivo, aun con la condición de un subsidio estatal parcial de la cotización, durante algún tiempo, con la suma equivalente al costo actual de cada persona del Subsidiado.
Reconocemos problemas subsistentes en calidad y faltantes de financiación, especialmente en los departamentos, cuyas soluciones estamos trabajando.
Red Juntos
La Red Juntos tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema. Pretende reunir 45 metas básicas en un millón 500 mil familias en temas educativos, de salud, nutrición, vivienda, bancarización y ahorro, dinámica familiar, acceso a la justicia, trabajo, emprendimiento e ingresos. A la fecha ha vinculado 610 mil familias apoyadas por 6 mil 820 cogestores.
Política anticíclica
La crisis de la economía ha frenado la dinámica de crecimiento que el País había logrado.
Nuestra política anticíclica contiene elementos que se habían incorporado en los últimos años, en cuyos desarrollos hemos estado aplicados, y además incluye nuevas herramientas. La circunstancia de haber actuado con conciencia de crisis y determinación de superarla, desde el inicio del Gobierno, explica que no hayamos tenido que salir a improvisar medidas para afrontar la aguda recesión internacional.
Especial énfasis se hace en cuatro elementos de política anticíclica, son ellos: infraestructura, red de protección social, confianza inversionista y financiación del Estado y los empleadores.
Infraestructura
En infraestructura, el atraso y la necesidad de obras, en combinación con la confianza para invertir en Colombia y aportar financiación, nos dan grandes oportunidades. Hemos reemprendido el progreso en puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Nuestra Armada vigilaba la navegación en 3 mil de los 16 mil kilómetros de ríos navegables, actualmente lo hace en cerca de 14 mil.
En nueve ciudades se construyen los sistemas de transporte masivo. En Bogotá, con aportes nacionales del 70%, hemos pasado de 34 a 84 kilómetros de Transmilenio y se adecuan otros 20 kilómetros. Recientemente se inauguró el Mío de Cali, que es el tercero en servicio después de Megabus de Pereira.
Solamente referiré a algunas carreteras.
El Plan 2.500 registra la ejecución de más de dos mil 300 kilómetros. Hemos adjudicado y contratado mil 500 kilómetros en corredores de competitividad. Todas las concesiones de primera generación han restablecido ritmos de obra gracias a la superación de anteriores disputas. Todas las adjudicadas por este Gobierno están operando debidamente. El recorrido colombiano de la carretera Caracas-Buenaventura muestra visos de concreta realidad: con regalías de Arauca e ingeniería del Ejército está concluido un tramo significativo entre Tame y la capital del Departamento; en los corredores de competitividad ha sido contratado el trayecto de Cusiana a Sogamoso; están construidos más de 115 kilómetros de doble calzada entre Sogamoso y Bogotá; se ejecuta la doble calzada Bogotá-Girardot-Ibagué-Cajamarca, que a la altura del Sumapaz contará con el túnel Guillermo León Valencia, en honor del ilustre Ex Presidente, obra ya excavada que se dará al servicio en pocos meses; en contados días empezará la ejecución del túnel de tráfico del Segundo Centenario, en la Línea, que ya dispone del túnel de prueba; los tramos cafeteros y vallecaucanos son excelentes; la doble calzada entre Buga y Buenaventura, sueño vallecaucano, está contratada en su totalidad, además, en ejecución.
Está en licitación la Ruta del Sol, de Bogotá a Santa Marta, en doble calzada. Todas las concesiones del Caribe empiezan a mostrar obras y estamos en el proceso para que los diferentes trayectos queden fusionados en la Transversal de las Américas, entre Palo de Letras en la frontera con Panamá y el puente de Paraguachón en la frontera con Venezuela. Autopistas de la Montaña se adelanta en la fase precontractual, con la novedad de incorporar a Interconexión Eléctrica, ISA, como concesionario sin riesgo, en contrato de confianza que contaría con cuantiosos aportes de Antioquia y Medellín. También se tramita la financiación del tramo de doble calzada en la autopista Bogotá-Villavicencio.
Colombia tenía 53 kilómetros de doble calzada, hasta hoy se han completado 649, este año se agregarán 160 y hay el propósito de ejecutar 200 por año.
Lo que se anuncia, aun aquello que se construya, es poco en relación con las necesidades del País. Por tercer año consecutivo se remiten a los municipios los recursos indicados por el Congreso para las vías de su jurisdicción. Donde se coordinan esfuerzos con los departamentos, como los bancos de maquinaria de Caldas, los recursos rinden a pesar de la limitada cuantía. Facilitamos esos bancos de maquinaria con la advertencia de evitar pleitos laborales por la operación y corrupción en el mantenimiento.
Las tragedias naturales han devorado los recursos del Fondo de Regalías. Con insuficiencia presupuestal hemos procurado asistirlas en todos los casos. Especial prioridad se ha dado a las inundaciones del Bajo Magdalena a través de la respectiva corporación.
Planes Departamentales de Agua
Los Planes Departamentales de Agua agrupan a los municipios alrededor de los departamentos, con lo cual se resalta la importancia de los entes intermedios de Gobierno y se evita que recursos diferentes al Sistema General de Participaciones, transferencias, se asignen sin reglas de equidad.
Los Planes Departamentales deben invertir alrededor de 5.6 billones y en el presente año la meta es de 1.7 billones.
Vivienda
Hay indicaciones de recuperación de la construcción de vivienda. A la tendencia de normalización de las tasas de interés se agrega el sustancial incremento de los recursos presupuestales que para subsidios de vivienda social han variado de 150 mil millones a 840 mil millones. No obstante, reconocemos que aun es insuficiente frente al faltante cuantitativo y cualitativo de esta vivienda.
El Gobierno, con apoyo del Banco de la República, decidió utilizar los montos ahorrados en el Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, FRECH, para subsidiar tasas de interés, durante siete años, en los créditos para vivienda nueva, de valor hasta 167 millones, con gran beneficio para los compatriotas de ingresos bajos y medios. Se calcula un total de 80 mil créditos subsidiados.
Insistimos en que las cajas de compensación familiar, de acuerdo con su responsabilidad social, deben hacer préstamos para mejoramiento de vivienda a afiliados y no afiliados.
En varias ciudades se desarrollan macro proyectos, que aplican la norma que se introdujo en el Plan de Desarrollo.
El Fondo Nacional de Ahorro aprobará este año 60 mil créditos, con participación creciente de ahorradores pobres como las madres comunitarias, gracias a la reforma que aprobó el Congreso. En este período ha superado el número de créditos de toda su vida anterior.
Nos abriga la expectativa que en los próximos meses se observe una nueva dinámica en la actividad constructora con su efecto en el empleo y la economía en general.
Red de Protección Social
El aumento de las coberturas sociales se constituye en la necesaria protección a los pobres, que no son los culpables de la crisis que los amenaza.
El impulso a Familias en Acción, Régimen Subsidiado de Salud, alimentación infantil y de ancianos, se complementa con el cuidado para no disminuir la afiliación a la seguridad social. En el período se han registrado aumentos de beneficiarios en Régimen Contributivo de Salud, riesgos profesionales y pensiones del orden del 45%.
Nuestra preocupación hacia el futuro es el envejecimiento de nueve millones de colombianos trabajadores que no han construido expectativa de pensión. Bienvenida la reciente reforma financiera que autoriza al Gobierno a aportar a las cuentas de ahorro de los ciudadanos vulnerables para que obtengan un ingreso de retiro.
El sistema de Banca de Oportunidades debe desembolsar este año un millón 500 mil microcréditos. De la meta de cinco millones de créditos para el cuatrienio, ha colocado más de cuatro millones, de los cuales un millón 200 mil corresponden a personas que por primera vez reciben un crédito institucional, que en buen porcentaje habían acudido al mercado negro de la usura.
La política social agrega fuerza a la demanda interna y compensa parcialmente la problemática creada por la contracción de las exportaciones. El combate a la pobreza y a la inequidad hace del mercado interno una gran posibilidad.
Instituciones democráticas
Congreso
Expreso nuestra gratitud al Congreso, a las mesas directivas salientes, al Presidente del Senado, doctor Hernán Andrade y al Presidente de la Cámara, doctor Germán Varón, por la agenda legislativa tramitada con disposiciones tan importantes como la Reforma Política para la severa sanción de la penetración del crimen en la política; el aumento de las penas para asesinos de personas que requieren especial protección como los sindicalistas; las disposiciones que regulan la inteligencia del Estado; convenios internacionales de comercio y de eliminación de la doble tributación; normas de competencias y de adaptación contable a las reglas internacionales para la confianza inversionista; los beneficios de retiro para los trabajadores vulnerables que incluye el estatuto financiero.
Son 24 nuevas normas de la mayor conveniencia para el País y 40 que continúan su proceso legislativo.
Expreso nuestra gratitud al Congreso por el valor civil para negar proyectos inconvenientes al bien general. Sir Winston Churchill manifestaba que al Congreso se le debe juzgar no por las leyes aprobadas sino por la capacidad de negar los proyectos dañinos.
La época vivida ha sido muy difícil para el Congreso por el juicio de hechos anteriores a este Gobierno, cuyo último responsable es el descuido del Estado que permitió el dominio del terrorismo sobre vastas áreas de la geografía. El buen resultado de la actividad legislativa y de control político ha constituido el motor de superación de la Institución, a la que muchos le extendían partida de defunción.
El trámite resuelto y exitoso de las diferentes iniciativas pondrá al Congreso a la altura de las más positivas expectativas de la Nación.
El Estado de Opinión: fase superior del Estado Social de Derecho
Colombia goza de un Estado de Opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo, que empezara hace un milenio en Inglaterra con la Carta Magna de Juan Sin Tierra.
Sin Estado de Opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control.
Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; es el seguro de la descentralización, que en Colombia impide su suplantación.
Estado de Opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas.
El derecho de la participación conlleva el debate a la decisión del legislador y el derecho de la representación protege sus decisiones contra la tipificación como delito.
Sobre las bases del Estado de Opinión nuestro País cuenta con una sólida institucionalidad democrática: elegimos 32 gobernadores y mil 102 alcaldes, concejales y diputados, de los más diversos orígenes políticos, y con la práctica diaria del Estado de Opinión, construimos con ellos esa concertación que denominan gobernabilidad, que es la mínima unidad de Patria.
La justicia es independiente y autónoma. El ejecutivo no participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de control originados en el Congreso y de su misión imparcial. Envía ternas para elegir tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional e interviene en la formación de una de las salas del Consejo de la Judicatura.
Bicentenario
Esta mañana en Tame, Arauca, tuvimos el epicentro del Gran Concierto Nacional que se escuchó en mil cien municipios con la participación de más de 200 mil artistas. Se inició la representación viva que nuestras Fuerzas Armadas realizan de la epopeya de la libertad. Estará acompañada de la televisión que en cada noche hará un resumen especialmente orientado a los niños, y habrá transmisión por Internet. Nos encontraremos en un Consejo Comunitario en la cordillera boyacense y los esperaremos el 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Es el anticipo del Bicentenario de la Independencia, que será bella oportunidad de estudio de la historia, revisión del alma nacional y de cada ciudadano y de reflexión sobre el futuro.
Acuerdo con los Estados Unidos
El terrorismo y los violentos son cadenas de esclavitud aun no rotas en su totalidad, financiadas por el narcotráfico. Por eso el acuerdo con los Estados Unidos de América para erradicarlos por siempre.
El Acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese País y en las convenciones de las cuales ambos, Colombia y Estados Unidos, son signatarios. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida.
El desarrollo del Acuerdo procedería en cada actividad con la autorización del Gobierno de Colombia y por mutuo consentimiento.
El Acuerdo será regido por principios como la Igualdad Soberana, la Integridad Territorial y la No Intervención en Asuntos Internos de otros Estados.
Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas.
Para respetar los principios de Jurisdicción Nacional sobre Personal Militar y Soberanía del Territorio, se estudia un procedimiento para que la inmunidad no sea impunidad.
El Acuerdo es para fortalecer bases militares colombianas no para abrir bases norteamericanas.
El Acuerdo es para recuperar el derecho de los colombianos a vivir tranquilos.
Al finalizar la Guerra de los Mil Días, en 1902, el País entró en una especie de temporada de paz, que fue truncada por el estallido de la violencia partidista en los años cuarenta de la anterior centuria. Superada por el advenimiento del Frente Nacional, irrumpieron las guerrillas marxistas, años después transformadas en mercenarios del narcotráfico. Llegó con igual crueldad la reacción paramilitar, que también desembocó en el narcotráfico.
Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía, muchos son los riesgos y amenazas que todavía nos acechan para dejar atrás esta violencia que ha afectado a tantas generaciones.
Los violentos practican terrorismo y sangre en Colombia e intentan hacer política en el extranjero. Asesinan y pretenden interferir las relaciones exteriores del País.
Los Estados Unidos nos han ayudado de manera respetuosa y práctica en el Plan Colombia. Nada ganamos con voces de solidaridad y pésame de la comunidad internacional mientras la sangre se derrama aquí. La cooperación debe ser efectiva y no simbólica.
El terrorismo debe quedar notificado que no nos va a engañar con falsos nacionalismos, improcedentes en nuestra era de crimen internacional.
El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción sino un imperativo.
El terrorismo debe quedar notificado que el abandono de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la negociación de buena fe y el sometimiento a la ley, no es una posibilidad a criterio y capricho de los terroristas, sino una exigencia del pueblo.
El servicio a Colombia es una determinación irrenunciable en procura del bienestar de las nuevas generaciones. El servicio a Colombia no es un trabajo de cálculo político.
En una de sus epístolas, el Apóstol nos dice: "Si el sonido que emite la trompeta es incierto y débil, ¿quién acudirá al campo de batalla?
Respetados Senadores y Representantes, compatriotas todos: Tengamos certeza en los objetivos y acciones en procura de una Colombia próspera y equitativa. Tengamos fortaleza en la lucha para lograrlo.
Bogotá, Julio 20 de 2009
Julio 20 de 2009
Honorables Senadores y Representantes:
Confianza
Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social.
Seguridad
La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación en las coberturas sociales.
Aun no estamos en un punto irreversible en el rescate de la seguridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias políticas.
La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra "paramilitar" se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.
En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio.
Se ha reversado la tendencia de los ciudadanos a buscar resolver el problema de seguridad por cuenta propia, ya se acude crecientemente a la fuerza pública, la comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse, a donde acudir, a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas por recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.
Reparación total no se da, sin embargo, estos esfuerzos anulan gérmenes de venganza y odio. Nos hemos propuesto esforzarnos, a pesar de las restricciones fiscales, sin comprometernos en cuantías impagables. Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al frágil pecunio del policía o soldado.
La mínima exigencia de las víctimas es que no se repitan las acciones violentas, la garantía de este derecho reposa en la permanencia firme y sostenida de la Seguridad Democrática.
Valioso intangible de nuestra seguridad es su discurrir por el camino de la legislación ordinaria contrario a las normas marciales. Se ha adelantado con respeto a las libertades, las garantías civiles, los derechos políticos. Esto honra a nuestra democracia que ha enfrentado un terrorismo que se sentía victorioso y ha sido excesivamente rico por el narcotráfico.
La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados. Éstos se buscan con más empeño cuando se tiene la tranquilidad de conciencia derivada de proceder con observancia de los derechos humanos, cuyas violaciones se sancionan sin vacilación.
La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.
Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con frecuencia el Ministro de Defensa, los Altos Mandos y el Presidente de la República acuden a audiencias en televisión para recibir y responder por las quejas de los ciudadanos en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas.
Reinserción
El énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización y acoger la reinserción. Más de 50 mil integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como desmovilizados, suma que no incluye a aquellos simplemente sometidos a la justicia. El número de desmovilizados supera en más de tres veces a los dados de baja.
El programa de reinserción es enorme. El promedio mes es de 11 mil que estudian primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2 mil en alfabetización. En 2008 más de 7 mil acudieron a formarse en el SENA. Al adicionar las familias el total de beneficiarios promedia en 120 mil. En el campo laboral contamos con 16 mil en trabajos estables, pero 70% en actividades informales.
Desplazados
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Éstos se mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros, al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.
Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.
El presupuesto de atención a desplazados ha aumentado en más de 10 veces. El 85% está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Al programa Familias en Acción han ingresado 340 mil familias desplazadas. En educación también es notorio el avance.
No obstante que 700 mil personas han regresado a sus sitios de origen, aun se les considera desplazados por no haber superado la pobreza. El atraso se da en vivienda y en recuperación y acceso a la tierra. De los 80 mil subsidios adjudicados 45 mil cuentan con vivienda efectiva. Cada año se entregan 30 mil subsidios adicionales.
Bajo la conducción del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, ha sido instalada la primera de las doce comisiones de restitución de bienes.
Existen varias preocupaciones sobre el alcance del programa de atención a desplazados; por ejemplo, en 2008, entre los registrados aparecen 150 mil personas que alegan desplazamientos sucedidos en el período de 1951 a 1987.
Confianza Inversionista
Nuestro País necesita una tasa elevada y sostenida de inversión. Ésta ha pasado del 14% del PIB a porcentajes entre el 24% y el 28%. Aun en medio de las dificultades de la economía, en el primer trimestre se situó en 25% del PIB. La inversión extranjera directa ha crecido de picos de 2 mil millones de dólares anuales a cifras de 8 mil, 9 mil 28, 10 mil 564. A cierre de junio acumulaba 4 mil 149, con un 11.9% de disminución frente a 2008 pero sensiblemente superior al comportamiento tradicional.
A pesar de que en el mundo el turismo se ha reducido en un 8%, en Colombia, en medio de la crisis, durante el primer semestre de este año se presentó un incremento del 10% de visitantes internacionales que pasaron de 578 mil a 638 mil. La Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, ha reportado que durante el período enero a junio se dio un crecimiento del 8% en el total de la pauta publicitaria.
Nuestro objetivo es que Colombia sea un País líder en inversión con responsabilidad social. Ésta significa transparencia en las relaciones entre inversionistas y el Estado, compromiso con el bienestar comunitario, por ejemplo en temas ambientales, fraternidad en las relaciones laborales por oposición al odio de clases y al capitalismo salvaje, y además el concepto del capital como factor de creación de riqueza social y no como activo de especulación, distorsión que originó la actual crisis de la economía mundial.
La confianza inversionista requiere seguridad física y jurídica, determinación política para estimularla, buen manejo de la economía y capacidad de introducir ajustes en cada momento. Ajustes dentro de la senda que conduzca a objetivos definidos con claridad, sin incurrir en el extremo del estancamiento y tampoco en alteraciones bruscas de rumbo, o bandazos.
El Congreso ha aprobado reformas estructurales con gran valor político, a pesar del riesgo derivado del discurso antagónico. La nueva legislatura trae afanes en reformas a la justicia, para su descongestión, los recursos del arancel judicial y el tratamiento de las pequeñas causas con el propósito de superar la impunidad. Millones de colombianos esperan con ilusión la penalización de la dosis personal de droga que ha sido una puerta que vincula niños al crimen organizado.
El Gobierno por su parte debe continuar la reforma de la administración, que se ha dado en 427 entidades y se constituye en el mejor legado a las finanzas públicas, con un ahorro equivalente a 6.28% del PIB, con soluciones a los pensionados como en Telecom, a las necesidades de inversión como en Ecopetrol y a la calidad de los servicios a los ciudadanos como en las clínicas del Seguro Social, que hacen el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social, del estado burocrático acaparado por politiquería y exceso de costos, al estado comunitario con austeridad y eficiencia.
Los tratados de comercio, promoción de inversiones y desmonte de la doble tributación, son señales de mucho impacto para generar inversión. Debemos continuar avanzando en ellos, en casos como los Estados Unidos con esa difícil mezcla entre urgencia y paciencia.
Situación fiscal y ajuste tributario
Los niveles que alcanzaron el déficit y el endeudamiento empezaron a crear dudas sobre la tradicional estabilidad macroeconómica de Colombia. Luego de reducir el endeudamiento del 48% del PIB al 22% y el déficit en el gobierno central del 6.5% al 2.34%, porcentajes que incluyen las transferencias al Seguro Social para el pago de pensiones, estamos obligados a elevarlos para enfrentar la crisis de la economía, siempre con el cuidado de no regresar a tendencias de grave riesgo.
Propondremos al Congreso un ajuste tributario como decisión de responsabilidad fiscal frente a la crisis, sin afectar la esencia de los estímulos a la inversión aprobados por el Congreso en los últimos años. Sería absurdo desmontarlos cuando apenas empiezan a producir frutos. Las decisiones de inversión no se toman de la noche a la mañana, en muchos casos se empieza a conocer a Colombia, estos procesos demandan plazos para madurar. Una reforma estructural, de tarifa plana reducida, eliminaría la progresividad, necesaria en la justicia social, y también aboliría el tratamiento más favorable a la inversión.
La democracia colombiana se ha honrado con el hecho de que los sectores más pudientes hayan financiado la Seguridad Democrática con el impuesto al patrimonio. Se pedirá un nuevo esfuerzo, transitorio, con contribuciones que empiecen a recaudarse en 2011.
En 2006 el Congreso elevó del 30 al 40% la deducción tributaria que promueve la reinversión de utilidades y la hizo definitiva. Proponemos regresarla al 30% de 2003 y mantener la norma más reciente que no la deroga al darse un reparto posterior de utilidades.
El proyecto prohíbe acumular los estímulos de zona franca y deducción de inversiones.
Los contratos de estabilidad, también autorizados por el Congreso, son necesarios como instrumento de seguridad jurídica en el largo plazo, que hace posible la decisión de inversión. Los contratos no han incluido la suma de los estímulos de zona franca y deducción de inversiones, se ha resuelto garantizar como deducción un tope del 30% de la inversión y no excluir la posibilidad de tarifas transitorias al patrimonio.
Pensamos que estos ajustes equilibran la seguridad sobre las reglas de juego y las necesidades fiscales de la Nación. La confianza inversionista necesita tanto de los estímulos como de la estabilidad fiscal, que son variables inseparables.
Estos ajustes contribuyen a recuperar el grado de inversión y a obtener financiación en momentos tan difíciles de la economía. Nos apartamos de la tesis de que en lugar del impuesto al patrimonio se debería incrementar el endeudamiento; resulta lógico que sin el impuesto la obtención de crédito puede ser más costosa y por qué no, más difícil.
A propósito del gravamen a los patrimonios es bueno anotar que gracias a la actividad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, durante el período de Gobierno, el avalúo inmobiliario, que no refiere a los cuatro catastros autónomos, ha pasado de 204 billones de pesos a 452, con un aumento promedio anual del 10.6%.
Normas laborales y Empleo
El tema laboral es un asunto normativo de mucha sensibilidad. No estamos de acuerdo con derogar beneficios a los trabajadores ni con crear obstáculos al empleo. Eliminar los parafiscales traería incertidumbre al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación, que tanto aportan a la equidad. Aprobar la contrarreforma laboral acarrearía dificultades a millones de empleos en los servicios como hospitales, hoteles y otros, que trabajan 24 horas, dominicales y festivos. El aumento de la beca a las madres comunitarias las ha motivado, pero de laboralizarlas se decretaría la liquidación del ICBF. Las cooperativas de trabajo asociado deben garantizar estabilidad, la remuneración de todos los factores, afiliación a la seguridad social y no deben ser intermediarios laborales.
Colombia, en sucesivas reformas laborales, ha logrado un equilibrio entre las garantías de estabilidad a los trabajadores y el margen de flexibilidad para los empleadores. El análisis crítico de los costos laborales debería hacerse en concordancia con la tributación en general y los incentivos a la inversión en particular.
Pensamos que hoy el empleo no depende de nuevas normas laborales, sino de la posibilidad de recuperar un alto nivel de actividad económica, de sostenidas y altas tasas de inversión, de mejorar la productividad a través de la educación y la infraestructura, y de apoyar más la competitividad con la investigación y la exploración de los nuevos oficios.
Política social
La política social se erige en el gran validador de la Seguridad Democrática y la confianza inversionista, a su vez depende del marco de prosperidad que estas dos construyan. Además de los recursos asignados a desplazados, víctimas y desmovilizados, las coberturas sociales se han incrementado notablemente. En la medida que los programas, con excepción de la atención de ancianos, apuntan a crear condiciones de equidad distributiva, forman una estrategia estructural que trasciende lo meramente asistencial.
Educación
La cobertura de educación básica estaba en el 78%, ahora se aproxima al 100%. Se gradúan cerca de 650 mil bachilleres, antes lo hacían poco más de 400 mil. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, con los nuevos cupos técnicos y tecnológicos del SENA estaremos superando el número de un millón 700 mil. El ICETEX financiaba 60 mil estudiantes, 300 mil es su nueva meta después de haber llegado a 250 mil.
El liderazgo del Sena es de reconocimiento internacional en formación vocacional, en técnicas y tecnológicas. Capacitaba a un millón 100 mil colombianos y este año llega a 6 millones. Contaba con 41 mil matriculados en formación titulada técnica y tecnológica y ahora llega a 295 mil. Ya ha empezado a incrementar otros 250 mil cupos, orientados a nuevos oficios, emprendimientos y sectores de la economía que el País se propone dinamizar para dejar atrás la crisis económica.
La entidad completará este año un millón de estudiantes de inglés como segunda lengua, a través de Internet, la mayoría desde San Andrés y Providencia, por transmisión satelital que será reemplazada por un cable submarino contratado por el Ministerio de Comunicaciones que potenciará al Archipiélago como bastión de informática.
La aprobación en el Congreso de los programas y recursos para gratuidad educativa y Familias en Acción ha sido definitiva para aumentar la cobertura, disminuir la deserción y fomentar la expectativa cierta de completar los ciclos. La gratuidad apoya a 5 millones de niños y en Familias en Acción se han inscrito más de dos millones 700 mil familias.
Las diferentes pruebas a estudiantes, egresados y profesores, el concurso de maestros, el nuevo escalafón con mejor remuneración, son factores que redundarán en la calidad. Aspiramos, en breve, que el 80% de los estudiantes de matrícula pública tenga acceso a conectividad de banda ancha.
Las coberturas han desbordado la infraestructura. Los recursos de Ley 21 son insuficientes. Aspiramos que el aumento elevado de los recursos descentralizados de participación contribuya al desatraso en construcciones y dotaciones escolares.
Con apropiaciones nacionales diferentes a las transferencias territoriales, el Ministerio de Educación tiene a su cargo la construcción de 50 colegios de excelencia, localizados en asentamientos de compatriotas de la mayor pobreza.
El Instituto de Bienestar Familiar, ha elevado a cerca de 14 millones 500 mil las porciones alimentarias, que han pasado de 122 días a 156 de una meta de 180. Nuestro compromiso es plena cobertura en nutrición infantil, a pesar de las dificultades de las trochas y caños para proveer comunidades en la selva.
Para confrontar el rezago en escolaridad de la primera infancia de los sectores pobres, con partidas nacionales y territoriales, deben ser escolarizados 300 mil niñitos este año y 400 mil en 2010, todos menores de cinco años. Son de mucha ayuda los nuevos recursos destinados por el Congreso, recibidos en dos ocasiones por las alcaldías, y la construcción por el ICBF de hogares múltiples, jardines infantiles y la reparación de aquellos que ya existían.
Salud
El País va hacia la meta de plena cobertura en salud, 41 millones de colombianos tienen cupo en el sistema de aseguramiento. No hemos cerrado un solo hospital, varios centenares han sido reestructurados, faltan muchos. Exploramos opciones para acelerar la costosa nivelación entre el régimen subsidiado y el contributivo. Además de lo que pueda hacerse en recursos, en subsidios parciales para acceder al contributivo y en otras opciones, la ruta más segura es la formalización laboral que jalone personas desde el subsidiado, sistema que aun vincula a muchos afiliados que deberían inscribirse en el contributivo.
El paso inmediato debe ser acudir al nuevo SISBÉN para identificar quiénes, de los 11 millones de integrantes de la población ocupada que reciben los beneficios del Régimen Subsidiado, deben registrarse en el Contributivo, aun con la condición de un subsidio estatal parcial de la cotización, durante algún tiempo, con la suma equivalente al costo actual de cada persona del Subsidiado.
Reconocemos problemas subsistentes en calidad y faltantes de financiación, especialmente en los departamentos, cuyas soluciones estamos trabajando.
Red Juntos
La Red Juntos tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema. Pretende reunir 45 metas básicas en un millón 500 mil familias en temas educativos, de salud, nutrición, vivienda, bancarización y ahorro, dinámica familiar, acceso a la justicia, trabajo, emprendimiento e ingresos. A la fecha ha vinculado 610 mil familias apoyadas por 6 mil 820 cogestores.
Política anticíclica
La crisis de la economía ha frenado la dinámica de crecimiento que el País había logrado.
Nuestra política anticíclica contiene elementos que se habían incorporado en los últimos años, en cuyos desarrollos hemos estado aplicados, y además incluye nuevas herramientas. La circunstancia de haber actuado con conciencia de crisis y determinación de superarla, desde el inicio del Gobierno, explica que no hayamos tenido que salir a improvisar medidas para afrontar la aguda recesión internacional.
Especial énfasis se hace en cuatro elementos de política anticíclica, son ellos: infraestructura, red de protección social, confianza inversionista y financiación del Estado y los empleadores.
Infraestructura
En infraestructura, el atraso y la necesidad de obras, en combinación con la confianza para invertir en Colombia y aportar financiación, nos dan grandes oportunidades. Hemos reemprendido el progreso en puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Nuestra Armada vigilaba la navegación en 3 mil de los 16 mil kilómetros de ríos navegables, actualmente lo hace en cerca de 14 mil.
En nueve ciudades se construyen los sistemas de transporte masivo. En Bogotá, con aportes nacionales del 70%, hemos pasado de 34 a 84 kilómetros de Transmilenio y se adecuan otros 20 kilómetros. Recientemente se inauguró el Mío de Cali, que es el tercero en servicio después de Megabus de Pereira.
Solamente referiré a algunas carreteras.
El Plan 2.500 registra la ejecución de más de dos mil 300 kilómetros. Hemos adjudicado y contratado mil 500 kilómetros en corredores de competitividad. Todas las concesiones de primera generación han restablecido ritmos de obra gracias a la superación de anteriores disputas. Todas las adjudicadas por este Gobierno están operando debidamente. El recorrido colombiano de la carretera Caracas-Buenaventura muestra visos de concreta realidad: con regalías de Arauca e ingeniería del Ejército está concluido un tramo significativo entre Tame y la capital del Departamento; en los corredores de competitividad ha sido contratado el trayecto de Cusiana a Sogamoso; están construidos más de 115 kilómetros de doble calzada entre Sogamoso y Bogotá; se ejecuta la doble calzada Bogotá-Girardot-Ibagué-Cajamarca, que a la altura del Sumapaz contará con el túnel Guillermo León Valencia, en honor del ilustre Ex Presidente, obra ya excavada que se dará al servicio en pocos meses; en contados días empezará la ejecución del túnel de tráfico del Segundo Centenario, en la Línea, que ya dispone del túnel de prueba; los tramos cafeteros y vallecaucanos son excelentes; la doble calzada entre Buga y Buenaventura, sueño vallecaucano, está contratada en su totalidad, además, en ejecución.
Está en licitación la Ruta del Sol, de Bogotá a Santa Marta, en doble calzada. Todas las concesiones del Caribe empiezan a mostrar obras y estamos en el proceso para que los diferentes trayectos queden fusionados en la Transversal de las Américas, entre Palo de Letras en la frontera con Panamá y el puente de Paraguachón en la frontera con Venezuela. Autopistas de la Montaña se adelanta en la fase precontractual, con la novedad de incorporar a Interconexión Eléctrica, ISA, como concesionario sin riesgo, en contrato de confianza que contaría con cuantiosos aportes de Antioquia y Medellín. También se tramita la financiación del tramo de doble calzada en la autopista Bogotá-Villavicencio.
Colombia tenía 53 kilómetros de doble calzada, hasta hoy se han completado 649, este año se agregarán 160 y hay el propósito de ejecutar 200 por año.
Lo que se anuncia, aun aquello que se construya, es poco en relación con las necesidades del País. Por tercer año consecutivo se remiten a los municipios los recursos indicados por el Congreso para las vías de su jurisdicción. Donde se coordinan esfuerzos con los departamentos, como los bancos de maquinaria de Caldas, los recursos rinden a pesar de la limitada cuantía. Facilitamos esos bancos de maquinaria con la advertencia de evitar pleitos laborales por la operación y corrupción en el mantenimiento.
Las tragedias naturales han devorado los recursos del Fondo de Regalías. Con insuficiencia presupuestal hemos procurado asistirlas en todos los casos. Especial prioridad se ha dado a las inundaciones del Bajo Magdalena a través de la respectiva corporación.
Planes Departamentales de Agua
Los Planes Departamentales de Agua agrupan a los municipios alrededor de los departamentos, con lo cual se resalta la importancia de los entes intermedios de Gobierno y se evita que recursos diferentes al Sistema General de Participaciones, transferencias, se asignen sin reglas de equidad.
Los Planes Departamentales deben invertir alrededor de 5.6 billones y en el presente año la meta es de 1.7 billones.
Vivienda
Hay indicaciones de recuperación de la construcción de vivienda. A la tendencia de normalización de las tasas de interés se agrega el sustancial incremento de los recursos presupuestales que para subsidios de vivienda social han variado de 150 mil millones a 840 mil millones. No obstante, reconocemos que aun es insuficiente frente al faltante cuantitativo y cualitativo de esta vivienda.
El Gobierno, con apoyo del Banco de la República, decidió utilizar los montos ahorrados en el Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, FRECH, para subsidiar tasas de interés, durante siete años, en los créditos para vivienda nueva, de valor hasta 167 millones, con gran beneficio para los compatriotas de ingresos bajos y medios. Se calcula un total de 80 mil créditos subsidiados.
Insistimos en que las cajas de compensación familiar, de acuerdo con su responsabilidad social, deben hacer préstamos para mejoramiento de vivienda a afiliados y no afiliados.
En varias ciudades se desarrollan macro proyectos, que aplican la norma que se introdujo en el Plan de Desarrollo.
El Fondo Nacional de Ahorro aprobará este año 60 mil créditos, con participación creciente de ahorradores pobres como las madres comunitarias, gracias a la reforma que aprobó el Congreso. En este período ha superado el número de créditos de toda su vida anterior.
Nos abriga la expectativa que en los próximos meses se observe una nueva dinámica en la actividad constructora con su efecto en el empleo y la economía en general.
Red de Protección Social
El aumento de las coberturas sociales se constituye en la necesaria protección a los pobres, que no son los culpables de la crisis que los amenaza.
El impulso a Familias en Acción, Régimen Subsidiado de Salud, alimentación infantil y de ancianos, se complementa con el cuidado para no disminuir la afiliación a la seguridad social. En el período se han registrado aumentos de beneficiarios en Régimen Contributivo de Salud, riesgos profesionales y pensiones del orden del 45%.
Nuestra preocupación hacia el futuro es el envejecimiento de nueve millones de colombianos trabajadores que no han construido expectativa de pensión. Bienvenida la reciente reforma financiera que autoriza al Gobierno a aportar a las cuentas de ahorro de los ciudadanos vulnerables para que obtengan un ingreso de retiro.
El sistema de Banca de Oportunidades debe desembolsar este año un millón 500 mil microcréditos. De la meta de cinco millones de créditos para el cuatrienio, ha colocado más de cuatro millones, de los cuales un millón 200 mil corresponden a personas que por primera vez reciben un crédito institucional, que en buen porcentaje habían acudido al mercado negro de la usura.
La política social agrega fuerza a la demanda interna y compensa parcialmente la problemática creada por la contracción de las exportaciones. El combate a la pobreza y a la inequidad hace del mercado interno una gran posibilidad.
Instituciones democráticas
Congreso
Expreso nuestra gratitud al Congreso, a las mesas directivas salientes, al Presidente del Senado, doctor Hernán Andrade y al Presidente de la Cámara, doctor Germán Varón, por la agenda legislativa tramitada con disposiciones tan importantes como la Reforma Política para la severa sanción de la penetración del crimen en la política; el aumento de las penas para asesinos de personas que requieren especial protección como los sindicalistas; las disposiciones que regulan la inteligencia del Estado; convenios internacionales de comercio y de eliminación de la doble tributación; normas de competencias y de adaptación contable a las reglas internacionales para la confianza inversionista; los beneficios de retiro para los trabajadores vulnerables que incluye el estatuto financiero.
Son 24 nuevas normas de la mayor conveniencia para el País y 40 que continúan su proceso legislativo.
Expreso nuestra gratitud al Congreso por el valor civil para negar proyectos inconvenientes al bien general. Sir Winston Churchill manifestaba que al Congreso se le debe juzgar no por las leyes aprobadas sino por la capacidad de negar los proyectos dañinos.
La época vivida ha sido muy difícil para el Congreso por el juicio de hechos anteriores a este Gobierno, cuyo último responsable es el descuido del Estado que permitió el dominio del terrorismo sobre vastas áreas de la geografía. El buen resultado de la actividad legislativa y de control político ha constituido el motor de superación de la Institución, a la que muchos le extendían partida de defunción.
El trámite resuelto y exitoso de las diferentes iniciativas pondrá al Congreso a la altura de las más positivas expectativas de la Nación.
El Estado de Opinión: fase superior del Estado Social de Derecho
Colombia goza de un Estado de Opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo, que empezara hace un milenio en Inglaterra con la Carta Magna de Juan Sin Tierra.
Sin Estado de Opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control.
Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; es el seguro de la descentralización, que en Colombia impide su suplantación.
Estado de Opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas.
El derecho de la participación conlleva el debate a la decisión del legislador y el derecho de la representación protege sus decisiones contra la tipificación como delito.
Sobre las bases del Estado de Opinión nuestro País cuenta con una sólida institucionalidad democrática: elegimos 32 gobernadores y mil 102 alcaldes, concejales y diputados, de los más diversos orígenes políticos, y con la práctica diaria del Estado de Opinión, construimos con ellos esa concertación que denominan gobernabilidad, que es la mínima unidad de Patria.
La justicia es independiente y autónoma. El ejecutivo no participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de control originados en el Congreso y de su misión imparcial. Envía ternas para elegir tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional e interviene en la formación de una de las salas del Consejo de la Judicatura.
Bicentenario
Esta mañana en Tame, Arauca, tuvimos el epicentro del Gran Concierto Nacional que se escuchó en mil cien municipios con la participación de más de 200 mil artistas. Se inició la representación viva que nuestras Fuerzas Armadas realizan de la epopeya de la libertad. Estará acompañada de la televisión que en cada noche hará un resumen especialmente orientado a los niños, y habrá transmisión por Internet. Nos encontraremos en un Consejo Comunitario en la cordillera boyacense y los esperaremos el 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Es el anticipo del Bicentenario de la Independencia, que será bella oportunidad de estudio de la historia, revisión del alma nacional y de cada ciudadano y de reflexión sobre el futuro.
Acuerdo con los Estados Unidos
El terrorismo y los violentos son cadenas de esclavitud aun no rotas en su totalidad, financiadas por el narcotráfico. Por eso el acuerdo con los Estados Unidos de América para erradicarlos por siempre.
El Acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese País y en las convenciones de las cuales ambos, Colombia y Estados Unidos, son signatarios. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida.
El desarrollo del Acuerdo procedería en cada actividad con la autorización del Gobierno de Colombia y por mutuo consentimiento.
El Acuerdo será regido por principios como la Igualdad Soberana, la Integridad Territorial y la No Intervención en Asuntos Internos de otros Estados.
Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas.
Para respetar los principios de Jurisdicción Nacional sobre Personal Militar y Soberanía del Territorio, se estudia un procedimiento para que la inmunidad no sea impunidad.
El Acuerdo es para fortalecer bases militares colombianas no para abrir bases norteamericanas.
El Acuerdo es para recuperar el derecho de los colombianos a vivir tranquilos.
Al finalizar la Guerra de los Mil Días, en 1902, el País entró en una especie de temporada de paz, que fue truncada por el estallido de la violencia partidista en los años cuarenta de la anterior centuria. Superada por el advenimiento del Frente Nacional, irrumpieron las guerrillas marxistas, años después transformadas en mercenarios del narcotráfico. Llegó con igual crueldad la reacción paramilitar, que también desembocó en el narcotráfico.
Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía, muchos son los riesgos y amenazas que todavía nos acechan para dejar atrás esta violencia que ha afectado a tantas generaciones.
Los violentos practican terrorismo y sangre en Colombia e intentan hacer política en el extranjero. Asesinan y pretenden interferir las relaciones exteriores del País.
Los Estados Unidos nos han ayudado de manera respetuosa y práctica en el Plan Colombia. Nada ganamos con voces de solidaridad y pésame de la comunidad internacional mientras la sangre se derrama aquí. La cooperación debe ser efectiva y no simbólica.
El terrorismo debe quedar notificado que no nos va a engañar con falsos nacionalismos, improcedentes en nuestra era de crimen internacional.
El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción sino un imperativo.
El terrorismo debe quedar notificado que el abandono de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la negociación de buena fe y el sometimiento a la ley, no es una posibilidad a criterio y capricho de los terroristas, sino una exigencia del pueblo.
El servicio a Colombia es una determinación irrenunciable en procura del bienestar de las nuevas generaciones. El servicio a Colombia no es un trabajo de cálculo político.
En una de sus epístolas, el Apóstol nos dice: "Si el sonido que emite la trompeta es incierto y débil, ¿quién acudirá al campo de batalla?
Respetados Senadores y Representantes, compatriotas todos: Tengamos certeza en los objetivos y acciones en procura de una Colombia próspera y equitativa. Tengamos fortaleza en la lucha para lograrlo.
Bogotá, Julio 20 de 2009
martes, 13 de enero de 2009
Mi test de personalidad
| Trastorno | Grado |
|---|---|
| Paranoide | MODERADO |
| Esquizoide | BAJO |
| Esquizotipico | BAJO |
| Histrionico | MODERADO |
| Antisocial | BAJO |
| Narcisista | MODERADO |
| Limite | BAJO |
| Obsesivo | MODERADO |
| Dependiente | BAJO |
| Evitador | MODERADO |
Test de trastorno de personalidad
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